El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el presidente Alberto Fernández publicaría en el Boletín Oficial actuará como una “recomendación” que establecerá un marco general sobre las nuevas restricciones, pero será cada gobernador el que defina cómo se implementará en cada distrito, según aseguró a LA NACION, una altísima fuente de la Casa Rosada.
Pese a que desde el gobierno nacional hablaron de un consenso con los mandatarios provinciales, tres distritos anticiparon que no acatarán la disposición: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que, con distintos matices, anunciaron que no aplicarán la restricción de la circulación desde las 23 a 6, horario que confirmó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, tras reunirse ayer por la tarde con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.
La definición del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, además, abrió interrogantes sobre cómo se aplicará la norma, que establecerá sanciones para aquellos que circulen después de las 23, en el Área Metropolitana, que integran la Ciudad y los 24 municipios que la rodean.
El decreto, que saldría publicado en el Boletín Oficial, no hablará de toque de queda, como se especuló en los últimos días. En esto trabajaron durante gran parte del día el Presidente, Cafiero; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
El objetivo de la restricción es bajar el número de contagios -que por tercer día consecutivo superaron los 13.000 nuevos enfermos- y establecer un mensaje uniforme de que, debido al relajamiento social, la situación es “preocupante”. La decisión de atemperar la redacción de la norma estuvo fundada en las diferentes realidades que atraviesan las provincias.
El decreto, que tendría una extensión de 14 días, también bajará la frecuencia de los vuelos al exterior -bajará entre un 30 y un 40 por ciento- y a los turistas internos se les exigirá la presentación de un test PCR al llegar a destino por la vía área. Además, se acotará a 10 el número de personas en reuniones y el transporte público será de uso exclusivo de los trabajadores esenciales.
Si bien creció la preocupación en Balcarce 50, el Presidente busca evitar la parálisis de la economía, como sucedió el último año, y tampoco quiere entorpecer la temporada de verano, algo que reclamaron algunos jefes comunales como Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Martín Yeza (Pinamar).
Antes de que se conozcan los detalles del decreto, el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, anunció que no adherirá a la restricción de la circulación nocturna que dispondrá el gobierno nacional. “Vamos a seguir con el sistema de trabajo con el cual veníamos hasta ahora, es decir, la actividad productiva está la 24 hora abierta, los comercios hasta las 23 y los bares continúan con posibilidad de funcionar hasta la 1 de la mañana”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa.
El mendocino Rodolfo Suárez fue otro de los que se opuso, incluso fue el único que lo planteó en el encuentro que encabezó el Presidente con los gobernadores. “Por el momento no vamos a tomar ningún tipo de medidas y seguiremos en las mismas condiciones”, dijo en los últimos días en declaraciones públicas
El jefe de gobierno porteño se mostró a favor de cerrar los comercios por la noche, pero consideró que no era el momento de restringir la circulación. La Ciudad se inclina por seguir monitoreando la evolución de los casos y recuperar “la responsabilidad social”.
A Rodríguez Larreta se sumó el rechazo del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. “Nuevamente el Gobierno elige restringir las libertades individuales como única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus. Consideramos que faltan alternativas para cuidar a los argentinos sin descuidar la economía”, escribió en redes sociales Cristian Ritondo. Otro de los que objetó la medida fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri: “Pagan justos por pecadores. El rebrote no se generó con la reapertura de comercios y gastronomía. Ellos cumplen los protocolos. El problema fue lo informal e ilegal”.
El mecanismo vigente, que establece los límites del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DIspo), explica en su artículo cuarto que cada provincia podrá adherir a las nuevas normas. “El cumplimiento depende de cada jurisdicción”, explicó Capitanich.
Al cierre de esta edición también había dudas sobre las sanciones que podría acarrear el incumplimiento del decreto en los distritos en los que se implementen. Según fuentes oficiales, una de las opciones en debate era la aplicación del artículo 205 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
