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Con bocinazos, banderas argentinas y carteles que aludían a la embestida del kirchnerismo contra la Justicia, una caravana de autos llegó este sábado hasta la casa del ministro de la Corte
Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la ciudad santafesina de Rafaela.
La protesta ocurrió este sábado, a tres días de que el máximo tribunal deba tratar en un “acuerdo extraordinario” si da lugar a los recursos presentados por los tres jueces removidos por Cristina Kirchner desde el Senado: Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes investigaron a la ex Presidenta en distintas causas por corrupción.
La caravana recorrió cerca de las 4 de la tarde la mano norte del Boulevard Santa Fe y se hizo escuchar, llamando la atención de los vecinos de la ciudad santafesina. Luego, giraron a la izquierda por una calle interna hasta tomar el Boulevard Yrigoyen hacia el sur.
Además de banderas argentinas, en los autos había pegados carteles con reclamos para que intervenga la Corte y también proclamas contra el Gobierno.
“Señores jueces, dejen de violar la Constitución”, “Alberto y Cristina, fuera de la Argentina” y “Despierten argentinos, no a la impunidad K”, fueron algunas de las consignas.
La casa de Lorenzetti está ubicada en un barrio residencial frente al Bosquecito Besaccia y a pocos metros del Aeródromo rafaelino, informaron medios locales, que agregaron que allí el magistrado suele pasar los fines de semana.
La que la Corte deba tratar el próximo martes en un “acuerdo extraordinario” los recursos presentados por los magistrados que investigaban a Cristina Kirchner, con traslados revocados por el Senado.
La protesta frente al domicilio del juez Ricardo Lorenzetti, en Rafaela. Captura de video.
El martes último, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para pasado mañana, con la finalidad de el tribunal se expida sobre los planteos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”, señaló Rosenkrantz.
La resolución tuvo un significado político mucho más que jurídico: la Corte deberá tratar el pedido de per saltum con el que los jueces desplazados intentaron evitar esa movida. El tribunal puede rechazarlo, admitirlo e incluso (lo menos probable) resolverlo dándole una respuesta a los jueces, al Senado y a toda la sociedad.
Esta convocatoria generó el viernes la reacción del presidente Alberto Fernández, quien criticó a la Corte, apuntando especialmente a Rosenkrantz por apurar ese debate sobre la remoción de jueces.
“¿Qué está buscando?”, se preguntó. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, qué es lo que está buscando? Yo me lo pregunto porque realmente cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico“, cuestionó Fernández.
Y agregó: “Me llama mucho la atención y me preocupa por los comentarios que me llegan, por cosas que se ven adentro de la Corte, me preocupa enormemente, porque la verdad que lo único que estamos haciendo nosotros es restablecer un orden perdido en el Gobierno anterior”.
Ricardo Lorenzetti, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Foto Rolando Andrade.
A raíz de esta polémica, el pasado miércoles se llevó a cabo frente a los Tribunales la denominada marcha de las antorchas, en la que cientos de personas apoyaron a los jueces removidos de sus cargos y protestaron contra el Gobierno.
El lema de la reunión, “Una luz por la República”, sumó al reclamo el rechazo a la reforma judicial impulsada por el Presidente.
El martes próximo, tanto Lorenzetti como los otros cuatro ministros de la Corte Suprema serán los que definan sobre el recurso presentado por Bruglia, Bertuzzi y Castelli, quienes pelean por no ser desplazados de sus puestos en la Cámara porteña y el Tribunal Oral N°7 de Comodoro Py.
La Corte deberá analizará los pedidos de los tres jueces para que se les conceda el “salto por instancia” o “per saltum”, que implica la intervención directa del máximo tribunal en la cuestión de fondo, esto es, si sus traslados se ajustan o no al trámite de designación previsto en la Constitución.
La marcha de las antorchas, a favor de los jueces removidos, en la noche del miércoles último en Tribunales. Foto Germán García Adrasti
En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados al Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, en primera instancia, y a la Sala I de la Cámara Criminal Federal, en segunda, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al TOF 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando la revisión del Consejo pasó al Senado, el principal cuestionamiento de los legisladores oficialistas fue que no dieron su acuerdo para esas funciones y citó a los magistrados para que ofrecieran su punto de vista, aunque estos prefirieron no hacerlo. De eso se agarró el kirchnerismo para suspender los traslados y devolver a los jueces a sus lugares de origen.
La Corte entonces deberá evaluar si los argumentos de los tres magistrados para pedir la intervención tienen entidad, si se está ante una vulneración de la estabilidad de los jueces y si, como sostienen y denuncian, existe un “plan de impunidad” detrás de la medida tomada por el Consejo de la Magistratura y el Senado.
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