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Pese a que esta semana transcurrió el segundo y mayor paro del campo al Gobierno de Alberto Fernández, en un conflicto que lejos de cerrarse parece haber dejado heridas de desconfianza, quizás la noticia más trascendente, en términos de impacto económico sobre el ecosistema agropecuario argentino, es el reciente fallo judicial del juez que lleva el concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini.
El magistrado de Reconquista, Santa Fe, pesificó las deudas de la agroexportadora con 1.266 acreedores granarios y así reconoció de hecho 5 veces menos que el reclamo total de los 1321 demandantes en ese rubro.
Los proveedores de Vicentin que habían entregado cereales y oleaginosas (acopios, cooperativas, corredores, etc.) pidieron en conjunto 19.172.796.333,23 pesos y 166.360.452,56 dólares y se les verificaron créditos por 23.956.545.784,63 pesos y 31.211.979,47 dólares.
En tanto, a 27 entidades financieras, entre bancos públicos y privados, argentinos y de otros países se les reconoció las acreencias en dólares, 1.000 millones, entre los cuales se destaca el Banco Nación, con US$ 296.000 por cobrar.
Listado de los acreedores financieros y los créditos verificados en el concurso de acreedores de Vincentin.
Además de esas cifras, en el mismo fallo, de 6 resoluciones que sumaron 100 fojas, Lorenzini estableció que quedan por “recalcular” US$ 853 millones de Oleaginosa Moreno, la socia de Vicentin en la empresa Renova.
Sentencia “acorde a derecho”
El efecto de la pesificación se agudiza en el contexto de la Argentina, por la evolución del tipo de cambio y las brechas entre las distintas cotizaciones de mercado. Porque debe tenerse en cuenta que la conversión de monedas se efectuó según el tipo de cambio oficial, y al momento de inicio del concurso (febrero de 2020) cuando estaba en $65; ahora está a $85. Además, habrá que ver en cuánto estará el tipo de cambio oficial cuando se efectivicen los pagos: de cualquier modo, los montos quedaron prácticamente definidos a $ 65. Aunque hasta el 5 de marzo hay derecho a apelar.
Incluso debe tenerse en cuenta que la categoría “mercadería en depósito” se valuó según la cotización de febrero 2020, conforme al precio de entonces en la Bolsa de Comercio de Rosario. El asunto es que la soja y el maíz hoy cotizan prácticamente al doble que en ese momento.
Antes de profundizar en el análisis del caso, debe aclararse que la normativa concursal no le dejaba mucho margen al juez para reconocer el valor en dólares de los granos. El mismo Lorenzini argumentó que “nuestra ley concursal no ofrece herramientas que tengan la flexibilidad necesaria”, para contemplar la dolarización total de la deuda.
Ello se reconoce entre los juristas e incluso en el sector. De hecho, menos del 30% de los acreedores granarios presentaron el reclamo totalmente dolarizado.
Con todo, el juez advierte, en tono de sugerencia constructiva, que “los acreedores granarios en pesos y la concursada, pueden explorar opciones que involucren la recomposición de los créditos”. Eso supone acuerdos de partes que vayan más allá de lo sentenciado, para explorar “un plan de salida de la crisis”.
¿Hay luz al final del túnel?
La tremenda licuación de valor que afecta a productores y empresas agropecuarias de distintas provincias, jugadores clave del sector más dinámico entre las actividades productivas de la Argentina, es considerada por muchos como una bomba para la cadena granaria, por las pérdidas de capital de trabajo que implica no sólo para los directamente involucrados, sino también a toda la red de bienes y servicios vinculados.
Ahora bien, sin menospreciar ese indudable impacto, sino ponderando su importancia, aquí intentaremos mirar hacia adelante, como es tradición de Clarín Rural, buscando una luz al final del túnel. De ahí, la impronta de ilusión que conlleva el título.
El diagnóstico no soslaya que los primeros responsables de esta situación fueron los directivos de la agroexportadora. Pero después otros la complicaron. “El Gobierno tuvo dos posturas extremas, primero con la expropiación-intervención y luego desertó. Nunca propició un plan racional, viable y sustentable“, criticó el diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista), ex ministro de la Producción santafesino.
En un sentido parecido ha opinado Diego Guelar, avezado diplomático que asesora al directorio de Vicentin: “Estamos bregando para hacer viable esta empresa pero será muy difícil hacerlo contra la voluntad del Gobierno”, en un sutil convite a una articulación público-privada consensuada.
Pese a las dificultades, el renovado directorio que asumió en octubre, los interventores designados por el juez en diciembre y varios acreedores siguen conversando para la posibilidad de integrarse en una solución, incluso con otros socios”.
En término de pensar “una nueva Vicentin”, quizás con otros accionistas, coinciden con Contigiani en que todavía se puede pensar en una “integración de nuevos asociados, hacia el gran objetivo de preservar el valor de una gran empresa, que aún genera empleo y dinamismo económico de importancia nacional”.
El juez lo propuso, los actores lo analizan. Hasta septiembre, cuando se debe presentar la propuesta concursal definitiva, habría tiempo de negociar para desactivar esta bomba económico-productiva.
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