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Disminuir la presencia política y restituir el equilibrio de poder en el Consejo de la Magistratura parece ser una idea aceptada por el oficialismo y por la oposición. Poco se conoce sobre la letra o los alcances que tendrá la reforma del órgano que sanciona y selecciona a los jueces, pero las manifestaciones de Alberto Fernández y Cristina Kirchner dejaron en claro que el Gobierno tiene en agenda modificarlo.
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura es, de hecho, la única de las iniciativas anunciadas por Fernández en torno a la Justicia que estaría tomando forma por estas horas. Este órgano de alta relevancia institucional está en un momento caliente: hay concursos abiertos para cubrir cargos clave en la justicia federal, y expedientes abiertos contra jueces que el Gobierno tiene en la mira.
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Hoy, de los trece miembros, siete son políticos. La actual composición tiene tres representantes por los jueces, tres por Diputados, tres por Senadores, dos por abogados (uno de la Capital Federal y otro en representación de las provincias), uno por el Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico o científico.
La Comisión de juristas que asesoró a Fernández le propuso que el Consejo funcione con 16 miembros y que no exista un representante del Poder Ejecutivo. Esta propuesta implicaría una composición de cuatro abogados, cuatro legisladores, cuatro jueces y cuatro académicos y/o científicos. Según esas recomendaciones, la presidencia del Consejo contaría con doble voto para dirimir supuestos de empate.
La actual composición surgió a instancias de un proyecto de Cristina Kirchner cuando era senadora nacional y por el que se pasó de 20 a 13 miembros. Esa conformación fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en una sentencia que luego fue apelada por la Casa Rosada. La decisión está en manos de la Corte Suprema hace años. Este planteo podría devenir abstracto si se sancionara una reforma que restituya el equilibrio de poder en el Consejo.
“Debemos despolitizar ese ámbito”, dijo Fernández en el discurso del lunes pasado, donde disparó contra la Justicia y habló de un “Poder Judicial en crisis”.
“Menos política y más representación de los que están en la diaria, en los lineamientos que planteó el Presidente”, enunció a LA NACION un colaborador de Diego Molea, el flamante titular del Consejo, que trabaja en un borrador en sintonía con las recomendaciones elevadas por la Comisión de Expertos al Presidente en noviembre del año pasado. Aunque también, reconstruyó este medio, se baraja el número 17 para la cantidad de miembros.
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El representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz y Molea actúan en tándem. “Hay unidad de concepción y acción”, afirman del lado de uno de ellos. Ustarroz tiene llegada directa a la vicepresidenta Cristina Kirchner y es uno de sus hombres de confianza.
“Estoy de acuerdo en que hay que devolverle al Consejo el equilibrio del estamento. Yo estaría de acuerdo en una modificación de la integración que le devuelva a los jueces y a los abogados la representatividad que han perdido. Pero quiero ver qué forma de elección proponen”, dijo el diputado (Pro) Pablo Tonelli a LA NACION.
“Sería razonable en la medida en que no se quieran hacer otras modificaciones que desnaturalicen el funcionamiento del Consejo, como por ejemplo, que se alteren las mayorías para sancionar a un juez o para aprobar ternas”, agregó Tonelli. Consultado por LA NACION, el juez Alberto Lugones coincidió con que no debería modificarse la mayoría de dos tercios.
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“Estoy de acuerdo con mayor equilibrio pero los estamentos según la Constitución son los abogados, los jueces y los políticos. No están los académicos como parte de ese equilibrio”, dijo a LA NACION el juez Juan Manuel Culotta.
“Quizás la integración original de 20 presidida por un miembro de la Corte sea la que mejor funciona, no porque 20 sea el número ideal, sino por la representación que tiene “, agregó Culotta.
Pero todavía retumban en algunos oídos las palabras de Cristina contra el Poder Judicial en su alegato ante la Cámara de Casación. “A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando. No importa. Pero somos un poder profundamente democrático”, dijo Cristina.
A uno de los consejeros esa alusión al mecanismo para designar jueces le refrescó una de las iniciativas del paquete de leyes conocidas como “Democratización de la Justicia”, que promovía la elección de los miembros del Consejo mediante el voto popular (y modificaba directamente los mecanismos de selección de jueces). “Espero que sea solamente un deja vú”, agregó ese consejero a LA NACION.
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