La Corte, los jueces y un freno al gobierno en la Argentina “extraordinaria”

que su situación particular: también volvió a exhibir el singular trabajo de agrimensura que el Poder Judicial periódicamente debe realizar para fijar los límites de acción del gobierno y el Congreso en una república en que esas funciones y contrapesos son flexibles, borrosos, siempre listos a algún empujoncito o interpretación que los acomode a las necesidades coyunturales del poder.

Con el voto unánime para aceptar el recurso de per saltum de los magistrados, la Corte envió un mensaje frontal al gobierno: tenemos muchas diferencias internas,  pero los asuntos de la justicia se resuelven acá. Es un balde de agua helada sobre los humeantes planes kirchneristas para desactivar juzgados y tribunales que avanzan en las causas por corrupción de Cristina y sus ex funcionarios.

Cada vez más lejos de su tarea indelegable como policía de control constitucional respecto de las leyes y su aplicación, la Corte Suprema de Justicia viene siendo convocada para resolver decenas de controversias políticas causadas por los cada vez más frecuentes intentos del gobierno por forzar la reglas de la democracia. También los hubo en las anteriores presidencias.

Esa función -que molesta especialmente a todos los jueces de la Corte- es particularmente ineludible cuando el desborde de los poderes Ejecutivo o Legislativo derrama sobre los juzgados y tribunales que están bajo su directa supervisión como cabeza del otro poder del Estado, el Judicial.

En Argentina, el proceso de elección de los jueces viene siendo toqueteado desde la recuperación democrática, tanto con la reforma constitucional de 1994 -que creó el Consejo de la Magistratura- como en sucesivas leyes, reglamentos, adendas y trampitas mediante las cuales los gobiernos y los legisladores intentaron e intentan cubrir los juzgados y tribunales con personas sensibles a sus necesidades, o mantenerlos siempre con la valija en la mano a través de denuncias en el Consejo, reemplazos que no se terminan de confirmar nunca, suplencias pendientes de un hilo y ascensos sujetos a votaciones de la política también en la Magistratura (cuya actual composición, recordemos, también es inconstitucional según falló la justicia).

Los traslados de jueces de un destino a otro son un plato más de aquel menú. Por eso deben -deberían- ser extraordinarios y puntillosamente avalados. Tal como contó Clarín, un reglamento del año 2000 los organizaba. Desde este año, el OK del Consejo para habilitar al presidente a firmar el respectivo decreto debe hacerse mediante los dos tercios de los votos. Es decir, al menos 9 de los 13 consejeros. Nota al margen: ese fue el score en caso del juez Bruglia, en 2018.

Estas arenas movedizas -diametralmente opuestas a la estabilidad y seguridad que debe tener cualquier magistrado para poder trabajar tranquilo- se convirtieron directamente en vapor cuando el Consejo de la Magistratura resolvió este año reabrir los casos que ese mismo organismo había resuelto, modificar sus decisiones y volver a cero procesos administrativos que estaban terminados. Más allá de los casos que ahora tienen al país en vilo, el mensaje para todo el Poder Judicial es demoledor: nunca estarán tranquilos, la política siempre podrá hacer lo que quiera con ustedes.

Entonces llegó la hora de la Corte. Aquí es clave una precisión: así como el manoseado proceso de designación de jueces está bajo la suela de los políticos, una vez que juran en sus cargos ya integran el Poder Judicial, cuya cabeza y órgano máximo de decisión es la Corte. Por eso Rosenkrantz advirtió hace diez días que sería el máximo tribunal el que terminaría decidiendo dónde deben trabajar Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Bien, pero justamente para evitar arbitrariedades y suspicacias, la Corte no interviene en todos los temas y en cualquier momento. Sólo puede hacerlo bajo estrictas condiciones, y en el momento en que todas las instancias previas -los jueces naturales en cada caso- ya fueron agotadas.

¿Qué hacer entonces con los tres jueces desplazados por el Senado y un decreto presidencial, cuyo reclamo aún flota irresuelto en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal? ¿Había que aceptar su pedido de per saltum -saltearse esa instancia- para resolver su situación ante la gravedad institucional de un atropello que podría ser irreparable? ¿Era mejor responder que la Corte sólo prestaría oídos cuando aquel peldaño fuese superado y le tocara el turno de hacerlo?

Esa fue la discusión de este martes en el seno del tribunal. Esa y mucho más: la Corte no es sólo el último escalón administrativo de una pirámide. También es la cabeza política de un Poder del Estado que está bajo el asedio de los otros dos, nada menos porque sus magistrados están juzgando gravísimos actos de corrupción de funcionarios que ahora volvieron al poder y de empresarios que siempre lo tuvieron en sus manos. Entonces, el dilema es mucho más profundo, y también urgente.

En el cuarto piso de Tribunales -al fin habitado por cuatro de sus inquilinos, con el regreso desde Santa Fe de Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti- cruzan las flechas envenenadas entre los jueces, infectados de internas y desconfianza profundas. Pero también hay dos conclusiones en común: el caso de los jueces es sólo el primero de varios en los que serán interpelados respecto del funcionamiento de la justicia. Y la sociedad está pendiente las 24 horas sobre lo que ellos hagan al respecto.

La fulminante decisión del tribunal -que, recordemos, aún no falló sobre el destino de los jueces removidos, pero tomó en sus manos la atribución de hacerlo y ordenó a todo el mundo que deje actuar al respecto- es extraordinaria porque ocurrió en el marco de un per saltum, discutido también en un acuerdo extraordinario convocado por Rosenkrantz para destrabar la situación. La doble excepcionalidad también revela cómo están funcionando las cosas en la Argentina.

Pero esas resoluciones sobresalientes no son privativas del Poder Judicial: el gobierno funciona tranquilamente con un  jefe de Gabinete que usa poderes extraordinarios para resolver cuestiones que le corresponden al Congreso, y los legisladores también acuden a sesiones especiales para constreñir la discusión de temas importantísimos, que además son tratados bajo condiciones extraordinarias de semipresencialidad, también cargadas de discusiones, chicanas y reclamos judiciales, por cierto. Síntomas inequívocos de un país al margen de la ley, como enseño el gran jurista Carlos Nino.

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