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La comisión Bicameral de Seguridad, que preside Néstor Márquez (FdT-PJ), recibió a Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad (IGS) y colaboradores, para analizar diversos temas referidos al funcionamiento del organismo, procedimientos y puntos clave relacionados a protocolos y capacitación de efectivos policiales en la “Ley Micaela”, así como temas vinculados a la violencia de género e institucional, entre otros.
Puertas, quien concurrió junto a los abogados Ricardo Batiz y Gustavo Sarli, se explayó en el proceso administrativo relatando todos los pasos que se siguen en estos casos. Aseguró que dentro de la IGS, desde hace 4 años, se ha dividido en “áreas” para el abordaje, por lo que un grupo se aboca a las denuncias de violencia de género; otro a lo que ellos enmarcan en violencia institucional; otra más referida a los servicios extraordinarios, y finalmente otra que se aboca a los elementos provistos, tal el caso de armas, indumentaria y demás.
En ese sentido, dijo que aproximadamente llegan 100 denuncias por mes, de las cuales alrededor de 23, son por violencia de género. Las otras tienen que ver con pérdida de elementos provistos por la institución, violencia institucional, servicios extraordinarios o faltas genéricas.
“Antes de esta gestión no habían estadísticas, por eso comparamos con nosotros mismos desde 2016”, sostuvo, y agregó que “las denuncias son diversas y se han incrementado. Y esto tiene que ver no con que la policía esté incumpliendo sino más bien con que las víctimas están conociendo mejor la institución, confiando más y se están animando a denunciar sabiendo que sus derechos no van a ser agraviados”.
Comentó al respecto que todo expediente administrativo se origina con una denuncia expresa, anónima, un llamado telefónico, un extracto de algún artículo publicado en la prensa, etcétera; “hay muchas formas” con lo cual se toma la denuncia y comienza el proceso para corroborar la verosimilitud de la misma. Se recaban las pruebas, se producen los alegatos, y demás pasos a seguir para luego tomar una decisión, y por supuesto, “en el medio la vía recursiva” para quien esté acusado.
Aseguró que casi el 70% de las denuncias por violencia institucional no prosperan porque son deficitarias en pruebas, hay “orfandad probatoria”, destacó, diferente a lo que sucede con las denuncias por violencia de género, en donde “la mayoría ya viene con un proceso penal y con mucha prueba”.
Sobre estos últimos casos, aclaró que el protocolo que se sigue está vigente desde 2014. En él se establece en primer lugar “quitar el arma a los dos efectivos – víctima y victimario -, pero a la denunciante se le respeta el salario”. Aclaró sobre este punto que al quitarle el arma el efectivo policial pierde un ítem, pero que en este caso, a la víctima no se le descuenta. Además, se procede al traslado a sanidad policial, en el caso que sean policías, o a sanidad penitenciaria en el caso que sean penitenciarios, “a los efectos que indiquen si están aptos para continuar con su trabajo y afrontar el procedimiento administrativo disciplinario”.
De igual forma, sostuvo que “se da la opción del traslado en caso que la violencia de género haya sido en el trabajo; se da la opción a la víctima si quiere ser trasladada o que se traslade al victimario y paralelamente continúa la investigación administrativa más allá de lo que sucede con la denuncia penal, que van en paralelo”.
“Nosotros evaluamos que ha ido mejorando la perspectiva de género dentro de la fuerzas de seguridad, y asimismo, se está empoderando cada vez más a las víctimas. Entonces podemos ver que existen denuncias por violencia de género porque las víctimas sienten cada vez más libertad para hacerlas y no solamente vinculadas a la cotidianidad, sino a las posibles violencias de género vinculadas a lo laboral, entre efectivos de distinta jerarquía, interinstitucional, que son todos datos que antes no existían” y que hoy, esas estadísticas, están publicadas en la web del organismo.
Por otra parte, indicó que hay capacitaciones constantes en materia de género a través de convenios con universidades, y que en lo concerniente a la Ley Micaela, se cumple tal lo establecido en la legislación vigente para todo el personal y funcionarios de los distintos poderes.
De igual forma, adelantó que “estamos trabajando un proyecto de Ley para reformar a la IGS, que próximamente será remitida, donde se trata por ejemplo, el cambio del estado policial, que se pierda al retirarse al igual que los empleados penitenciarios; el tema de los protocolos sobre violencia de género para que directamente estén incluidos en la Ley; que exista el defensor administrativo para efectivos policiales y penitenciarios, entre otros”, sobre todo teniendo en cuenta que hoy, “el 80% de los sumariados son autodefensa, porque no pueden pagar un abogado”.
Al término de la reunión, el titular de la Bicameral sostuvo que “fue un encuentro muy productivo, ya que había ánimo de los legisladores para invitarlos a tratar temas que nos preocupan como la violencia de género e institucional, y conocer cuáles son los protocolos y procedimientos. Destaco la predisposición de la IGC, porque nos brindaron toda la información de los procedimientos y las actuaciones realizadas en los casos”.
“Los legisladores pudieron hacer todas las consultas, todas fueron respondidas, y quedaron cuatro o cinco temas muy interesantes para seguir trabajando desde la Legislatura, porque la idea es hacer aportes propositivos al sistema de seguridad de la provincia”, puntualizó Márquez.
Fuente Mendoza Today
