Hace 53 años, un 29 de mayo, se produjo en Córdoba una huelga política de masas que pasó a la historia como el “Cordobazo”, a partir de una movilización que ganó las calles de la capital de la provincia mediterránea y que desembocó en un estallido social que hirió de muerte a la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía.
Las consecuencias del Cordobazo, protagonizado centralmente por la izquierda clasista y acompañada a la rastra por sectores del peronismo, se proyectaron por todo un período histórico cuyo punto culminante fueron las huelgas de julio y agosto de 1975, que enfrentaron los efectos del llamado Rodrigazo hasta hacer caer a su ideólogo, el ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, y pusieron en fuga al tenebroso ministro de Bienestar Social de aquel gobierno, José López Rega.
De ese proceso huelguistico surgieron la mayoría de los convenios colectivos que, pese a numerosas modificaciones, siguen impactando en la normativa laboral del país y están en la mira de los sectores políticos y económicos que los consideran una traba para modernizar -otros hablan de ‘flexibilizar´ las relaciones laborales.
Según distintos historiadores, el proceso de alza en movilización obrera que inició el Cordobazo tuvo como contenido sustancial que expresaba un alto grado de ruptura de un importante sector de los trabajadores con las direcciones sindicales tradicionales aupadas en el peronismo. Los mismos historiadores coinciden en que el proceso empezó a hacer limado por el accionar de la Triple A, el factor desorganizador de los grupos armados foquistas, que actuaban sin coordinación con la evolución que protagonizaban las organizaciones fabriles, y fue sepultado por los centros de detención, muerte y tortura de la dictadura militar que se instaló en la Argentina en 1976.
Que ocurría en 1969
En mayo de 1969, el descontento popular contra el régimen militar -instalado en el gobierno tres años antes tras el derrocamiento del presidente radical Arturo Illia- comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en las ciudades más importantes del país.
El gobierno de Onganía, además de restringir las libertades públicas, imponía una política de congelamiento de salarios de la mano del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, por la que se derogó la Ley del “sábado inglés”, una medida que establecía que cada hora trabajada después de las 13 de ese día debía pagarse doble.
En Córdoba, por esos años el centro de la industria automotriz y metalmecánica, el rechazo a la cancelación de ese beneficio, se hizo generalizado y, a pesar de las divisiones, el movimiento obrero alcanzó rápidamente un acuerdo para realizar una huelga general.
Cómo se gestó la huelga y la movilización
De esta forma, Agustín Tosco -dirigente de Luz y Fuerza enrolado en la izquierda clasista y referente de la CGT de los Argentinos- acordó con Elpidio Torres (Smata) y Atilio López (UTA) -ambos de extracción peronista- la realización de un plan de lucha.
El 16 de mayo los trabajadores realizaron un paro por 24 horas a la dictadura que imponía una política de congelamiento de salarios de la mano del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena
En un plenario celebrado el miércoles 21 de mayo, los dirigentes gremiales redoblaron la apuesta y convocaron a un paro activo de 37 horas que se iniciaría a las 11 del 29 de ese mes en curso.
Que pasó el 29
Esa mañana de jueves, la capital cordobesa amaneció sitiada por la Policía, que se apostó sobre los puentes ubicados sobre el río Suquía.
Los primeros choques ocurrieron en torno a los puentes sobre la cañada del Suquía, y, cerca de las 13, la Policía no pudo contener la movilización que, a pesar de los gases lacrimógenos y las ráfagas de FAL, rebasó los bloqueos.
Ante esta situación, Onganía ordenó al Tercer Cuerpo de Ejército retomar el control de la capital mediterránea, lo que pronto se concretó con aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando la ciudad.
Las consecuencias
Si bien el Ejército evitó el combate nocturno, retomó barrio por barrio el control de la ciudad de Córdoba en las primeras horas de la mañana del viernes 30, mientras dispersaba a los últimos grupos de manifestantes.
Tosco fue detenido en la sede de Luz y Fuerza y se lo sometió a un Consejo de Guerra, que lo condenó a 8 años de prisión, al igual que a Torres, a López y a otros dirigentes.
Sin embargo, tras 17 meses de prisión, todos los dirigentes detenidos recuperaron la libertad y volvieron a Córdoba para retomar la actividad sindical.
En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de legitimidad de Onganía, que se manifestó con la renuncia del ministro Krieger Vasena, el 4 de junio, menos de una semana después del “Cordobazo”.
Fuente El Cronista