El proyecto definitivo incluye un artículo que toma el último aumento trimestral de 2020 como un pago a cuenta del nuevo sistema. Según previsionalistas consultados, de este modo le sacarán un trimestre de ajuste a los jubilados y se generará una alta litigiosidad
Cuando reciban en marzo el primer aumento de haberes según el sistema de movilidad previsional que el gobierno pretende aplicar a partir de 2021, los jubilados argentinos habrán perdido un trimestre de actualización.
Ello es así porque el artículo sexto del proyecto definitivo enviado por Economía a la Comisión Mixta de Movilidad Previsional del Congreso dice que “el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el resultante diferencial entre el porcentual que arroje la aplicación de la fórmula que se aprueba para el incremento y el correspondiente a diciembre de 2020 que dispuso el PODER EJECUTIVO NACIONAL, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N° 27.541”.PUBLICIDAD
Esto significa que el aumento de 5% a pagar en diciembre próximo, según dispuso el reciente decreto 899 del gobierno nacional, será tomado como pago a cuenta del aumento de marzo.
El gobierno aduce que como el aumento de marzo corresponde al segundo semestre de 2020 y en diciembre los jubilados ya recibieron un aumento trimestral, es correcto deducirlo.
La abogada previsionalista Andrea Falcone consideró que la medida es “literalmente, una estafa a los jubilados”. El aumento de diciembre, explicó a Infobae, corresponde al segundo trimestre de este año, por lo que el de marzo, cuando comience el nuevo sistema, no debería tener ninguna deducción, sino un empalme perfecto, pues el primer aumento del nuevo sistema abarcará el segundo semestre de 2020, no habiendo ninguna superposición. Al tomar el aumento de diciembre como un pago a cuenta, el gobierno les está quitando un trimestre a los jubilados, señaló.
“En marzo del 2021 se darán aumentos correspondientes al segundo semestre del 2020. Es una variación semestral que en este caso debe reflejar el aumento desde setiembre a marzo. Pero como en el medio hay un aumento en diciembre, ese aumento va “a cuenta” de lo que será el aumento de marzo”, explicaron desde Economía.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7AKEOCBQHVAVVCSVCMCM4CYJMY.jpg)
Otra imagen de una reciente manifestación de jubilados (Nicolás Stulberg)
La explicación no convenció al previsionalista Adrián Troccoli, quien explicó que el “truco” del gobierno es aplicar la lógica del próximo sistema al actualmente vigente, de modo de que el fisco se quede con un trimestre de ajuste jubilatorio.
Según Troccoli, el gobierno está recurriendo al mismo expediente que aplicó el gobierno de Macri en marzo de 2018, cuando empezó a aplicar el sistema de movilidad previsional sancionado a fines de 2017 (la jornada de los 14 toneladas de piedras en la Plaza del Congreso), pero agravado, porque lo que entonces era un diferimiento ahora es directamente la confiscación de un trimestre. “Cambiaron la frecuencia de ajuste (que de trimestral vuelve a ser semestral) y el rezago les sirve para licuar el aumento con la inflación transcurrida desde el aumento previo”, explicó.
“Esto del pago a cuenta (por el Artículo 6 del proyecto oficial) es insostenible en Tribunales”, subrayó Troccoli, quien recordó que la fórmula aplicada por el gobierno de Macri durante 2018 y 2019 hubiera dado este año un aumento de 41,1%, es decir 13 puntos porcentuales más de aumento del que tuvieron, con los decretos presidenciales, los jubilados que cobraban la máxima, y 4,3 puntos porcentuales más del aumento que tuvieron los que cobran la mínima. “Es lo que dice el fallo de ayer de la Cámara de Paraná que declaró inconstitucionales los aumentos por decreto del gobierno”, señaló.https://drive.google.com/file/d/1YSf0-UJhtzTkB_oK4R5v_NmJRbZBFsOw/preview
En el dictamen al proyecto original (que no incluía el artículo 6, que toma el aumento de diciembre como un pago a cuenta) los funcionarios del Ejecutivo que firmaron el dictamen de mayoría (Fernanda Raverta por la Anses,, Roberto Arias y Raúl Rigo por Economía y Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo por la cartera laboral) suscribieron, junto con seis legisladores oficialistas (los diputados Marcelo Casaretto, Carlos Heller e Hilda Aguirre y los senadores Carlos Caserio, Daniel Lovera y Roberto Mirabella) que retomar el criterio de que el ajuste ponderara 50% los salarios y 50% la recaudación de la Anses (en vez de 70% la inflación y 30% los salarios, como hacía la fórmula aplicada durante 2018 y 2019) permitiría “recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de financiamiento” y que “volver a una actualización semestral permitirá acompañar un proceso de desindexación de la economía”. Y agregaron que al “reducir en tres meses el rezago de las principales variables involucradas” permitiría reducir los “focos de litigiosidad”.
Pero con el artículo 6 del proyecto definitivo, dijo Troccoli, el efecto será exactamente el contrario.
El argumento del gobierno es que en 2018 Macri aplicó un primer aumento trimestral en marzo, cuando en realidad debía haber dado un aumento semestral y por eso jubiladas y jubilados sufrieron “una fuerte pérdida en el poder de compra”. Esa pérdida, en todo caso, se amplió con la anulación de la ley anterior y su reemplazo con aumentos trimestrales por decreto que aplicó el gobierno de Alberto Fernández. Un estudio de los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo, del Ieral de la Fundación Mediterránea, calculó que con las actualizaciones por decreto, en vez de aplicar el sistema anterior, en 2020 el gobierno se “ahorró” $ 108.000 millones, equivalente a 0,4% del PBI, a costa de los jubilados.
En el gobierno insisten en que como durante 2020 los aumentos fueron trimestrales y en 2021 se pasará a un sistema de ajuste semestral corresponde deducir el aumento trimestral otorgado en diciembre. Pero, como dicen Falcone y Troccoli, dado el rezago del sistema anterior, el aumento de diciembre correspondía en rigor al segundo trimestre de 2020, por lo que no hay ninguna superposición y no corresponde ninguna deducción o consideración de pago a cuenta.
Los jueces tendrán la última palabra.
