Luego de tres meses de quietud, el kirchnerismo reactivó la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal con una recargada batería de críticas, reproches y pedidos de informes contra el procurador interino Eduardo Casal y Carlos Stornelli, fiscales apuntados por Cristina Kirchner como instrumentos de la guerra judicial que, sostiene, lleva adelante el macrismo en su contra.
La principal embestida estuvo dirigida a la presidenta del jury de enjuiciamiento de fiscales, Adriana Donato, a quien el oficialismo, con el diputado Rodolfo Tailhade (Buenos Aires) a la cabeza, pretende desplazar del tribunal que tiene a su cargo el análisis de la conducta de los fiscales y cuya presidencia ejerce en este momento.
Pero el oficialismo también abrió nuevos frentes de batalla contra Stornelli. La senadora María de los Angeles Sacnun (Santa Fe) pidió investigar la supuesta vinculación del fiscal con un vendedor de objetos nazis condenado en una causa judicial. Lo hizo basándose en un artículo publicado por el portal ultrakirchnerista El Destape.
También se sumó una nota elevada por el presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau (Buenos Aires), en la que traslada el auto de procesamiento contra Stornelli dictado por el ahora exjuez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en la causa por supuesto espionaje a políticos y periodistas.
Además, Tailhade le pidió que la bicameral abriera una investigación sobre la actuación del fiscal Abel Córdoba por el cierre de la causa en la que se investigó la concesión directa del espectro radioeléctrico al grupo francés Thales Spectrum durante el gobierno de Carlos Menem.
Córdoba fue fiscal en la causa por lavado de dinero en la que terminó condenado a 12 de prisión el empresario Lázaro Báez por el delito de evasión fiscal, expediente que podría servir para fundamentar las acusaciones por corrupción que enfrenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Sin los votos en Diputados para sancionar la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con la que el kirchnerismo pretende que relajar la mayoría necesaria para designar al Procurador General, el oficialismo decidió en diciembre último avanzar sobre la conformación del tribunal de enjuiciamiento de fiscales objetando la designación de Donato.
El argumento usado por Rodolfo Tailhade apuntó destacar la condición de Donato como abogada en actividad, ya que mantiene su matrícula vigente, y de asesora de la Fiscalía General porteña que, dijo, son incompatibles con su nombramiento en el jury como representante del Colegio de Abogados de la Capital Federal.
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Tanto Donato como la Fiscalía General porteña rechazaron en sendas notas las imputaciones del diputado kirchnerista.
Sin embargo, Tailhade volvió a la carga y acusó a Donato de tener una “evidente vinculación con lo que fue el macrismo”.
“Siempre fue funcional al macrismo, nunca representó a la abogacía independiente”, agregó Tailhade, quien denunció que, cuando presidió el Consejo de la Magistratura, Donato participó de la maniobra que le permitió al macrismo tener mayoría para impulsar la acusación contra el camarista Eduardo Freiler.
A eso, el legislador sumó el registro del ingreso de la abogada a la Casa de Gobierno en enero de 2017 junto al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. “¿Qué hacía la doctora Donato ingresando a la Casa Rosada si respondía a la abogacía y no al macrismo?”, se preguntó Tailhade.
Cuestionamientos de la oposición
La oposición rechazó las pretensiones del oficialismo de avanzar con el desplazamiento de Donato, recordándole que la bicameral no tiene esa facultad, y replicó en duros términos políticos las imputaciones del kirchnerismo,
“Acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal y Stornelli. Parece que es una fijación, a toda costa quieren cambiar la integración del jury”, denunció la senadora Silvia Elías (UCR-Tucumán).
También sumaron sus voces los diputados Cristian Ritondo (Pro-Buenos Aires), quien pidió cerrar el pedido kirchnerista porque se “está extralimitando los alcances de la comisión”, y Emiliano Yacobitti (UCR-Capital), quien aseguró que debe ser la Justicia la que resuelva el problema sobre la situación de Donato.
Al final, Tailhade reconoció que la bicameral no tiene facultades para desplazar a Donato del tribunal y debió conformarse con que la comisión curse, con el voto del oficialismo, sendas notas al Colegio Público de Abogados y al procurador interino Casal para que brinden su opinión sobre si Donato está incurriendo en alguna incompatibilidad que le impida ejercer su función en el jury de los fiscales.
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