El Ministerio de Sanidad pagó por las mascarillas quirúrgicas un 44% más que los grandes ayuntamientos de España. Eso pese a que la elemental lógica del comercio indica que a mayor capacidad de compra y pedidos de mayor volumen, mayor capacidad para obtener descuentos o precios más ventajosos. Pero con el Gobierno de Pedro Sánchez esa lógica no se cumplió en plena crisis del Covid: administraciones más pequeñas compraron más barato que el Ejecutivo de la nación. Así se desprende de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu), que está escrutando los contratos sanitarios de emergencia firmados por distintas administraciones públicas españolas en 2020. Estos informes del Tribunal de Cuentas se realizan mediante la comprobación de una muestra representativa de contratos de emergencia que firmaron las entidades fiscalizadas. El pasado jueves, el pleno del TCu aprobó el informe relativo a las compras de emergencia del Ministerio de Sanidad, dirigido en aquel momento por el socialista catalán Salvador Illa. Dicho informe indica que el Ministerio, a través de su Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), en 2020 pagó por las mascarillas quirúrgicas una media de 0,75 euros la unidad. Sin embargo, según otro informe emitido en octubre del año pasado por el TCu, los doce mayores ayuntamientos de España pagaron las mismas mascarillas a unos 0,55 euros la unidad en marzo de 2020, en el momento más crítico de la pandemia, cuando estallaron los contagios en nuestro país y quedó al desnudo la falta de material básico de protección. Es decir, en ese primer zarpazo de la pandemia, el ministerio de Illa pagó las mascarillas quirúrgicas con un sobrecoste medio del 36% respecto al precio que estaban pagando los grandes ayuntamientos españoles, tal y como avanzó ABC. Pero un análisis más en profundidad del contenido de esos informes del Tribunal de Cuentas permite constatar que esos sobreprecios que pagó el Ministerio de Sanidad fueron a peor en las semanas siguientes. Más de 160 millones de euros
Una comparación más amplia y detallada de estos informes del Tribunal de Cuentas evidencian que los precios que llegó a pagar el Gobierno en sus compras de mascarillas fueron todavía más disparados si se computan los contratos realizados a lo largo de todo ese 2020. Según los auditores, los grandes ayuntamientos pagaron ese año las mascarillas quirúrgicas a una media de 52 céntimos la unidad. Es decir, a un promedio de 23 céntimos menos de lo que pagó el ministerio de Salvador Illa. Supone un sobrecoste del 44%, un diferencial de gran impacto si se tiene en cuenta que el Ingesa pagó en 2020 más de 160 millones de euros por compras de mascarillas quirúrgicas. Los sobreprecios que han aflorado en las compras de mascarillas quirúrgicas por parte del Ministerio de Sanidad contrastan con los que pagó por las mascarillas de protección FPP2. En este caso no se han apreciado sobrecostes sino que, quizás por esa mayor capacidad de compra, el Ingesa sí obtuvo precios más ventajosos que la media de los grandes ayuntamientos. Y eso pese a que, en lo peor de la pandemia, la alta protección de las FPP2 las hacían mucho más buscadas y cotizadas. En el caso de las elementales mascarillas quirúrgicas, si bien el precio promedio que pagaron los doce mayores ayuntamientos ascendió en 2020 a 52 céntimos de euro, los hubo que consiguieron precios todavía más ventajosos. Entre ellos, los dos principales consistorios regidos por el PP, el de Madrid y el de Zaragoza. Así, según los contratos de emergencia fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Zaragoza pagó las mascarillas quirúrgicas a una media de 0,50 euros la unidad. El de Zaragoza, a 0,40 euros. De entre los doce ayuntamientos más grandes de España, los dos que en 2020 pagaron las mascarillas quirúrgicas más caras fueron el de Bilbao y el de Sevilla, según los contratos auditados por el TCu: de media, 0,98 y 0,90 euros la unidad, respectivamente. El consistorio bilbaíno lo preside el alcalde del PNV Juan Mari Aburto, que gobierna en coalición con los socialistas. El de Sevilla lo dirigía Juan Espadas, actual candidato del PSOE a la Junta de Andalucía. En el caso de las mascarillas FPP2 o KN95, el Ministerio las compró en 2020 a una media de 2,62 euros la unidad. El promedio que pagaron los doce mayores ayuntamientos fue 3,38 euros. El de Madrid, 4,76 euros, pero llegó a abonar 6,36 euros la unidad en un contrato, el más caro de los fiscalizados por el TCu en ese informe. Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño están imputados por el desorbitado precio que cobraron en un suministro de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid.
Fuente ABC