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La lista de testigos que queda por delante es extensa: unas cien personas aún deben declarar en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, recientemente condenado a doce años por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K. Mientras el juicio avanza, la Corte Suprema de Justicia tiene para su análisis nueve recursos, entre ellos seis que son de Cristina Kirchner y que podrían afectar el debate oral.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti -entre otros-, y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, tras haber investigado el favorecimiento irregular del grupo Austral con 51 contratos viales “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Esas licitaciones supuestamente direccionadas le dieron ingresos por 46.000 millones de pesos al conglomerado del empresario K.
En base a esa acusación central, en mayo de 2019 comenzó el juicio oral a cargo del TOF 2 presidido por el juez Jorge Gorini junto a sus pares, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. El fiscal interviniente es Diego Luciani.
Por delante, y en medio del año electoral, quedan por declarar cien testigos, que van siendo citados según bloques temáticos. La extensa lista demandará todo el 2021, porque además los jueces integran otros tribunales que afrontan juicios en simultáneo. En esta causa habrá una sola audiencia semanal hasta que concluya uno de los debates en curso.
No será sino hasta 2022 que el juicio entre en etapa de alegatos, donde la Oficina Anticorrupción (OA) conducida por Felix Crous ya anticipó que no participara de las acusaciones.
El ritmo de audiencias podría verse afectado también por la resolución de algunos recursos que se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia. Hay allí quince pedidos planteados por De Vido, Báez y seis de los cuales los presentó Carlos Beraldi -que integró la comisión revisora del Máximo Tribunal-, abogado de Cristina Kirchner.
Según fuentes de la causa, si esos recursos avanzan en la Corte “podrían ser determinantes en la continuidad del juicio y el tiempo del mismo”.
Para refutar la acusación sobre la concentración económica de la obra pública a favor de Báez, la defensa de Cristina Kirchner había requerido una pericia de toda la obra pública en todas las provincias, para saber si “hubo o no sobreprecios en las obras, se presentaban o no deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de licitación”.
En respuesta a este pedido, el TOF 2 autorizó un peritaje sobre cinco casos testigo de obras asignadas Báez, y que arrojó por parte de los peritos oficiales sobreprecios de entre 170 y 200 millones de dólares. Asimismo determinaron que el empresario K no contaba con capacidad técnica para ganar los contratos, y que varias obras no se concluyeron. La perito por parte de la vicepresidenta dictaminó lo contrario en todos los puntos.
El reclamo para que se amplíe esa pericia se encuentra en la Corte, y si la misma autoriza que se incluya una mayor cantidad de licitaciones se vería retrasado el juicio que inició en mayo de 2019. Otro de los reclamos es la recusación a uno de los peritos. A esto suman otros tres recursos para quejarse sobre pruebas producidas.
La defensa de la vicepresidenta planteó en diversas instancias que están ante un doble juzgamiento al decir que este hecho ya fue investigado y sobreseído por la justicia de Santa Cruz, “acá (por el TOF 2) nos dijeron que no era lo mismo cuando lo planteamos, y ustedes los jueces se convierten en los arietes del flagelo que es identificar a la política con la corrupción”, dijo Cristina en su indagatoria. En el TOF 2 observan con atención cómo se pronunciará el máximo tribunal, ya que podría ser determinante en la continuidad del caso.
Sin embargo, un antecedente reciente desalienta las expectativas de Cristina: en noviembre pasado, como respuesta a un reclamo de Julio De Vido en otra causa, la Corte se negó a admitir una pericia similar a la que reclama la vice.
Cuando declaró como acusada, el 2 de diciembre de 2019, la vicepresidenta sostuvo que la causa carecía de sustento jurídico para acusarla, se refirió al lawfare y esgrimió que todo responde a una persecución política para desprestigiarla como dirigente.
El expediente, en cambio, sostiene que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con los que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales de Santa Cruz, con sobreprecios del 65% a favor” de Báez. Según la acusación del fiscal, todo fue comandado por la vicepresidenta, y dichas maniobras “derivaron en la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero”.
Fuente Clarin
