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Según la OCDE, los ingresos fiscales de Colombia tan solo representan el 20% del producto bruto interno (PBI), mientras un “60% de los trabajadores está en una situación de informalidad, la que los excluye del acceso a la seguridad social y reduce la productividad y los ingresos tributarios”.
Así lo señaló el trabajo “Estudios económicos de la OCDE” en su capítulo dedicado a Colombia y divulgado en febrero, que mostró que hay “elevadas contribuciones sociales sobre el trabajo” que “frenan la creación de empleo formal y mantienen una elevada informalidad laboral”.
La pandemia, que dejó tras de sí 139.833 muertos y de la que se contagiaron 6.099.111 personas, puso de “manifiesto” las “lagunas” en el tema de la “protección social”, en particular con los “trabajadores informales”, añadió, a la vez que reveló que los “programas de asistencia a los ingresos están muy fragmentados”.
Eso sin contar que la mitad de los mayores de 65 años no tienen jubilación, mientras que las “prestaciones por pensiones contributivas son regresivas”.
Datos duros
Las cifras macroeconómicas tampoco son las mejores: la deuda pública en 2021 se estimaba en 63,8% del PBI, la inflación anualizada para abril se situaba en el 9,23% y en los primeros cuatro meses del año era del 5,66%, de acuerdo a cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Las encuestas recientes han mostrado que uno de los temas que más preocupa a los colombianos, en medio de la crisis, es la corrupción.
La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), el centro de pensamiento económico más importante del país, publicó un estudio sobre el fenómeno que contó con la participación de 130 expertos. Según este, los “agentes corruptores” en el país se dividen en tres categorías: las “redes clientelares” ligadas a la política; aquellos que están detrás de los “grandes intereses económicos”, incluyendo grupos económicos y terratenientes; y el crimen organizado.
Para ese centro de pensamiento, la corrupción “suele tener origen en el sistema electoral”, porque es allí donde se “captura” a quienes ejercen el poder, que terminan sometidos a intereses particulares.
Estallido
Ese estado de cosas, sumado a los problemas en el acceso general a la educación superior gratuita y una equivocada reforma tributaria planteada por el gobierno de Iván Duque el año pasado, llevó a un estallido social, que había tenido un primera versión a fines de 2020. La respuesta del Estado a los reclamos sociales en las calles fue violenta, como lo evidenciaron los cientos de videos que se propagaron en las redes sociales, en los que se vio a la Policía agrediendo, golpeando y hasta disparando a los manifestantes.
La administración de Duque, el presidente más impopular en los últimos 30 años de acuerdo a sondeos de opinión, buscó imponer la narrativa de que el uso de la violencia se justificaba por la acción de “vándalos”, mientras la gran prensa del país hizo eco de la versión oficial.
A fines de diciembre de 2021, la oficina en Colombia de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó, con base en cifras y testimonios recopilados, que había “razones fundadas” para señalar que las autoridades hicieron “un uso desproporcionado de la fuerza”.
Esa oficina recibió denuncias de 63 personas muertas durante las protestas de 2021, de las cuales 46 habían sido verificadas –44 civiles y dos policías–, y agregó que existían “motivos razonables” para asegurar que al menos 28 de esas muertes debían atribuirse a la Policía.
Mafias
El país, que entró en una espiral de confrontación y división a partir del acuerdo de paz con las FARC, enfrenta además el desafío del crecimiento de bandas criminales, renegados del tratado de pacificación y la expansión del grupo guerrillero ELN, enfrascados todos en guerras por el control de territorios que antes fueron de las FARC, muchos de los cuales coinciden con rutas del narcotráfico.
Agencia ANSA
Fuente Ambito
