La otra medida es la unificación de un sistema de cuentas únicas, donde todas las erogaciones salgan de una misma “caja central”. Esto, anticipó Batakis, podría generar ahorros por $600 mil millones, debido a los distintos superávits que puedan tener organismos descentralizados, como puede ser un fondo fiduciario. Para eso, deberá modificarse un artículo de la Ley de Administración Financiera. “Soy una persona que cree en el equilibrio fiscal”, afirmó Batakis.
En diálogo con Ámbito, Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), explicó las consecuencias de las medidas: “La implementación de cuotas presupuestarias en base a la caja disponible puede eliminar el déficit mientras eso esté en vigencia”. Significa que no se podrá devengar más gasto que el ingreso que proviene de la recaudación. “Podría implicar un equilibrio de hecho entre ingresos y gastos”, aclaró. Para determinar las cuotas presupuestarias, consideró que la Secretaría de Hacienda debería fijar proyecciones cortas, trimestrales, en base al flujo esperado de ingresos.
Si bien aseguró que lo anunciado marca “señales claras” por parte de Batakis, anticipó que el mayor desafío pasará por cómo se implementa el esquema. “Va a surgir una puja lógica de los distintos ministerios por tener más caja, por ende más capacidad de gasto, cada ministerio va a querer posicionar a su tarea”, explicó. En base a medidas similares tomadas en el pasado, estimó que en la implementación el recorte podría pasar por la obra pública o por los subsidios a la energía, que es el gasto que más creció en el año.
De todos modos, el anuncio de Batakis plantea que se van a ajustar las cuotas presupuestarias, es decir, lo que se le “habilita” a gastar, pero no cómo serán esas cuotas. Además, hay gastos que no pueden recortarse, como jubilaciones o salarios. “Los gastos previsionales se modifican por la Ley de Movilidad, así que ya están establecidos, y sino deberían modificar la ley”, explicó. “La garantía para su viabilidad política será que no implique más esfuerzos a los sectores sociales más vulnerables”, agregó.
En tanto, Oscar Cetrángolo, profesor de finanzas públicas de la UBA, estimó que las medidas anunciadas pueden “acompañar” una baja en el déficit fiscal, pero deberían estar insertas con el anuncio de un programa fiscal, debido a la “rigidez” que tiene el presupuesto argentino en sus gastos, como es por ejemplo el previsional, principal erogación de la administración pública. Entre los aspectos a tener en cuenta, detalló que uno de los puntos a destacar es que de no pagarse gastos devengados, podría generarse deuda flotante, otro punto que está establecido en el acuerdo con el FMI.
En cuanto al superávit de $600 mil millones que genera la unificación de las cajas de un sistema de cuentas, Cetrangoló anticipó: “En el corto plazo puede ayudar, pero en el mediano plazo se vuelve en contra, si se toman superávits de otros organismos, en algún momento se tiene que devolver, porque así lo establece la ley, y porque puede generar problemas políticos con las áreas de donde se toma”.
En la misma línea, Nicolás Gadano, quien pasó por la secretaría de hacienda, en donde se va a definir la letra chica de lo anunciado, aseguró: “Controlar los gastos de caja puede ayudar a cumplir una meta con el FMI, pero no resuelve el problema del déficit. El gasto que se devenga y no se paga, o se ejecuta y ni siquiera se devenga, es más deuda y pagos en el futuro. La crisis macro no se resuelve con un enfoque de tesorería”, escribió en twitter.
Fuente Ambito