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El oficialismo definió y comunicó esta noche, a pocas horas del inicio de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, la propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria que incluirá en un proyecto de ley que tratará el Congreso y con la que buscará, según se afirmó, reducir el déficit previsional. Por Silvia Stang
La fórmula planteada en la iniciativa excluye a la inflación de sus componentes y está basada en la evolución de los salarios y en la variación de la recaudación de impuestos, tal como se preveía y tal como ocurrió con la modalidad que rigió entre 2009 y 2017, modificada durante el gobierno de Mauricio Macri por otra ley, cuya aplicación estuvo suspendida durante todo este año.
Así, mientras que en el actual 2020 se dieron subas por decretos del presidente Alberto Fernández, decididas de forma discrecional y, hasta ahora, de porcentajes inferiores respecto de los que habrían correspondido según la fórmula aprobada a fines de 2017, el comunicado emitido ahora por el Gobierno se refiere a una nueva modalidad de cálculo de los reajustes, que “permitirá reducir el actual déficit previsional” para lograr “la sustentabilidad de largo plazo”. A la vez, se señala que “se espera” que la modalidad genere “un incremento del poder adquisitivo de los haberes”. En la iniciativa se considera, además, la inclusión de un tope anual para los aumentos a las jubilaciones, definido por la variación que tengan los recursos que recibe la Anses para hacer frente a las obligaciones del sistema.
De aprobarse la formula propuesta, los reajustes tendrán frecuencia semestral. En cada mes de marzo los haberes se moverán en función de la suma del 50% de la variación de la recaudación de impuestos (no se aclaró cuáles, pero serían los destinados a financiar a la seguridad social), y del 50% de la evolución de los salarios formales de la economía.
En septiembre se utilizarán también esas variables pero, a la vez, se introducirá un tope, para que la suba no sea superior al incremento que haya tenido la recaudación de los recursos que llegan a la Anses, multiplicado por 1,03. También hubo un tope así en la fórmula que rigió desde 2009 y hasta 2017. Nunca, en todos esos años, se hizo pública la totalidad de los datos que se usaban para la definición de los porcentajes.
En el período en que rigió aquella fórmula, la variación de los haberes se vio expuesta a una alta volatilidad determinada por la variación de la recaudación, una cuestión sobre la que habían advertido expertos que expusieron en la comisión mixta, integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores, a la cual la ley que suspendió la movilidad le asignó la misión de elaborar una propuesta. Seguir esa variable llevó a que en años recesivos los haberes perdieran poder adquisitivo; eso ocurrió en 2014 y en 2016.
“Una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina”, sostiene el comunicado que emitió esta noche el Ministerio de Economía, luego de una reunión con funcionarios, diputados y senadores que fue encabezada por el ministro Martín Guzmán.
En cambio, se señala, “incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal. La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios. En este aspecto, lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema”, expone el escrito difundido por el Gobierno. Bajar el desequilibrio de las cuentas fiscales será un tema central en las conversaciones de los funcionarios con los representantes del FMI.
En el proyecto se incorporará una cláusula de “legislación constante”, que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad. La intención de esa cláusula, según se admitió, es “reducir el déficit previsional en forma más efectiva y rápida que sin ella”.
Con respecto al índice salarial que se considerará, se especifica que el Ripte (la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) “es el más adecuado”. Y se explica: “Se trata de un índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros de los trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas”. Es el mismo índice que se consideró en la fórmula aprobada durante el macrismo, que combinaba el 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un trimestre, con el 30% de la variación de las remuneraciones formales. Los datos se tomaban con un rezago de seis meses y, como en 2018 y 2019 la inflación se aceleró, se produjo una caída del poder adquisitivo de los ingresos jubilatorios en esos años.
De la reunión en el Ministerio de Economía participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Por el Poder Legislativo estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y su par del Senado, José Mayans; el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, Marcelo Casaretto; su colega del Senado, Daniel Lovera; el presidente la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, y su par en el Senado, Carlos Caserio.
Fuente La Nación
