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En el Centro de Datos de Chequeado analizamos habitualmente los patrimonios de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de los diputados y senadores nacionales, además de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, hasta ahora, poco sabíamos sobre los jueces federales, ya que el acceso a sus declaraciones juradas de los miembros del Poder Judicial ha sido históricamente más difícil que en los otros poderes del Estado nacional.
Este medio solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación el detalle de los bienes de más de 40 jueces del fuero criminal y correccional federal. En esta nota, la primera de varias, te contamos cómo se compone el patrimonio de los jueces de primera instancia del fuero penal federal porteño, los famosos 12 jueces de Comodoro Py (que ahora son 9 porque hay 3 juzgados que están vacantes), un sector de especial relevancia dentro del Poder Judicial ya que allí tramitan las principales causas de trascendencia pública (principalmente casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico).
El ranking lo lideran los jueces Martínez de Giorgi, Rafecas, Rodríguez y Ramos
Si se elabora un ranking, mediante la suma del valor de los bienes declarados por cada juez, se llega a la conclusión de que Sebastián Ramos es el juez de este fuero con mayor patrimonio, con mucha distancia sobre el resto de los magistrados. En 2021, declaró bienes por un total de $ 440 millones (unos US$ 2,1 millones al tipo de cambio paralelo de fines de 2021). Luego de la publicación de esta nota, Ramos se comunicó con Chequeado y señaló que existe un error en su declaración jurada respecto a 2 títulos públicos que están declarados en dólares y deberían estarlo en pesos. Si este cálculo se realiza en pesos y no en dólares, Ramos pasa a estar en el cuarto lugar del ranking y no en el primero.
Marcelo Martínez de Giorgi, con un patrimonio declarado de más de $ 32 millones (US$ 155 mil), se ubica en el primer lugar; y, en segundo lugar, está Daniel Rafecas, con bienes declarados por $ 30 millones (US$ 144 mil).
La lista la completan Luis Rodríguez, con un patrimonio declarado de $ 25,4 millones (US$ 122 mil); el ya mencionado Ramos; Julián Ercolini, con bienes declarados por $ 22,2 millones (US$ 107 mil); María Eugenia Capuchetti, que reportó un patrimonio de $ 16,9 millones (US$ 81 mil); Ariel Lijo, con $ 16,1 millones declarados (US$ 77 mil); y, en último lugar, Sebastián Casanello, con un patrimonio declarado de $ 7,1 millones (US$ 34 mil). En las declaraciones juradas patrimoniales los inmuebles y otros bienes deben reportarse de acuerdo con el valor fiscal, que difiere bastante del de mercado.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Consejo de la Magistratura no había enviado al Centro de Datos de Chequeado la declaración jurada de la jueza María Servini de Cubría. Tras una consulta, desde el Juzgado señalaron a este medio que aún no fue presentada. El 15 de julio último el plenario del Consejo prorrogó la fecha de presentación de las declaraciones juradas y fijó el 16 de septiembre como fecha límite. Eso significa que la magistrada está en falta.
¿Qué declararon los jueces federales?
Casi todos los patrimonios declarados por los jueces federales tienen una estructura similar: inmuebles, autos y ahorros bancarios y en efectivo, en pesos y en dólares. El caso más sobresaliente es el de Ramos, que declara buena parte de su patrimonio en bonos del Estado argentino. Chequeado contactó a todos los magistrados, pero al momento de la publicación de esta nota sólo Casanello, Rafecas, Ramos y Servini habían respondido la consulta.
Marcelo Martínez de Giorgi: también juez desde 2012, declaró el 50% de una casa de 149 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (las declaraciones no informan en qué comuna o barrio), valuada en $ 2,1 millones, y 2 casas que comparte con su esposa, Ana María Juan, secretaria de la Cámara Federal porteña: una en el partido de Moreno, de 1500 metros cuadrados, y otra en General Rodríguez, de 140 metros cuadrados. Ambos son partidos bonaerenses. Además, declaró ahorros por $ 11,8 millones y US$ 59.901.
Daniel Rafecas: juez federal desde 2004, declaró, en el apartado de inmuebles, un “boleto sin posesión”, una “inversión de pozo”. En este caso, al tratarse de una operación inmobiliaria, no figura en la declaración jurada el valor fiscal de la propiedad (un monto muy inferior al de mercado) sino el monto abonado para la compra. El monto que figura es de US$ 235 mil, equivalentes a $ 24 millones al tipo de cambio oficial de fines de 2021. También declaró la mitad de un Peugeot 3008, adquirido en 2014, y ahorros por $ 5,2 millones.
Luis Rodríguez: titular del Juzgado Federal N° 9 desde 2012, declaró un departamento de 215 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, valuado en $ 7,8 millones; y 2 lotes (uno con casa y otro con piscina) en Escobar, Provincia de Buenos Aires, que entre los 2 suman casi 2 mil metros cuadrados. Declaró ahorros por $ 2,3 millones y US$ 59.503 y un Audi Q5, que adquirió en 2008. También declaró inversiones en 4 fideicomisos inmobiliarios (2 departamentos y 2 cocheras) por un total de $ 4,4 millones. En casi todos los bienes, aclaró, comparte la titularidad con su esposa, Silvia Arcos Valcarcel, ex funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jubilada hace pocos meses, por lo que declaró ser dueño del 50%.
Sebastián Ramos: titular del Juzgado Federal N° 2 desde 2012, declaró una casa de 200 metros cuadrados en La Lonja, partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, valuada fiscalmente en $ 2,1 millones, y una camioneta Toyota SW4 modelo 2006, valuada en $ 385 mil.
El grueso de su patrimonio son títulos públicos: 4 tipos de bonos en pesos, cuya cantidad y valuación equivalen a $ 5,2 millones. Por último, declaró que atesora US$ 141 mil, de los cuales US$ 124 mil están en una cuenta en los Estados Unidos que comparte con su hermano, Martín Ramos, juez federal de Morón. Esos fondos, según justificó el magistrado, provienen de un juicio previsional de su padre. También declaró ahorros en pesos por $ 2,5 millones.
Julián Ercolini: otro magistrado nombrado en 2004, declaró 2 casas en Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, valuadas en $ 9,1 millones y $ 3,3 millones, respectivamente. De una de ellas, declaró sólo ser dueño del 25% de la propiedad, originada en una herencia. También reportó un auto Toyota Etios de 2018 y una camioneta Toyota RAV4, de 2009, y ahorros por $ 6,9 millones y US$ 11 mil.
María Eugenia Capuchetti: nombrada en 2019, la jueza más nueva de este fuero, declaró el 50% de una casa en la Provincia de Buenos Aires (aunque no especificó en qué partido), valuada en $ 4,3 millones, y el 50% de un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de $ 2,2 millones. También informó un auto DS3 y ahorros por $ 4,8 millones y US$ 41.804.
Ariel Lijo: juez federal desde 2004, declaró un lote en la localidad de Hudson, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, y varias mejoras a ese lote. La suma del lote y las mejoras están valuadas en $ 6 millones. Comparte la titularidad de este inmueble con su esposa, Magalí Mazzuca, secretaria letrada de la Corte Suprema. Lijo, además, declaró ahorros por $ 6,5 millones y US$ 40 mil.
Sebastián Casanello: juez desde 2012, declaró un terreno edificado de 216 metros cuadrados en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, valuado en $ 4,7 millones. También un Jeep Suzuki que reportó en concepto de donación y ahorros por $ 1,5 millones y US$ 8.232. Desde el juzgado a cargo de Casanello señalaron que no hubo variaciones patrimoniales, “sólo cambios en las valuaciones”.
¿Cuánto cobra un juez federal?
Según informaron en sus declaraciones juradas, los 8 magistrados de primera instancia cobraron por su trabajo como jueces un monto que va de los $ 8 millones a los $ 9,9 millones netos anuales. La diferencia radica en algunos componentes salariales, como la antigüedad, y en el desarrollo de tareas como subrogante: los jueces cobran un plus por hacer suplencias en juzgados vacantes.
La publicidad y lo que dice la ley
La Ley 26.857, promulgada en 2013 -durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria)-, estableció que las declaraciones juradas de los funcionarios de los 3 poderes del Estado “son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet”.
Un año después, el Consejo de la Magistratura dictó su propio reglamento para el Poder Judicial. Allí, estableció que dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de presentación, el Consejo “pondrá a disposición” en su sitio web “la totalidad de la información consignada en las declaraciones juradas patrimoniales integrales en la parte que respecta al Anexo Público. Las declaraciones juradas podrán ser consultadas de manera libre, directa, inmediata y gratuita a través de internet”. Y agregó: “Previo a esto, el solicitante deberá completar un formulario de consulta”.
“A pesar de este marco jurídico, el Consejo de la Magistratura no publica de forma abierta las declaraciones juradas que recibe y supervisa. Desde 2014 dispuso en su sitio web el ‘Formulario de Consulta Declaración Jurada’, mediante el cual cualquier persona puede requerir las declaraciones juradas de los jueces del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, esta forma de publicación no se adecúa a la normativa vigente”, advirtió en un informe la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Y agregó: “En primer lugar, el sistema exige completar el formulario por cada una de las declaraciones juradas que se desee obtener, luego de lo cual se solicita una confirmación de cada pedido por email y, finalmente, hay que aguardar a que la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales envíe por email la declaración”.
El Centro de Datos de Chequeado completó un formulario por cada una de las declaraciones juradas que solicitó y luego recibió vía mail los documentos de las declaraciones juradas de los jueces federales proporcionados por el Consejo, a excepción del que corresponde a la jueza Servini.
Fuente Mendoza Today
