Por Darío Rosati
Carlos Andrés Migales Viera, referente de una organización narco uruguaya enfrentada en una sangrienta guerra territorial, había sufrido ataques anteriores y acumulaba antecedentes por drogas, homicidio y otros delitos. Ingresó a la Argentina en septiembre y terminó ejecutado por un comando en Palermo. El crimen expone interrogantes sobre Migraciones, la Policía de la Ciudad, las fuerzas federales, la inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad, SIDE y los organismos creados específicamente para anticipar el crimen organizado transnacional.
Buenos Aires – 05 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA-. El asesinato a manos de sicarios del uruguayo Carlos Andrés Migales Viera en un departamento de Palermo ya no puede ser leído únicamente como un nuevo homicidio ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. La víctima tenía un extenso prontuario, integraba una organización vinculada con el narcotráfico, estaba inmersa en una guerra entre bandas que acumulaba muertos en Uruguay, había sobrevivido a ataques anteriores y había ingresado a la Argentina apenas semanas antes de ser localizado y ejecutado. El episodio abre así un interrogante inevitable sobre los mecanismos argentinos de control fronterizo, intercambio de información policial e inteligencia criminal y sobre la efectividad de una extensa estructura estatal creada precisamente para anticipar el desembarco del crimen organizado transnacional.
Migales Viera, de 31 años, fue asesinado durante la madrugada del domingo dentro de un departamento de Costa Rica al 5200, donde se encontraba con su pareja y sus hijas. Tres hombres ingresaron al edificio, accedieron al inmueble sin forzar la cerradura y lo atacaron directamente. La modalidad, la selección precisa del objetivo y la utilización de un arma equipada con silenciador llevaron a los investigadores a trabajar desde el comienzo sobre la hipótesis de una ejecución por encargo. La Policía de la Ciudad detuvo poco después a sospechosos y recuperó una pistola con silenciador abandonada en las inmediaciones de Santa Fe y Bullrich, además de otra arma hallada en un vehículo presuntamente utilizado durante la fuga.
La Justicia identificó al menos a tres imputados argentinos, Gabriel Ramón Da Silva, Cristian Nahuel Paiva y Ulises Aladro, mientras intenta reconstruir quién financió y ordenó el ataque. El expediente quedó en manos del juez Damián Kirszenbaum, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°26, que dispuso el secreto de sumario mientras se procura establecer si detrás de la ejecución existe un autor intelectual vinculado con organizaciones narcocriminales uruguayas.
El problema para las autoridades argentinas empieza mucho antes de los disparos en Palermo. Migales Viera no era un ciudadano extranjero sin antecedentes conocidos. Su historial en Uruguay comenzaba durante la adolescencia e incluía detenciones por rapiña, fuga, drogas, lesiones y causas de homicidio. En los últimos años había quedado identificado además como figura relevante de La Mafilia, también denominada Los Puglia, una organización de Villa Española vinculada con el narcomenudeo y enfrentada históricamente con otros grupos criminales montevideanos.
Esa guerra tampoco era clandestina. Durante 2023 y 2024, la disputa entre Los Puglia, Los Suárez y Los Albín provocó enfrentamientos armados, homicidios y ataques que obligaron incluso a alterar recorridos del transporte público en sectores de Montevideo. En julio pasado, cinco personas vinculadas con el entorno de Los Suárez fueron asesinadas en un ataque y posteriormente un niño de 12 años relacionado con la familia rival murió baleado en otro episodio atribuido a la cadena de venganzas.
Migales Viera ya había aparecido personalmente dentro de esa secuencia. Fuentes policiales uruguayas indicaron que fue baleado en Maroñas durante abril y, el 1° de agosto, hombres que se hicieron pasar por policías utilizando una camioneta y una matrícula apócrifa interceptaron en Villa Colón un BMW perteneciente al narco. Los atacantes dispararon creyendo que Migales viajaba dentro. El objetivo no se encontraba en el vehículo y el atentado falló, pero dejó en claro que alguien había montado una operación para matarlo.
Pocas semanas después, Migales Viera ingresó a la Argentina. Las primeras informaciones sitúan su entrada durante septiembre. Algunas versiones comenzaron a plantear dudas sobre la documentación utilizada, pero hasta ahora no existe confirmación pública suficiente de que haya atravesado la frontera con documentación falsa. El dato comprobado resulta igualmente inquietante: después del asesinato, los investigadores argentinos todavía efectuaban consultas con organismos internacionales para certificar plenamente su identidad y aguardaban documentación dactiloscópica.
La pregunta, entonces, es elemental: ¿qué información recibió Migraciones cuando ingresó al país un hombre con antecedentes penales, identificado en Uruguay dentro de una organización narcocriminal y que semanas antes había sido blanco de un operativo destinado a asesinarlo? Y si esa información no llegó, ¿por qué no llegó?
También deberá establecerse si existía una orden judicial internacional, impedimento migratorio o alerta vigente. Tener antecedentes en otro país, por sí solo, no significa automáticamente que una persona pueda ser rechazada en frontera; pero un individuo vinculado con una guerra narco activa y perseguido por sicarios constituye una información de evidente interés para los organismos encargados de analizar el crimen organizado transnacional. No fue así.
Allí aparece una segunda discusión. El Ministerio de Seguridad Nacional posee actualmente una arquitectura mucho más amplia que en años anteriores. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) tiene por ley la función de producir inteligencia criminal y analizar información estratégica. La Unidad Antimafia, encabezada desde febrero por José Fernando Mariano Pereyra, fue creada específicamente para detectar organizaciones criminales de tipo mafioso, centralizar información sobre sus investigaciones, elaborar mapas de zonas y estructuras de riesgo y coordinar un abordaje multiagencial.
A esa estructura se agregó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, presentado por el propio Gobierno como una fuerza especializada en narcotráfico, terrorismo, delitos financieros y crimen organizado transnacional, con el objetivo declarado de alcanzar a quienes dan las órdenes y no solamente a quienes ejecutan los delitos.
En abril, además, el Ministerio inauguró el Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), concebido como plataforma para intercambiar información regional y anticipar movimientos de organizaciones dedicadas al narcotráfico. El secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, participa directamente de esa estructura.
La SIDE tampoco puede considerarse ajena al problema. La reorganización del sistema de inteligencia formalizada a comienzos de este año asignó a su Agencia de Seguridad Nacional competencias expresas sobre fenómenos de criminalidad organizada nacional y transnacional, incluido el narcotráfico. La Política Nacional de Inteligencia vigente coloca además entre los objetivos centrales del sistema prevenir y combatir el crimen organizado “en todas sus manifestaciones”.
Argentina tiene, por lo tanto, Migraciones, Policía de la Ciudad, fuerzas federales, una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, una Secretaría específica contra el narcotráfico y el crimen organizado, una Unidad Antimafia, el DFI, un centro regional especializado y una estructura de inteligencia estatal con competencia explícita sobre organizaciones transnacionales.
Sin embargo, un integrante conocido de una banda narco uruguaya, perseguido por sicarios y protagonista de una guerra criminal que era noticia pública del otro lado del Río de la Plata, a sólo 45 kilometros de CABA, ingresó al país, se alojó con su familia en uno de los barrios más vigilados de Buenos Aires y terminó alcanzado por quienes lo buscaban.
La actuación policial posterior permitió detener rápidamente a sospechosos, recuperar armas y reconstruir parte de la fuga, un resultado operativo que deberá diferenciarse del interrogante principal: por qué el Estado comenzó a conocer en profundidad quién era Migales Viera después de encontrarlo muerto y no antes de que la vendetta uruguaya cruzara la frontera. Error fatal. Terroristas yiadistas podrian ingresar sin problemas, si ya no lo hicieron.
Ese será uno de los puntos que deberían esclarecer tanto el Ministerio de Seguridad Nacional como las autoridades porteñas y los organismos de inteligencia. No alcanza ahora con identificar a los tiradores. El verdadero desafío será establecer cómo los sicarios consiguieron completar en Palermo una persecución que había comenzado meses atrás en Uruguay y por qué ninguno de los múltiples organismos creados para anticipar el crimen organizado transnacional consiguió colocar a ese conflicto bajo radar antes del disparo final.
Fuentes consultadas: Ministerio de Seguridad Nacional, Boletín Oficial de la República Argentina, Secretaría de Inteligencia de Estado, Policía de la Ciudad, Ministerio del Interior de Uruguay.
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