El dato es que, en esa aventura que representa el frente financiero para las próximas semanas, el Gobierno ha localizado un punto en el cual debe reparar. El próximo 28 de junio el Tesoro enfrentará un vencimiento de deuda por casi $600.000 millones, un verdadero desafío que luce más temerario a partir de la reciente caída en la cotización (y en la demanda) de los activos en pesos ajustados por CER (inflación).
Al margen de las explicaciones dadas o de las hipótesis barajadas, el ministro Guzmán prepara una operación de pinzas. Si bien el primer paso consistió la última semana en una suba de la tasa de interés por parte del Banco Central en 300 puntos básicos, la segunda parte (más allá de las conversaciones de la flamante mesa de crisis que componen además el flamante ministro Daniel Scioli y el titular del Central Miguel Pesce) guarda una relación directa con los potenciales demandantes de los bonos que deberá renovar Guzmán a fines de este mes.
Hay preocupación. Una señal adversa podría volver a decantar una fuerte demanda de dólares en el mercado bursátil. Por eso Guzmán citó a las dos principales cámaras de bancos para debatir -el verbo se queda corto- las condiciones de lo que serán las próximas licitaciones de deuda que el Tesoro necesita.
El objetivo, en última instancia, es que esos pesos le sirvan a Hacienda para financiar su déficit y cumplir con lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Cuál será el eje de la conversación? Según una alta fuente, es probable que el Gobierno insista con su estrategia de colocar a las entidades los títulos de deuda ajustados por el índice CER, aunque con modificaciones que ya se insinuaron en los últimos días.
Como se dijo, el Tesoro colocó la última semana $ 28.000 millones, nada en comparación con lo que deberá financiar a fin de junio. En la mochila, hasta ahora, las estrategias aplicadasparecieran hacer funcionado: el Gobierno acumula fondeo por $ 658.311 millones en lo que va del año, con tasa de roll over superior a 120%. Pero los tiempos han cambiado.
En rigor, en la última licitación del martes previa a la suba de la tasa por parte del BCRA, el propio Guzmán debió subir tasa y acortar plazo de los instrumentos colocados entre inversores institucionales a pesar del diminuto monto que era objeto de la licitación.
Huelga decir que hasta el presidente Alberto Fernández está atento a lo que ocurrirá. El mandatario tiene previsto participar de la próxima cumbre del G7 en Alemania, pero se reunió con Guzmán en las últimas horas para ponerse al tanto sobre los preparativos que realiza el ministro. No quiere novedades con respecto al dólar por el impacto que esto tiene en la inflación.
El próximo miércoles entonces Guzmán se reunirá con la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA, las entidades de capital local) y al día siguiente, el jueves, lo hará con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, los de capitales extranjeros). Los principales popes de ambas cámaras tienen algunos comentarios que hacerle al Gobierno.
Pero el Gobierno también seguramente podrá esbozar su temor ante los banqueros: de no lograr fondeo en las próximas licitaciones, el ministro Guzmán deberá pedirle al Banco Central una mayor potencia en la emisión monetaria (para financiar los gastos). Si eso ocurre, es probable que otras variables comiencen a moverse con mayor profundidad. Por eso también no se descarta que el Gobierno hable con los fondos comunes de inversión y las aseguradoras.
Si bien son compradores de deuda más alineados con las necesidades del Gobierno, pedirán algunos cambios normativos para acomodarse al nuevo escenario.
El Banco Central ayuda. El último jueves dispuso un incremento relevante de 300 puntos básicos en la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, que así pasó de 49% a 52% nominal anual. Por otro lado, decidió que los rendimientos garantizados para plazos fijos de personas humanas se incrementasen en 500 puntos básicos, de 48% a53% nominal anual.
Pero la señal más relevante es que para el resto de los plazos fijos pasa de 46% al 50% nominal anual. Esto aplica a las empresas, por lo que el spread entre las Leliq y la tasa que pagarán los plazos fijos minoristas pasará de +1% a un diferencial de -1%. Otro escenario aplica al resto, que solo se va de un diferencial de +3% a uno de +2%, siempre a favor de las Leliq.
Esa decisión del BCRA se explica en la necesidad de un mayor incentivo para que los bancos acepten la inversión que les ofrece el Tesoro de ahora en adelante, a partir del margen regulatorio que les permite integrar más encajes con deuda del Gobierno.
Según las fuentes, se trata, indirectamente, de fondeo contra la liquidez de los bancos (lo que algunos dicen que podría generar mayor expansión de la base monetaria. Para los ortodoxos, esto podría empujar, aún más la inflación. Aunque en el Gobierno, la heterodoxia también tiene sus seguidores.
Fuente Ambito
