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Si bien todavía no se realizaron las audiencias públicas a las que convocó el Gobierno para iniciar el proceso de aumento de tarifas, internamente ya pareciera haberse definido el desenlace. Como señalaron en un primer momento los funcionarios más vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner, los servicios de luz y de gas aumentarán en un dígito, no más de 9%.
Esta decisión se tomó a pesar de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tenía la intención de aumentar los servicios en línea con la inflación proyectada en el presupuesto, de 29%, para evitar una escalada de los subsidios. Pero su voluntad dentro de la coalición gobernante perdió peso en este tema a medida que transcurrían las semanas.
Cualquier incremento de tarifas que se realice a partir de abril, impactará en las facturas de mayo y se sentirá con mayor peso con el aumento de la demanda de gas y de electricidad en el invierno. Por lo tanto, en el Gobierno quieren que el incremento sea el menor posible para que no afecte la contienda electoral.
El alza de 9% que están pensando los entes reguladores del gas y la electricidad, Enargas y ENRE, tendría como destino oxigenar en algo a las empresas de distribución de ambos sectores, entre las que se encuentran Metrogas, Camuzzi, Naturgy, Edenor y Edesur. Porque a pesar de que los funcionarios acusan que estas compañías recibieron “importantísimas ingentes ganancias” durante el gobierno de Mauricio Macri, admiten que después de casi dos años de congelamiento sus ingresos no alcanzan para cubrir los costos.
En la Subsecretaría de Energía Eléctrica, conducida por Federico Basualdo, anterior interventor del ENRE, se propuso además transferirles $60.000 millones a Edenor y Edesur –las dos distribuidoras que están bajo jurisdicción nacional, las demás están reguladas por las provincias–, como adelantó el portal Econojournal. “Todavía es una posibilidad, pero no hay nada en concreto”, indicaron a LA NACION en el Gobierno.
La semana pasada, Edesurpresentó un balance con pérdidas por $6065 millones en sus resultados financieros de 2020, e indicó que tal resultado se debía al “congelamiento tarifario vigente y a varias medidas impuestas por decretos de necesidad y urgencia (DNU) y otras relacionadas durante la pandemia”.
Antes de aplicar los aumentos tarifarios, sin embargo, tanto el Presidente como el secretario de Energía, Darío Martínez, aclararon que, con el sistema de revisión integral (RTI) vigente que heredaron del anterior gobierno, el gas debería haber aumentado un 80 % en octubre de 2019 y debería aumentar un 130% en abril, mientras que la electricidad debería aumentar un 168%.
“Están saliendo a decir por todos lados que de ser por Macri, la tarifa debería haber aumentado más del 100%. Vía audiencia publica dirán que aprobaron un 9%, mostrándole a la ciudadanía la patriada que hicieron. Y eso será la tarifa de transición, hacia una RTI que no sucederá en el corto plazo”, dijeron en una empresa de distribución, y aclararon en otras palabras: “Le muestran a Doña Rosa el sendero de Aranguren [exministro de Energía] con la quita de subsidios y un precio de gas expresado en dólares, que luego de las sucesivas devaluaciones ya había perdido vigencia”.
Disparada de los subsidios
Los incrementos tarifarios no le significarán ningún alivio a las transferencias del Tesoro, y en el Gobierno ya dan como un hecho que no se llegará a cumplir el objetivo de que los subsidios energéticos se mantengan constantes en 1,7% del PBI este año.
El interventor del Enargas, Federico Bernal, dijo la semana pasada, en declaraciones a El Destape Radio, que “la cuestión de que los subsidios no superen el 1,7% del PBI se está conversando; no es un porcentaje que esté cerrado”. Para comparar, Guzmán proyectó este año un déficit total de 4,5% del PBI, en el cual el gasto en energía podría representar el 2% del producto.
Los subsidios energéticos llegaron a significar el 3,5% del PBI en 2014, luego de años de tarifas congeladas y financiadas por el Estado. Esto derivó en una caída fenomenal de las inversiones que provocó un desplome de la producción y que se debió reemplazar con importaciones. Por eso entonces se trajeron dos buques para regasificar el gas líquido que se compraba en el exterior (uno emplazado en Escobar y otro en Bahía Blanca) y se firmó un acuerdo con Bolivia para que sea proveedor.
Con la llegada de Axel Kicillof al Ministerio de Economía, se lanzó el primer Plan Gas y la oferta interna volvió a reactivarse. De esta forma, cuando comenzó la gestión de Macri, los subsidios a la energía representaban el 3% del PBI. Luego de los aumentos de tarifas, y a pesar de las constantes devaluaciones que encarecían los costos en dólares, los subsidios se redujeron a 1,5% del PBI.
El año pasado, si bien las tarifas se mantuvieron congeladas durante todo el año, la caída del precio internacional del gas por el derrumbe del consumo por la pandemia permitió que el gasto en energía no se disparara. Sin embargo, el Gobierno no contará con esa ventaja este año.
Además, la Secretaría de Energía ya anunció que regresaba el buque regasificador a Bahía Blanca, luego de que se despidiera en 2018. Por ahora, el objetivo del Presidente de “recuperar el autoabastecimiento y generar las condiciones para que todos los argentinos y todas las argentinas tengan acceso a la energía en forma eficiente” parece cada vez más lejano.
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