El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado este lunes un auto por el que acuerda devolver al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la investigación abierta contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y otras trece personas por la gestión que hicieron en 2017 del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte del entonces marido de la hasta ahora consellera de Igualdad, Luis Eduardo Ramírez Icardi. Los magistrados han declarado la falta de competencia de la Sala de lo Civil y Penal para continuar con la instrucción y el conocimiento de estos hechos una vez acreditada documentalmente la renuncia de Oltra al cargo de diputada autonómica y, por tanto, a su condición de aforada ante el alto tribunal autonómico. De este modo, la causa vuelve a estar en manos del juez instructor Vicente Ríos para que pueda «continuar con total amplitud y libertad de criterio» con las diligencias. Él fue quien solicitó al TSJ que imputara a la dirigente de Compromís ante los indicios revelados durante las declaraciones en sede judicial del resto de investigados, funcionarios y cargos de Igualdad o trabajadores del centro Niño Jesús de Valencia en el que ocurrieron los abusos. La Fiscalía Superior, de hecho, aludió a presunta prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El siguiente paso natural, en ese sentido, sería que Ríos llamara a declarar a Oltra como imputada, tras anularse la cita prevista ante el alto tribunal el próximo 6 de julio. El magistrado, en una extensa exposición razonada elevada en abril a la Sala, puso el foco en que «no existió en sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos -que afectaban a una niña de 14 años- sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos». Además, apuntó a la máxima responsable del departamento autonómico como la persona que ordenó abrir «investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste». Un expediente reservado que se inició cuando un juez ya había decretado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima y que se orientó a «desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado». [Maite, la niña víctima de los abusos sexuales del exmarido de Oltra que fue esposada y nadie creyó] Oltra -personada en el caso- dimitió como vicepresidenta de la Generalitat, portavoz del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas acorralada por la presión de su partido y de sus socios socialistas en el Ejecutivo autonómico. No obstante, no fue hasta ocho días después cuando se oficializó su salida y se produjo el intercambio de carteras con su sucesora, Aitana Mas. Todo tiene su origen en sendas denuncias del abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna- Te, presidida por la confundadora de Vox Cristina Seguí. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular. Las querellas surgieron al calor de la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al agresor -el educador Luis Ramirez Icardi- a cinco años de prisión -a la espera del Supremo- y en la que ya se indicaban indicios de encubrimiento por parte del personal de Igualdad.
Fuente ABC