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«Díselo, díselo de una vez, anda, cuéntaselo de una vez todo y escarmienta». Estas fueron las palabras que sacaron a la luz un caso que ha sacudido la política valenciana. Las escucharon dos agentes de la Policía Nacional que se personaron, por un asunto que nada tenía que ver, en el centro de menores Niño Jesús de Valencia el 22 de junio de 2017. El novio de Maite, una niña de 14 años tutelada por la Generalitat e interna en la residencia, empujaba a su pareja a relatar ante los policías los abusos sexuales que había padecido por parte de un educador meses atrás, entre finales de 2016 y principios de ese mismo año. El agresor era el entonces marido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticias Inclusivas, Mónica Oltra. Luis Ramirez Icardi, a la espera del recurso en el Supremo, fue condenado a cinco años de prisión. Esta revelación dio pie a que la jefa del Grupo de Menores de la Policía Nacional remitiera pocos días después, el 27 de junio, una nota informativa a la Fiscalía para que investigara los hechos. La polémica gestión de lo que había ocurrido antes y lo que ocurriría después ahora la estabilidad del Gobierno valenciano. Hasta ese momento y pese a que la menor verbalizó los abusos en febrero, el Ministerio Público no tuvo constancia de los mismos. Las responsables del centro no habían dado credibilidad a la chica y no se le derivó en un primer momento a un servicio especializado -el Instituto Espill-. Todo el mundo en la residencia conocía la relación del educador con la dirigente de Compromís. Icardi volvió a su puesto de trabajo tres semanas después, aunque se le cambió de planta, y se le consintió elaborar un protocolo de actuación para futuros casos similares. Tampoco se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor. Sin embargo, todo cambió cuando el Ministerio Público tuvo constancia de la denuncia de la víctima e inició diligencias penales: envió tres requerimientos de información a Igualdad y reprochó no tener conocimiento de absolutamente nada de lo ocurrido hasta la fecha. El 27 de julio un juez ya había abierto un procedimiento y dictado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima. La versión de Mónica Oltra se ajusta a la de los plazos judiciales. La titular de Igualdad asegura que conoció lo ocurrido cuando recibió una notificación judicial en su casa, en la que todavía estaba empadronado el agresor. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha verificado que esa comunicación llegó el 4 de agosto. Cuatro días después, el 8 de agosto por la tarde, se recibió en la Dirección Territorial de Igualdad. Fue el mismo día en el que la subdirectora de Infancia y Adolescencia -la directora del rango estaba de vacaciones- firmó la orden de abrir un expediente para investigar la actuación de la Conselleria de Igualdad. Un informe reservado que se orientó, asevera el juez, a «desacreditar a la menor», por lo que además la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana cree que Oltra podría ser acusada de un presunto delito de prevaricación, pues la señala como la persona que dio la orden verbal a sus subordinados. Ella lo niega, aunque en un primer momento sí se erigió como la responsable de esa «instrucción paralela» a la judicial, que se erige como el núcleo de todo este asunto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia considera que hay «indicios plurales» de que se orquestara un plan para proteger al agresor y la carrera política de la vicepresidenta. De hecho, incluso, sostiene que probablemente Oltra conociera los abusos desde el principio. El expediente -que no daba credibilidad a la versión de la niña- se cerró en noviembre y se envió al Ministerio Público, pero por razones que se desconocen, no se incluyó en el primer juicio contra el exmarido de la dirigente de Compromís en 2019, lo que motivó la repetición parcial de la vista oral. El fallo contra el educador, clave para la investigación
Precisamente, la causa -asumida en su totalidad por el TSJ- en la que ahora están imputados Mónica Oltra -que declarará el 6 de julio- y otros trece funcionarios y cargos de Igualdad tiene su origen en una sentencia de la Audiencia de Valencia ratificada por el TSJ: la que condenó a cinco años de prisión a Luis Ramírez Icardi. El fallo ponía el foco en la desprotección a la que se había sometido a la víctima por parte de quienes tenían que protegerla y arrojaba dudas sobre la gestión de la Generalitat en este asunto. Pese a las explicaciones de la vicepresidenta en las Cortes Valenciana en abril de 2021, fueron esos, precisamente, los argumentos que utilizaron pocas semanas después la defensa de la entonces menor -representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto- y la asociación Gobierna-te -presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí- para llevar los hechos de forma paralela ante los tribunales. Una circunstancia por la que la consellera siempre ha calificado la causa como «una cacería de la extrema derecha» ante las peticiones de dimisión de la oposición, que hasta ahora siempre ha rechazado La misma Sala que ahora ha imputado a Oltra rechazó investigar a la dirigente de Compromís y a otros cargos de su departamento tras la querella presentada por esta entidad, que más tarde llevó a un juzgado de Instrucción y acabó dando pie, junto a la denuncia de la víctima, a la causa actual, abierta a finales del año pasado pese a las reticencias iniciales del Juzgado número 15 y con el beneplácito de la Audiencia de Valencia. El TSJ entendió entonces que no podía imputar a Oltra porque no se disponía de «ningún indicio objetivo» de que hubiera ordenado proteger a su entonces marido. La única sospecha existente, según defendió el tribunal, partía de que todos los implicados estaban vinculados a Igualdad y que «el afectado fue en su momento» pareja de la consellera. Tampoco la Fiscalía lo apoyó. Los jueces pusieron el foco en que, al no existir una instrucción previa sobre la actuación de los no aforados que expusiera su responsabilidad, no podían valorar «hasta qué punto ello obedeció a una conducta deliberada así como de quién partió y particularmente si tuvo alguna intervención directa o indirecta» la vicepresidenta del Consell. Sin embargo, los magistrados manifestaron que «todos los elementos puestos de manifiesto por la querellante justifican plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la Conselleria, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como “instrucción parajudicial”, así como el tratamiento dispensado a la menor que según lo relatado, lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución». Por ello, la remitieron a un juzgado de instrucción que, ante los indicios encontrados, decidió elevar el asunto al alto tribunal.
Fuente ABC
