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Con un dictamen de mayoría acordado, el oficialismo se encaminaba a votar el proyecto de Presupuesto 2023 la semana próxima en la cámara de Diputados. El Ministerio de Economía pugnaba por cobrarle el impuesto a las Ganancias a todos los funcionarios del Poder Judicial con ingresos superiores al piso legal, pero no lograba incluir un diferimiento en el ajuste por inflación que realizan las empresas. Entre ambos, la recaudación podría subir en medio punto del PBI.
La separata con exenciones impositivas que el ministro Sergio Massa envió al Congreso junto con el proyecto de Presupuesto estimó que el Estado se perdería de recaudar $ 237.850 millones (0,16% del PBI) de Ganancias por la exención al Poder Judicial. También que, si no se aplicaba un diferimiento en el ajuste por inflación que se les permite a las empresas, la merma de ingresos sería de $315.000 millones el próximo año, o 0,39% del PBI. En total, esos más de 550.000 millones representan 0,55% del PBI en potenciales ingresos.
Ganancias y poder judicial
El dictamen que se difundió en la tarde del viernes incluyó la modificación en el impuesto a las Ganancias para que todos los funcionarios judiciales estén alcanzados por el tributo. Según el último cambio legal -fruto de un acuerdo entre el Poder Judicial y el gobierno de Cambiemos- los funcionarios pagan Ganancias solo si fueron designados a partir de 2017. El texto propuso incluir al resto, nacionales y provinciales, y a los jubilados.
El Gobierno no la tendrá fácil. Las dos agrupaciones de judiciales que sacaron más votos en las recientes elecciones para integrantes del Consejo de la Magistratura, las listas Bordó y Celeste, rechazaron la iniciativa.
La lista Bordó, que preside la Asociación de Magistrados y es afín a Juntos por el Cambio, consideró que es una “maniobra para atentar contra la independencia judicial y dotarse a sí mismo de herramientas de presión”. La discusión traspasó acá la cuestión gremial: “No advertimos que la discusión del Presupuesto haya incorporado, ni mínimamente, el análisis del control del gasto público ni el crecimiento que evidencia la administración pública nacional”, agregó. Lacónica, la lista Celeste proclamó que “el salario no es ganancia”.
Judiciales anticipan que, si el Congreso aprueba los cambios, pueden judicializarlo. Sostienen que afectaría “derechos adquiridos” y que la ley de administración financiera (el Presupuesto) no puede contener normas permanentes.
Las empresas, la inflación y el impuesto
El lobby empresario, más subterráneo, parece más efectivo. El dictamen que circuló en la tarde de este viernes no incluyó el diferimiento por tres años del ajuste por inflación del impuesto a las Ganancias. Según los cálculos oficiales, este diferimiento podría haber arrimado $ 237.000 millones adicionales este año -similar al anticipo de Ganancias que sancionó la AFIP el mes pasado. Para 2023, el cálculo del Ministerio de Economía asciende a $ 315.000 millones.
Las entidades financieras son las que más resisten esta iniciativa, ya que la industria puede desgravar de la inversión en bienes de capital. Tienen un punto: con una inflación rayana al 100% anual, diferir por tres años el ajuste por precios en el impuesto a la renta supone pagar una tasa muy superior al 35%. Lo explica el especialista tributario Daniel Lejtman: “La ley dice que, si la inflación acumulada supera el 100% en tres años, podía deducirse íntegramente en el ejercicio. Así fue en 2021. Volver al esquema de tercios supondría pagar mucho más que el 35%”.
El massismo había criticado al exministro Martín Guzmán el año pasado porque el Presupuesto 2022, que se rechazó en Diputados, no incorporaba el diferimiento del ajuste por inflación. Fue un argumento para cobrarles a las empresas, ahora, un anticipo adicional a cuenta de Ganancias. El ahora ministro se lo sugirió al Congreso pero, según fuentes legislativas, nunca hubo una petición concreta desde el Ejecutivo. Si el Gobierno quiere, el oficialismo podría sumarlo en la sesión.
Fuente El Cronista
