El informe fiscal presentado por el Ministerio de Economía confirmó la situación crítica de las empresas públicas. El “Estado empresario” registra las pérdidas operativas más importantes de los últimos 30 años, una cifra cercana al 0,8% del PBI en los últimos 12 meses.
En medio de una severa crisis económica y social, el Gobierno sigue destinando una sideral cuantía de recursos para garantizar las operaciones de las empresas estatales, en detrimento de los propios contribuyentes.
El más reciente balance fiscal de base caja publicado por el Ministerio de Economía confirmó que las empresas del Estado registraron pérdidas de hasta 515.000 millones de pesos en el acumulado anual finalizado en octubre. Este resultado surge de la contabilización de los ingresos corrientes y los gastos operativos, pero se excluyen otras transferencias de capital del sector público.
Las empresas públicas le cuestan a la sociedad un monto equivalente a $57.000 millones por mes, y $1.900 millones todos los días. El déficit es equivalente, además, al 0,79% el PBI de referencia para los últimos 12 meses. Se trata del desequilibrio más importante desde el inicio de la serie de datos del Ministerio de Economía en enero de 1993.
De hecho, el déficit de las empresas del Estado es similar al gasto que realiza el Sector Público Nacional (SPN) en seguridad y defensa (0,9% del PBI) o en la administración general (0,77% del PBI) y educación superior y universitaria (0,86% del PBI). También es equivalente al 80% de todo el gasto que se realiza en el pago de asignaciones familiares.
De las 33 grandes empresas que conforman el conglomerado corporativo estatal, las más deficientes en términos de pérdidas fueron las siguientes: Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas (AR), Aguas Argentinas (AySA), Correo Argentino y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
El caso de los ferrocarriles fue especialmente dramático, ya que Trenes Argentinos proyecta pérdidas de hasta $100.000 millones solamente para este año, pero al mismo tiempo pretende ampliar la planta de personal y llevar a cabo el establecimiento de nuevos ramales que no garantizan solvencia.
El sistema de de cuenta única de Tesorería (CUT) implementado por la exministra Silvina Batakis permitió un mejor monitoreo y control de las finanzas de las empresas del Estado, pero ni el nuevo sistema permitió mitigar los fuertes desequilibrios que se siguen acumulando sobre la espalda de la sociedad.
Nacionalizaciones bajo la gestión de Alberto Fernández
La administración kirchnerista retomó la vocación estatista y se propuso seguir ampliando la cantidad de entidades dependientes directamente de la gestión gubernamental. Aunque con un importante revés político y rechazo social al intento de expropiación de Vicentin, Fernández llevó adelante el crecimiento del Estado empresario.
Se impulsó la estatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay por medio de un decreto, después de 25 años funcionando con una gestión privada eficiente, dejando un costo millonario en manos de la Administración General de Puertos y la sociedad.
A través del exministro Mario Meoni, el kirchnerismo llevó adelante la estatización del transporte ferroviario de cargas en junio de 2021, poniéndole fin a las concesiones que estaban en manos de las empresas Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca.
Asimismo, fueron revocados todos los contratos de participación pública-privada para la generación de obra pública (PPP), con lo cual se eliminó la iniciativa privada sobre esta partida.
No conforme con todo esto, Fernández dictaminó la estatización de todas las rutas de peaje a nivel nacional. De esta manera, se eliminó el incentivo que tenía el sector privado para mantener las rutas eficientemente a través del traslado del costo a los usuarios que utilizaban el servicio.
Fuente Derecha a Diario
