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Hacer política a crédito, sortear el presente a costa de hipotecar aceleradamente el futuro, se ha convertido en el manual político de estilo del Estado de las Autonomías. Este 2022, los gobiernos regionales necesitan que les presten 50.579 millones de euros para mantenerse a flote, cuadrar sus presupuestos y que siga funcionando la gruesa maquinaria pública que pilotan. Es un 916% más que hace veinte años, lo que da idea de la velocidad y la dimensión de esta deriva financiera. A lo largo de las décadas ha habido –y sigue habiendo– diferencias notables entre los excesos en los que han incurrido unos y otros ejecutivos regionales. En cualquier caso, el agregado del Estado de las Autonomías dibuja un panorama plagado de crecientes números rojos, sorteados con préstamos cada más gruesos. Según las últimas cuentas presupuestarias de los diecisiete gobiernos regionales, recopiladas por ABC, este año el entramado autonómico afrontará a crédito el 21% de todo su gasto presupuestario. En Cataluña será mucho más, el 30,1% según las previsiones de la Generalitat catalana, líder absoluta a la hora de tirar de ‘tarjeta de crédito’ para gobernar la autonomía. Le sigue el Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García Page, que este año prevé afrontar a crédito el 28,4% de su gasto presupuestario. La tercera del ránking es la Generalitat valenciana del también socialista Ximo Puig, con un 28,2%. Los otros cuatro con más gasto a crédito son los gobiernos del murciano López Miras (PP) y de otros tres socialistas: la riojana Concha Andreu, el aragonés Javier Lambán y la balear Francina Armengol. Desde hace años, el Gobierno central se ha convertido en el privilegiado prestamista de las autonomías, en el ‘banco’ de emergencia en que se tornó Moncloa cuando, allá por 2012, Rajoy ingenió el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Lo hizo para evitar la quiebra de las comunidades en estado crítico, caso de la Generalitat catalana, desprestigiada en los mercados internacionales de deuda e incapaz de financiarse por sí misma tras muchos años de excesos de gasto público y devaneos soberanistas. Cataluña, líder en agujero financiero
Este 2022, de los 50.579 millones de dinero a crédito que necesitan las autonomías, 13.668,9 los precisa Cataluña y 8.017,24 la Comunidad Valenciana. Al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso le bastará con suscribir deuda por poco más de 4.400 millones de euros. La disparidad es evidente cuando se desciende al detalle del agregado autonómico: la Comunidad de Madrid es la menos endeudada en términos de PIB, un 14,8%, cifra que contrasta con el 47,8% de la Comunidad Valenciana, el 36,5% de Castilla-La Mancha o el 36% de Cataluña, según los últimos datos de deuda viva que certificó el Banco de España al cierre del último año, 2021. Con más o menos intensidad, todos los gobiernos autonómicos están atados a un endeudamiento recurrente. El agujero financiero cada vez es mayor, y el recibo de esa deuda se traga una creciente porción de los presupuestos regionales. De ellos dependen los dos grandes servicios públicos de la Sanidad y de la Educación, pero también un extenso y caro entramado de entes de lo más variado, burocracia, organismos, fundaciones o empresas públicas acostumbradas a los números rojos. La lista es tan cara como larga. Entre los préstamos que les toca devolver este año y los intereses, este 2022 el conjunto de autonomías tienen que hacer frente a un ‘recibo’ de 41.964 millones de euros, según sus últimas previsiones. Como no tienen recursos propios para tal desembolso, esos 41.964 millones los tienen que pedir prestados, y además se tendrán que endeudar adicionalmente en varios miles de millones más para cubrir el déficit que genera el resto de gastos de funcionamiento del sector público autonómico. La costumbre y sus riesgos
La nueva deuda siempre es mayor que la que se amortiza. Por eso crece sin parar el endeudamiento. Este año, de los 50.579 millones de euros de nueva deuda que prevén suscribir las autonomías, apenas 38.700 se dedicarán a saldar préstamos vivos. Así que el endeudamiento neto del Estado de las Autonomías se prevé que engorde en unos 12.000 millones en doce meses, salvo que las previsiones mejoren. Esta dinámica se repite año tras año, sistemáticamente. Y cuando hay crisis, con más intensidad, como ocurrió con la de 2008 y como ha vuelto a ocurrir con la del Covid, que disparó el gasto sanitario y desplomó los ingresos tributarios. Esto ha forzado al Gobierno central a inyectar fondos a las autonomías en forma de subvenciones directas en gran cantidad, lo que les ha evitado tener que fiarlo todo a deuda. Así les ha evitado cargarse con préstamos desorbitados en la pandemia. En 2002, el endeudamiento financiero de las autonomías rozaba los 46.500 millones de euros. Al acabar 2012 había escalado hasta los 189.183 millones, y el pasado 31 de diciembre ascendía a 312.586 millones. Al acabar el presente año superará ampliamente los 320.000 millones, a tenor de las previsiones presupuestarias que manejan actualmente los 17 gobiernos regionales. Disenso político
¿Se ha entrado en una zona de riesgo del sistema? ¿Es sostenible esta deriva? ABC ha preguntado a los dos grandes partidos, PP y PSOE. Ambos defienden el modelo autonómico, pero sus cuentas las ven de forma muy distinta. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Mario Garcés, que es inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado, afirma que es necesario «aplicar recetas de contención y racionalización del gasto improductivo autonómico, y revisar el sistema de actualización del modelo de financiación de las autonomías». Aboga por un pacto de Estado en este sentido, entre el Gobierno y el conjunto de autonomías, que se sustancie en un nuevo esquema de financiación, pero que también comprometa a los ejecutivos regionales en una reducción y optimización del gasto. Garcés es tajante al afirmar que «el volumen de deuda que se ha acumulado es excesivo para las comunidades autónomas». «Prueba de ello –indica– es que en los seis años que van de 2012 a 2017, el Gobierno central prestó a las autonomías recursos equivalentes al 35,4% de sus recursos totales». Los niveles de déficit y deuda del Estado de las Autonomías afecta a «la sostenibilidad de todo el sistema hacendístico en España», advierte Mario Garcés. Sin embargo, desde el PSOE, su secretario federal de Política Económica, Pedro Casares, ve el panorama con optimismo. Elogia al Gobierno de Pedro Sánchez por cómo ha aumentado las subvenciones a las autonomías para enjugar los sobrecostes del Covid y lo contrapone a «las recetas de los recortes y austeridad que en el pasado no funcionaron» –crítica alusión a la etapa del PPde Rajoy–. El optimismo del socialista Casares también le lleva a proclamar que «el déficit y la deuda pública se están reduciendo y ello significa que España está corrigiendo sus desequilibrios, tendencia que se mantendrá en los próximos años». Presume de que las autonomías cerraron 2021 «con equilibrio presupuestario, un hecho inédito y que se logró sin recortes». Y augura que «España seguirá creciendo y creando empleo en los próximos años», lo que «nos permitirá seguir reduciendo el déficit público sin necesidad de deteriorar nuestro Estado de Bienestar». La disparidad de la visión que al respecto tienen PP y PSOE es evidente, mientras expertos independientes urgen a soluciones de consenso. Es el caso de Cándido Pérez, socio responsable del área de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de la consultora KPMG en España, para quien «la cuestión de fondo es que el sistema de financiación autonómica lleva pendiente de reforma desde hace casi 10 años y no se aprecian consensos amplios sobre cómo debe llevarse a cabo». Una reforma que, subraya, debe huir de partidismos y basarse «en un análisis técnico detallado».
Fuente ABC
