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El verdadero problema entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner no es el plan económico, ni los funcionarios que no funcionan, ni el fallido intento de expropiar Vicentin. Tampoco lo es la liberación de los presos, ni el deficiente manejo de la cuarentena, ni la necesidad de volver a las escuelas en modo presencial. Ni lo es tampoco el impuesto a los grandes patrimonios. No.Por Luis Majul
El verdadero problema es que, segúnella, el Presidente le había prometido que no pasaría demasiado tiempo para que todas y cada una de las causas judiciales que la atormentan fueran “pulverizadas”. ¿Todas? Si. Todas. Una por una, a través de diferentes mecanismos: nulidades de los abogados; pericias interminables; y contradenuncias a los periodistas, fiscales y a otros acusadores de Cristina, con el delirante paraguas del lawfare.
¿Fue así? ¿Existió un pacto no escrito? ¿Sellaron una garantía de impunidad exprés a cambio de la designación a dedo como candidato a presidente?
Después del triunfo de las PASO, Fernández, todavía exultante, comenzó a recibir en su oficina de la calle México a periodistas que habían investigado la corrupción de funcionarios kirchneristas. Uno de esos colegas, entonces, le preguntó cómo iba a hacer para manejar la tensión de gobernar, junto a una vicepresidenta con una decena de causas abiertas. Causas pesadas. Expedientes con imputaciones por corrupción y lavado de dinero. Juicios en los que está procesada, no por cruzar un semáforo en amarillo, sino por ser considerada la jefa de distintas asociaciones ilícitas para robarle dinero al Estado.
Entonces, el casi presidente le respondió que Comodoro Py se ordena solo y que los muchachos tienen un olfato especial, anticipatorio, para entender hacia dónde sopla el viento. El periodista, que -en los últimos años de gestión de Cristina y en los cuatro que correspondieron al gobierno de Macri- se la pasó fatigando los pasillos de los tribunales federales, se permitió disentir. “¿Estás seguro, Alberto?”, le preguntó. “Te lo repito: conozco a casi todos los fiscales y jueces de Comodoro Py. Esto se arregla solo”, insistió él.
La duda del periodista no estaba fundada en que tenía información clasificada, sino en el contenido de cada uno de los expedientes, las denuncias y las acusaciones contra Cristina. La duda era muy sencilla. ¿Por qué razón todos los fiscales que ya la habían acusado; los jueces que la habían procesado; los camaristas que habían convalidado la actuación de los jueces de instrucción; y los fiscales y los camaristas de la Casación y de los tribunales orales que ya habían iniciado algunos de los juicios, de un día para el otro, borrarían con el codo lo que escribieron con la mano? Ahora, a más de un año de aquella conversación, se podría decir, que las dudas de aquel periodista eran fundadas.
Incluso esto se mantiene a pesar de los ataques de Cristina Fernández a la Corte; del intento de desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli; de las maniobras para desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, al fiscal Carlos Stornelli y al camarista Martín Irurzun; y a pesar, incluso, de haber copado la Oficina Anticorrupción, la IGJ, la AFIP, la secretaría de Justicia, la de Derechos Humanos, la IUF y unos cuántos juzgados. A pesar de todo eso, decimos que está claro que las causas contra Cristina siguen vivitas y coleando.
Repetimos. Vivitas y coleando. En carreta o a buen ritmo. Y nada hace prever que puedan desaparecer. O que puedan ser anuladas. O desarmadas.
Supe que Cristina estaba desesperada, y que Alberto subestimaba esa desesperación, en cuanto vi el video de la intempestiva reacción de ella, el 3 diciembre del año pasado, durante su comparecencia a la primera audiencia del juicio oral y público denominado “Vialidad”. Estaba furiosa.
Desde su lógica, no podía entender que, a pocos días de la contundente victoria del Frente de Todos, ella tuviera que estar ahí y que, encima, uno de los tres jueces se tomara el atrevimiento de consultarle sobre su prerrogativa de responder preguntas.
La suya no es una defensa técnica, sino más bien política. Y desesperada. Su tesis es que está sentada en el banquillo de acusados porque ella desendeudó a la Argentina. Parece calcada del argumento del exvicepresidente Amado Boudou, ¿no? Porque Boudou todavía sostiene que lo metieron preso en represalia por su decisión de reestatizar las jubilaciones privadas; es decir, a las Administradoras de Fondos y Pensiones, más conocidas como las AFJP.
Ni Cristina ni Boudou son muy originales. Tampoco Pablo Moyano, quien afirma que lo procesaron como jefe de la asociación ilícita que habría defraudado a Independiente por su oposición a la reforma laboral que pretendía imponer Mauricio Macri.
Pero la defensa política de Cristina es desopilante. Ella asegura que está ahí, en el banquillo, porque la vinculan falsamente con Lázaro Báez, aunque dice que ella jamás fue su amiga. De nuevo: su defensa no pudo ser más débil y carente de argumentos jurídicos. Por eso, necesitaba mostrarse muy enojada. Más que enojada. Colérica. Y repetir, como Fidel Castro, en su momento: “La historia me absolverá”. Bien.
El juicio oral y público de Vialidad continúa. Lo tramita el tribunal oral número dos (integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) y en este caso el que acusa es el fiscal Diego Luciani. Se están tomando entre dos y seis testimoniales por semana, en forma virtual. Están imputados, además de Cristina, Julio De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez, entre otros.
Las sentencias podrían dictaminarse a fin del año que viene o a principios de 2022. Por eso, y no por ningún otro motivo, Cristina sigue muy enojada con Alberto. El Presidente le prometió que no sería así. Y, según ella, no estaría cumpliendo.
Sumado a esto, Cristina también debería estar muy preocupada por las siguientes causas: Hotesur y Los Sauces; los cuadernos de la corrupción; y el Memorándum de Entendimiento con Irán.
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En Los Sauces y Hotesur porque, en estas causas, sus hijos, Máximo y Florencia, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados cuando empiece el juicio oral y público, en el año 2022. Y porque la intervención mantiene -todavía- las cuentas de ambas empresas embargadas.
En tanto, en los cuadernos de la corrupción seguiría intranquila porque, a pesar del gran esfuerzo de sus abogados, no la pueden terminar de voltear. La calidad y la cantidad de la prueba, lo hacen imposible.
Por último, en la causa de encubrimiento por el Memorándum de Entendimiento, Cristina debería estar más que alerta porque el trámite no prescribe.
¿Se equivocó el mandatario al garantizarle que ella estaría libre de culpa y cargo en muy poco tiempo? ¿Fracasó el plan “impunidad y venganza ya” por culpa de la pandemia? ¿O el Presidente, en efecto, puso a Marcela Losardo como ministra de Justicia y quiere a Daniel Rafecas como procurador, porque también especula con que detrás de la no impunidad inmediata de Cristina se encuentra también un poco de su fortaleza política?
Cristina, como buena egocéntrica, es también muy paranoica. Y está convencida de que el Presidente prefiere tenerla como sospechosa de corrupción durante todo el mandato, que libre de culpa y cargo. Por eso, ella no le atiende al teléfono y dejo de percibirlo como su aliado incondicional. Por el contrario, lo estaría viendo, en su paranoia, como aquel que la hizo cómplice de la muerte del fiscal Alberto Nisman. O el que definió a su segundo mandato -varias veces- con la palabra “deplorable”.
Fuente La Nacion
