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Un juzgado anticorrupción de La Paz retomó la audiencia, a la que asiste por videoconferencia la exmandataria de 54 años desde un penal de mujeres, donde está recluida desde marzo de 2021, según la agencia de noticias AFP.
La defensa de la expresidenta había solicitado la suspensión del juicio.
Los abogados argumentaban que antes de esta instancia judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debía responder al recurso presentado por Áñez en el que solicitaba se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Los abogados argumentaron que el TCP no se pronunció sobre ese pedido y, por ende, el juicio podría no retomarse hasta que haya una decisión.
Con esta solicitud, Áñez y su defensa pretendían frenar la reanudación del juicio.
El juicio se había suspendido a principios de mayo, cuando los abogados de la expresidenta presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el TCP.
Áñez había presentado un recurso de queja ante el TCP, “conforme a procedimiento constitucional, ante la omisión deliberada del Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre el fondo de ilegalidad del juicio contra la ex Presidenta”, según la cuenta de Twitter que maneja la hija de la exmandataria.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en conferencia de prensa que se solicitará una condena de 15 años de prisión, aunque Áñez alega que no debe ser sometida a estos juicios sino a un juicio de responsabilidades o de privilegio como expresidenta.
La fiscalía “ya tiene preparada la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada, donde el Ministerio Público solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Jeanine Añez”, sostuvo Lanchipa.
La también exsenadora enfrenta varios juicios simultáneos, entre ellos los denominados “caso Golpe de Estado I” y “caso Golpe de Estado II”. El caso I es por sus actos como presidenta y el II por sus actos como senadora. El primero está detenido en el parlamento.
Morales fue obligado a renunciar ante una ola de protestas después de las elecciones de 2019, en las que buscó un cuarto mandato, mientras la oposición denunció que había hecho fraude.
Áñez asumió la Presidencia tras la renuncia de Morales, del vicepresidente Álvaro García y de la presidenta del Senado, su primer vicepresidente y del titular de la Cámara Diputados, que estaban en el orden de sucesión presidencial.
Lanchipa dijo también que su dependencia desconoce la “queja constitucional” de Áñez.
Aun así, consideró que se trata de un recurso que no tiene efecto suspensivo sobre el juicio.
Si el juicio continúa, la Fiscalía como parte acusadora presentará los alegatos, luego seguirán los acusadores como el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, y después le tocará a la defensa de la acusada para que pueda cerrar la fase de alegatos.
Concluido este procedimiento, el Tribunal de Sentencia deliberará y dictará la sentencia correspondiente.
En la acusación presentada por el Ministerio Publico se presentaron más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales acusando a la exmandataria que hubiese adecuado su conducta a los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.
El abogado de la exmandataria, Luis Guillen, denunció que, pese a no contar con una respuesta del Tribunal Constitucional al recurso de queja, se pretende dictar sentencia cuando “mientras el Tribunal Constitucional no emita su última palabra no se debería reinstalar el juicio”.
“Sin embargo, lo harán de forma prevaricadora; estamos solicitando el saneamiento procesal y esperemos que el Tribunal acate la norma. Vamos a asistir a la audiencia, pero eso no quiere decir que avalemos estas irregularidades”, indicó el abogado, según la radio local Fides.
Fuente Ambito
