Argentina
USA
Paraguay
España
Israel
Por Antonio D´Eramo
Es la delegada personal de Nicolás Maduro en Argentina. Junto a su marido es una de las figuras del régimen bolivariano y como ministra de turismo facilitó el ingreso de los aviones iraníes a la región.
Mientras que la Justicia Federal intenta esclarecer los motivos que tenían para volar los cinco iraníes y 14 venezolanos por el cono sur a bordo de un avión de carga de la empresa Emtrasur, la asociación estratégica firmada entre los gobiernos de Venezuela e Irán por los próximos 20 años se desarrolla viento en popa, teniendo en cuenta que ya aterrizaron en la isla Margarita 23 influencers o tours operadores iraníes que vacacionan, en ese idílico lugar del Caribe, junto a los dirigentes más cercanos del chavismo latinoamericano.
No hay nada oculto en este recibimiento del jet set de Irán a Latinoamérica porque el actual ministro de turismo venezolano, Alí Padrón Paredes, lo confirmó en su propia cuenta de la red social twitter.
Padrón Paredes, designado por Maduro en octubre de 2020, no parece haber tomado demasiadas previsiones acerca de las sanciones que imperan sobre ciertas compañías aéreas persas, como Mahan Air, que desde el 2011 se encuentra en una blacklist (lista negra) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar vinculada a los grupos de elite de la Guardia Revolucionaria Iraní, Fuerza Quds, acusada de actividades terroristas fuera de las fronteras persas. Mahan Air está acusada de proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para las Fuerzas Al Quds, de la Guardia Revolucionaria Iraní, y por transportar armas y personal para Hezbollah.
El avión que llegó al Caribe está identificado bajo el logo de la empresa aeronáutica venezolana estatal Conviasa pero la nave habría sido cedida por Mahan Air. Es un Airbus A 340-600 que tenía la matrícula EP-MMI pero, en estos días, posee una nueva identidad: YV 3535.
De cualquier forma, para la diplomacia estadounidense, que opere bajo la firma Conviasa, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, SA, no significa que se trate de una compañía exenta de sanciones. Bajo la administración del republicano, Donald Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso severas restricciones por cuestiones políticas.
“El régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”, había explicado, entonces, Steven Mnuchin, secretario del gobierno de Trump, quien además agregó como advertencia para el futuro que ya llegó, “…la Administración Trump no permitirá que Maduro y sus representantes continúen robando al pueblo venezolano y abusando de los activos estatales para avanzar en sus propias actividades corruptas y desestabilizadoras”.
De la misma manera que la ruta Teherán-Caracas cobra nueva vida la simbiosis exhibida entre los funcionarios de los dos regímenes autocráticos se observa en la integración de las tripulaciones de los aviones de Conviasa-Mahan Air.
Porque, el caso que investiga la justicia argentina, exhibe una característica similar al caso de la isla Margarita. El Boeing 747-400 de Emtrasur, que se encuentra retenido en un hangar en Ezeiza, a pesar de las gestiones de la influyente encargada de negocios de la embajada venezolana en Buenos Aires, Stella Lugo Betancourt, había pertenecido, por más de 15 años, a la firma Mahan Air que según la documentación de la causa que investiga el juez Federico Villena, continuaría siendo la dueña de la aeronave a pesar de estar operada por la tercerizada Emtrasur, a nombre de Conviasa.
Tan sólo una de las tantas razones por las que en Argentina, las autoridades prohibieron la salida del país a los 19 pasajeros de la aeronave secuestrada hasta que se descubra el motivo real del viaje a la Argentina.
Stella Lugo Betancourt habría advertido a los pilotos iraníes sospechados de pertenecer a la Fuerza Quds, “salgan de Buenos Aires cuanto antes porque los pueden retener” pero sus ruegos no llegaron a tiempo y mientras la oposición a la administración de Alberto Fernández pide explicaciones a la dama encargada de la embajada bolivariana, la Justicia Federal mantiene bajo investigación a los venezolanos: Victoria Valdivieso, Vicente Raga, Zeus Rojas, Ricardo Rendón, Nelson Coello, Mario Arraga, Víctor Pérez, José García, Cornelio Trujillo, José Ramírez, Jesús Landaeta, Armando Marcano, Albert Ginez y Ángel Marín. Y, a los iraníes, Mohammad Khosraviaragh, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh, Abdolbaset Mohammadi y Gholamreza Ghasemi, este último sospechoso de ser miembro de la Fuerza Quds.
La embajadora está en silencio
A pesar de ser una ferviente luchadora por la igualdad de género, tal como prescriben los manuales de la “nueva izquierda”, el nombre de Stella Lugo Betancourt viene asociado al apellido de su marido, Montilla. Y, es parte, junto a la familia de su esposo, de un poderoso clan que le ha permitido dominar numerosas oficinas estatales y gobernar durante dos décadas el poderoso estado de Falcón, epicentro del comercio entre las islas del Caribe y que está siendo monitoreado permanentemente por las agencias de inteligencia occidentales desde los tiempos de la asociación de Venezuela con Rusia y, ahora, que el gobierno de Putin enfrenta severas sanciones económicas que le impiden al gobierno de Caracas utilizar sus instituciones financieras, que se ha alineado con los dictámenes de la teocracia de los ayatolas iraníes.
Stella Lugo Betancourt no sólo ha sucedido a su marido en la gobernación del estado de Falcón, que limita al norte con el Golfo de Venezuela y es uno de los 23 estados que junto al distrito capital forman la República Bolivariana, desde el año 2008 al 2017, sino que, además, se desempeñó como ministra de Turismo y Protectora de Anzoátegui, una instancia paralela creada por Maduro para quitarle poder y recursos a la Gobernación del estado Anzoátegui, luego de que fuese ganada por la oposición en las elecciones regionales de 2017.
De allí, a dirigir el ministerio de turismo chavista hubo un paso y, en el año 2019 fue la promotora de los contratos con Mahan Air que hoy están bajo el foco de la atención pública
A pesar de la alerta roja del gobierno estadounidense sobre los activos de Mahan Air, en abril de 2019, Stella Lugo viajó a China para participar en la Feria Mundial de Viajes de Shanghai, donde impulsó un pacto con la dirigencia de la compañía aérea.
En declaraciones al canal oficialista venezolano VTV, la entonces ministra de turismo explicó: “ En el primer día de la Feria Mundial de Viajes de Shanghai sostuvimos importantes reuniones, entre ellas, con representantes de la aerolínea iraní Mahan Air con quien estamos en conversaciones para establecer una alianza comercial que permita el intercambio de turistas entre Irán y Venezuela. Una operadora de vuelos quiere venir a Venezuela, quiere hacer la ruta China-Teherán y Teherán-Venezuela. Están interesados en concretar esa ruta porque además nosotros tenemos que ampliar la conectividad con nuestro país para poder hacer los intercambios”.
Lugo Betancourt es también promotora de los viajes que la empresa Conviasa, de Venezuela, comenzó a hacer a la Argentina. Esta aerolínea también está sancionada por Estados Unidos desde 2020, acusada de ser usada en las operaciones presuntamente corruptas del régimen venezolano.
El diario El Espectador de Caracas afirmó a través de un editorial que “…durante su gestión como ministra de Turismo, Lugo, tuvo un particular afán por vincularse con el régimen Iraní. En 2018, durante la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), brindó un rol protagónico al embajador de Irán en Venezuela, Mustafá Alaei, quien anunció que inversionistas y empresas iraníes firmarían contratos con el régimen chavista en los sectores turismo, aeropuerto y recreaciones”.
Ahora bien, existen otras conexiones relacionadas con el crimen organizado que tornan más inquietantes todas las versiones. El sitio https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/archipielago-de-venezuela-nueva-plataforma-para-el-trafico-de-drogas/ publicó en 2019, las acusaciones de José Luis Pirela, presidente de la subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, quien denunció que un grupo de delincuencia organizada opera desde Los Roques, un parque nacional y destino turístico situado frente a las costas del estado venezolano de Vargas. El grupo usa los islotes en su mayoría deshabitados para el trasiego de narcóticos y oro hacia países del Caribe, principalmente a Bonaire.
El informe que fue presentado ante la Asamblea Nacional (AN) explica que “parte de la banda está formada por Carlos Betancourt y Noel Lugo, a quienes identificó como primo y hermano de Stella Lugo Betancourt”.
Estas acusaciones de contrabando, narcotráfico, lavado de activos, que ya habían sido puesto a consideración de la opinión pública en septiembre de 2019 cuando la Sociedad Venezolana Ecológica (SVE) denunció al gobierno de Nicolás Maduro por la entrega de concesiones ilegales para proyectos de infraestructura en archipiélago, se realizaron en una Asamblea Nacional que ha sido opacada por la Asamblea Constituyente promovida por Maduro y que no ha sido reconocida por numerosos países occidentales que defienden los valores democráticos en la región y que ha tenido, en la figura de Jesús Montilla, uno de sus principales animadores además de haber sido acusado por miembros cercanos a Juan Guaido, presidente encargado de Venezuela y titular de la Asamblea Nacional, como uno de los que dirigió un asalto violento contra el Parlamento que terminó con un saldo de numerosos diputados de la oposición heridos.
Su esposa, designada por la Asamblea Constituyente como embajadora en Argentina, ante el escándalo del vuelo fantasma de Emtrasur permanece en silencio pero muy activa para destrabar la situación procesal de 14 venezolanos, 5 iraníes y un avión con muchos secretos.
