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Hoy, el partido opositor Fuerza Popular (FP) confirmó que impulsará la censura de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, por autorizar una huelga de operadores de tráfico aéreo en plena Semana Santa, mientras que el legislador Diego Bazán hizo lo propio respecto al de Energía, Carlos Palacios, acusado de incapacidad para ocupar el cargo y de posible corrupción.
Pero nadie dijo nada en torno a Torres, cuya salida implicaría la renuncia obligada de todos los ministros, al margen de que el presidente Pedro Castillo podría ratificar a los que estime conveniente.
Ese silencio se explica, para analistas, en que el Congreso no quiere exponerse a que Castillo quede facultado para cerrarlo, una posibilidad que contempla la Constitución de Perú cuando dos gabinetes son censurados, como ocurrió durante el gobierno interino de Martín Vizcarra en 2019.
En ese marco, Torres, quien ya había presentado a la censura como una “bala de plata” que favorecería al Gobierno, asumió ante el plenario una actitud desafiante, al margen de que inició su exposición planteando un “pacto de gobernabilidad” sobre el que no ofreció mayores detalles.
El jefe del gabinete, un abogado de 79 años, fue duro en las respuestas a los congresistas, que objetaban específicamente la forma en que el ejecutivo de Pedro Castillo manejó las protestas populares de abril, que dejaron seis muertos, dos de ellos en acciones directas de la Policía.
Torres pidió una evaluación psiquiátrica para una congresista que lo cuestionaba, planteó un test de inteligencia para otro, desafío a uno más a debatir “a solas” y dijo que iba a explicar como si fuera para Coquito, un libro con el que los niños aprenden a leer.
Cuando la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones -quien manejaba la sesión-, le exigió compostura, Torres argumentó que él fue objeto de insultos, en referencia al lenguaje áspero con que la derecha radical suele tratar a los funcionarios del Gobierno de izquierda.
Mientras el jefe del gabinete daba explicaciones sobre el manejo del orden público y la decisión de Pedro Castillo de ordenar un toque de queda diurno en Lima contra las protestas, muchos de los parlamentarios que habían convocado a la interpelación se fueron retirando y la sala quedó semivacía.
Igual ausentismo se dio en las interpelaciones a Chávez, Palacios y el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, por lo que medios locales hablaban hoy de “sesiones fantasmas” que aumentan el descrédito para un Congreso que, según las encuestas, es rechazado por más de un 80 % de los peruanos.
Según el parlamentario conservador Alejandro Muñante, una eventual censura a Torres no sería al gabinete en su conjunto, sino a un ministro en particular, por lo que no contaría como antecedente para un eventual cierre del Congreso. Empero, esa teoría no obtuvo mayor respaldo entre sus colegas.
El politólogo Roger Santa Cruz explicó en diálogo con Télam que el asunto “no da lugar a interpretaciones”. “Torres es el representante de las políticas de Gobierno, por lo que no se puede separar a la persona de lo que representa”, apuntó.
Según la Constitución de Perú, el jefe del gabinete designa a los titulares de cada cartera y el presidente -que previamente designa a ese jefe- los ratifica. Aunque lo evidente es que el propio mandatario elige a sus ministros, se considera que cada cambio en la cabeza del equipo implica una nueva etapa administrativa.
Los analistas coinciden en que Torres o quien lo sucediera en caso de que renunciara o de que Castillo optara por sacarlo, tienen como ventaja el temor del Congreso a un cierre. En ese contexto, los parlamentarios han enfocado sus baterías contra ministros en concreto, de los que ya ha censurado a dos, pero sin tocar a quien está al frente del equipo.
La “maratón de interpelaciones”, cuestionada por sectores que señalan que los congresistas se dedican a cuestiones accesorias, se dio en momentos en que el Legislativo, en el que un tercio es oficialista, otro tercio es opositor radical y el restante fluctúa según los temas, está inmerso en una serie de escándalos que aumentan aún más su impopularidad.
En los últimos días, los legisladores aprobaron una ley contra la elogiada reforma de la educación universitaria, desarrollaron un criticado proceso para elegir a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y aumentaron sus choques con el periodismo al prohibir que haya reporteros en las sesiones.
En esos casos ya ha habido o se preparan movilizaciones populares. Las críticas alcanzan tanto a las bancadas de oposición radical, como a la del oficialista Perú Libre (PL) y a varias de las terceras, a las que acusa de deponer sus diferencias solo para legislar a favor de los intereses de la clase política y sus allegados.
Lo próximo ahora en ese escenario serán las interpelaciones a los ministros de Trabajo y Energía, este último un estrecho allegado al líder de PL, Vladimir Cerrón, de quien los medios opositores aseguran que se ha convertido en una especie de poder detrás del trono.
El parlamentario Jorge Montoya, un almirante en retiro que desde la extrema derecha se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la oposición, anunció por su parte que buscará las condiciones para un tercer intento de destitución parlamentaria para Pedro Castillo.
Los dos primeros intentos fracasaron por falta de votos (se necesitan 87 de entre los 130 parlamentarios) y no parece que el escenario haya cambiado, incluso ahora que 10 congresistas de PL optaron por pasar a la condición de independientes en protesta porque el partido haya pactado con la derecha la elección de miembros del TC.
Fuente Ambito
