Argentina
España
USA
Israel
Invitado por la Dirección General de Reforma Política y Electoral (DGRPOLYE) e Instituto de Formación Política y Gestión Pública (IFPGP) del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado Diego Costarelli (UCR) expuso el sistema de boleta única de Mendoza que fuera aprobado recientemente a través de la Ley 9375.
Con el objetivo de abordar las particularidades de este instrumento de sufragio a partir de distintas experiencias de aplicación, en particular a nivel provincial, el Seminario “Boleta Única: experiencias aplicadas” contó con la participación de expositores de Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza.
En ese sentido, el presidente del Interbloque Cambia Mendoza, resaltó que el proceso de sanción de la Ley de Boleta Única se dio en la provincia en el marco de “una normalidad institucional”, que se viene trabajando desde 2016 y que constituye una parte del camino recorrido en pos de mayor institucionalidad.
“Desde 2016 venimos trabajando en la sanción de distintas normas que hacen al fortalecimiento de nuestras instituciones, a la transparencia, la equidad y la igualdad de oportunidades. Leyes como la paridad de género, ética pública, acceso a la información pública, extinción de dominio, ficha limpia, fueron abriendo el camino para llegar hoy a esta normativa. Mirando en perspectiva, todo este conjunto de leyes hacen que la provincia forme parte de este pequeño grupo de jurisdicciones que se animaron a dar saltos de calidad en su vida política e institucional”, indicó.
“Esta herramienta electoral, se presentó además en el marco de una reforma de la Constitución o reforma institucional que impulsa el gobernador Rodolfo Suarez, que incluso pretende ir más allá en este recorrido, apuntando al equilibrio fiscal, a la disminución del costo de la política al establecer la unicameralidad, pero que lamentablemente, la oposición se niega a dar el debate. De todas formas, estamos convencidos que Boleta Única es un paso importante que nuestro país debe dar, tomando como ejemplo a las provincias”, acotó.
Costarelli, compartió la experiencia dada en 2013 en el departamento de Santa Rosa, “donde por un convenio firmado entre el entonces gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su par de Salta Juan Manuel Urtubey, se implementó la boleta única electrónica en esas elecciones. Fue una experiencia enriquecedora, donde se trabajó fuertemente en la capacitación en uniones vecinales, clubes, con simuladores en la web oficial del Gobierno de la provincia, y que fue realmente exitosa. No obstante, esa experiencia no pudo continuarse por los costos que implicaba la incorporación de tecnología, pero decidimos firmemente avanzar en este paso intermedio de Boleta Única Papel que se pondrá en práctica por primera vez en 2023, si hay elecciones desdobladas”.
“Sin lugar a dudas, aportará agilidad, transparencia al sistema electoral y algo que no es menor, igualdad de oportunidades para todas las fuerzas políticas”, subrayó.
Por su parte, desde Córdoba, José María Pérez Corti, exRelator Electoral del Tribunal Superior de Justicia provincial (2010-2018), explicó que allí la Ley de Boleta Única surge tras una crisis electoral “que puso en evidencia un largo proceso de desarticulación del régimen electoral”.
Al respecto, dijo que en sus primeros pasos significó un incremento en la cantidad de votos afirmativos y una disminución de los votos en blanco, lo que significó a su entender, que “el electorado la adoptó y utilizó sin inconvenientes; que los partidos políticos superaron al desconfianza inicial y que las autoridades de mesa rápidamente se adaptaron al nuevo mecanismo de votación”.
Sobre este punto, sostuvo que una de las claves de la implementación de la Boleta Única es la difusión y capacitación ciudadana, pero también “la reformulación de las campañas electorales, que necesariamente tienen que dejar de centrarse solo en los cargos ejecutivos”.
A su turno, Pablo Kosiner, exMinistro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de Salta (2007-2011), ponderó al respecto que “las provincias han tenido un poco más de osadía” que la Nación en este sentido.
El caso salteño, sostuvo, el “proceso de Boleta Única Electrónica fue en el marco de normalidad institucionalidad, no a partir de una crisis de un proceso de conflicto. Fue gradual, iniciando en 2004 el debate desde el Tribunal Electoral de la provincia para incorporar las nuevas tecnologías al sistema electoral” y “en 2008 comienza el proceso concreto. Siempre tuvimos en claro que no tenía que ser un sistema de voto electrónico sino de boleta única electrónica”.
En esa línea, manifestó que esa Ley se complementa con otras dos leyes: el financiamiento de las campañas de manera igualitaria y las PASO, “porque el efecto inmediato fue la ruptura de privilegios y la igualdad de participación en política sobre todo de aquellos partidos sin estructura”.
Este sistema “no genera conflictos en las mesas electorales y prácticamente no se necesitan fiscales porque no hay impugnaciones, ni robo de boletas, y está la posibilidad de votar en blanco”, comentó, agregando que desde su implementación, que también fue gradual, “cada uno de los procesos electorales fue auditado”.
“Sin dudas, la Boleta Única rompe estructuras, da igualdad de oportunidades y garantiza transparencia”, expresó.
Finalmente, desde Santa Fe, Claudia Catalín, exSecretaria Electoral provincial (2011-2016), expuso que al igual que Salta y Mendoza, “no teníamos ninguna situación que ameritara una necesidad de cambiar el sistema electoral”, pero “quisimos avanzar hacia este sistema que es utilizado en varios países del mundo”.
Catalín, explicó el diseño de la Boleta Única por categoría que utiliza Santa Fe, los controles de impresión de las boletas, la distribución en todo el territorio provincial, y la necesidad de ajustar toda la legislación electoral a fin de que “las fechas no se superpongan. Son detalles que muchas veces se pasan por alto pero sobre todo en provincias con gran extensión, se necesita tiempo para que toda la logística que conlleva el proceso resulte exitosa”.
La introducción y moderación estuvo a cargo de Patricia Malaspina, presidenta de la Coalición Cívica del Municipio de San Martín, quien se desempeña en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado de la Provincia de Buenos Aires.
Fuente Mendoza Today
