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La primera de las audiencias convocada por la Secretaría de Energía se desarrollará el lunes con 42 oradores
El gobierno nacional iniciará el lunes y el martes próximos el proceso de audiencias públicas mediante el cual pondrá en discusión el costo del precio del gas a boca de pozo y el margen que deberá asumir mediante subsidios, así como la actualización del transporte y la distribución mediante un cuadro tarifario de transición que pondrá punto final a dos años de congelamiento.
La primera de las audiencias convocada por la Secretaría de Energía, se desarrollará de manera virtual el lunes, a partir de las 10, y que con 42 oradores inscriptos será presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
La segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará el martes, a partir de las 9, en este caso convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en la que se analizará la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las 9 distribuidoras que abarcan todo el país.
Qué se debatirá en la primera audiencia
En la primera audiencia el eje estará puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist) que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
Tras la presentación de la Secretaría de Energía y de las empresas productoras de gas natural, la audiencia dará un espacio de 10 minutos a cada uno de los oradores inscriptos para que puedan exponer sus puntos de vista.
Entre los expositores inscriptos se encuentran legisladores nacionales, representantes de las defensorías del Pueblo de la Nación, de la Ciudad de Buenos y de la Provincia de Buenos Aires, asociaciones de defensa del consumidor, así como directivos de entidades empresariales y de organizaciones no gubernamentales.
Entre los expositores habrá legisladores, representantes de las defensorías del Pueblo, asociaciones de defensa del consumidor, directivos de entidades empresariales y de organizaciones no gubernamentales”
En la presentación del Informe Técnico de la Secretaría de Energía que conduce Darío Martínez, se destacó que el Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria, lo que en 2021 demandaría un costo fiscal de $ 132.963 millones y una necesidad de partidas de $ 56.087 millones no presupuestadas.
A partir de ese estado de situación, se plantearon distintos escenarios, en los que se estimó que cuando el Estado nacional asume un costo del 35%, no se requieren partidas presupuestarias adicionales.
Tal escenario es compatible con un costo fiscal de $ 76.875 millones conforme a la pauta presupuestaria vigente y los restantes $ 144.729 millones a cargo de los usuarios, esquema hipotético que implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 63%.
Esto se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 26 y el 35 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.
Pero la estimación es una teorización del esquema de equilibrio que se anticipa no se podrá aplicar por la preocupación del Gobierno de asegurar el menor impacto posible en los presupuestos de los usuarios y sus familias, como así también el impacto inflacionario que tendría en momentos en que se trabaja en una pauta del 29% para todo 2021.
La segunda etapa de esta revisión tarifaria comenzará el 16 de marzo convocada por Enargas
La segunda audiencia
En tanto, la segunda etapa de esta revisión tarifaria comenzará el martes 16 de marzo, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Para esta instancia el ente llevaba inscriptos alrededor de 200 oradores, quienes podrán analizar las propuestas que las distribuidoras de gas natural presentaron al Ente para la actualización tarifaria en las que plantearon un ajuste del componente de distribución considerando el algoritmo de cálculo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), para el período de abril de 2019 y febrero de 2021.
La variación resultante de la comparación de las distintas operadoras resultó de hasta 148,9%, para lo cual las empresas presentaron sus propuestas alternativas de ajuste tarifario que arrojaron disímiles impactos según los diferentes consumos y fórmulas aplicadas.
Las opciones que proponen las empresas para ajustar tarifas contemplan un aumento de los cargos fijos, o de los cargos variables, o una combinación de ambas, que permitan abordar una tarifa de transición para 2021 y alineada a un impacto esperado en la economía de los hogares en torno a un 10%.
Las distribuidoras que participarán de la audiencia pública y que presentaron sus requerimientos son Gasnea, Redengas; Naturgy BAN, Gasnor, Gas del Centro, Gas Cuyana, Metrogas, Litoral, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
Para esta instancia el ente llevaba inscriptos alrededor de 200 oradores, quienes podrán analizar las propuestas que las distribuidoras de gas natural presentaron al Enargas.
La propuesta de la empresas transportadoras
Lo propio hicieron las empresas Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN), quienes elevaron pedidos de incrementos de hasta el 58%, con un impacto sensiblemente menor en la factura final de acuerdo a su ponderación.
TGS propuso un incremento de transición de 58,6% y los correspondientes nuevos cuadros tarifarios resultantes para las distintas categorías de usuarios de acuerdo a su consumo mensual, y tomando como referencia un cliente de la distribuidora Metrogas, la más alejada de los centros de producción y con mayor impacto del transporte.
En el caso de TGN, la empresa propone un incremento en la tarifa local de transporte del 44,5%, y para ello toma como ejemplo el área de la distribuidora Gasnor, Subzona Tucumán, y el área de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires.
La realización de las audiencias públicas tienen un carácter no vinculante para la decisión de incrementos tarifarios que se puedan adoptar, si bien su concreción resulta necesaria para poder llevar adelante los ajustes.
Fuente Telam
