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Por Dario Rosatti
Tras más de diez años de investigación, la Justicia fijó fecha para el juicio oral por el desfalco en la construcción del hotel de San Pedro. Uno de los imputados pidió juicio abreviado y admitió su responsabilidad, mientras el expediente expone el uso de materiales robados en obras públicas.
Después de más de diez años de idas y vueltas judiciales, la causa por el desfalco en la construcción del hotel y spa Azahar, de San Pedro, entra finalmente en su etapa decisiva. La Justicia ya cerró la etapa probatoria y fijó fecha para el juicio oral contra Alberto Raúl Antoliche y Miguel Ángel González, acusados de administración fraudulenta en una maniobra que vació de recursos una obra privada y dejó al descubierto un entramado de descontrol, complicidades y uso político de bienes robados.
El expediente no solo reconstruye un fraude empresario. También pone bajo la lupa una cadena de decisiones —y omisiones— que permitieron que materiales sustraídos de una obra privada terminaran siendo utilizados en obras públicas del distrito, sin controles efectivos ni explicaciones institucionales posteriores.
En la causa también estuvo imputado Jorge Oscar Santiago, señalado como partícipe de las maniobras investigadas. Su fallecimiento extinguió la acción penal en su contra, pero su nombre aparece reiteradamente en testimonios, actuaciones y documentación incorporada al expediente, lo que refuerza la hipótesis de un esquema organizado y sostenido en el tiempo.
Un juicio con volumen probatorio inusual
El debate oral se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas, entre el 17 y el 20 de marzo próximos, en el Juzgado Correccional Nº 1 de San Nicolás. Allí se analizará un cuerpo probatorio de enorme volumen: peritajes contables y de arquitectura, informes técnicos, actas notariales, documentación municipal, libros contables y más de 90 declaraciones testimoniales de proveedores, trabajadores, profesionales y funcionarios.
La investigación describe un patrón reiterado de desvío de materiales, facturación irregular y utilización de recursos de la obra con fines ajenos al proyecto original. El resultado es una obra inconclusa, inversores perjudicados y un proceso judicial que tardó más de una década en llegar a esta instancia.
Juicio abreviado: una admisión que incomoda
Mientras Antoliche y González enfrentarán el juicio oral, la causa sumó un dato clave que refuerza la acusación. Juan Ramón Villalba, otro de los imputados, solicitó someterse a un juicio abreviado y prestó conformidad con la acusación fiscal.
A través de su defensor oficial, Villalba aceptó la calificación legal de los hechos y acordó una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional. Más allá del monto de la pena, el pedido implica el reconocimiento de su responsabilidad penal en el fraude investigado y consolida la hipótesis de que el vaciamiento de la obra no fue una desprolijidad administrativa, sino una maniobra deliberada.
Un desvío que compromete al Estado
El aspecto más sensible de la causa es el destino que tuvieron los materiales sustraídos del hotel. De acuerdo con peritajes, testimonios y documentación incorporada al expediente, parte de esos insumos fue utilizada en obras públicas del partido de San Pedro.
Ese dato traslada el caso desde el plano del fraude privado hacia el de la responsabilidad estatal. La utilización de materiales de origen ilícito en proyectos públicos no solo evidencia la ausencia de controles, sino también un grado de tolerancia institucional que permitió que el desfalco trascendiera el ámbito de los acusados y se proyectara sobre el Estado municipal.
Durante años, la falta de explicaciones oficiales, la inexistencia de sumarios administrativos y el silencio político frente a las denuncias periodísticas contribuyeron a consolidar un escenario de impunidad que recién ahora empieza a ser revisado en sede judicial.
Un juicio que puede desnudar responsabilidades más amplias
Con la elevación a juicio firme, la admisión de culpa de uno de los imputados y un expediente que documenta más de una década de maniobras, la causa entra en una etapa clave. El debate oral no solo definirá la responsabilidad penal de Antoliche y González. También puede convertirse en una instancia en la que quede expuesta una forma de gestión pública marcada por la falta de controles, la naturalización de prácticas irregulares y la ausencia de rendición de cuentas.
En San Pedro, la obra avanza a paso lento pero firme. Sin embargo, no quedan dudas de que ha sido el símbolo visible de un desfalco que, según surge del expediente, difícilmente podría haberse sostenido sin un entorno político dispuesto a mirar hacia otro lado.
