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“Priorizar ha sido y es el gran debate y el gran conflicto de esta pandemia”, dice a Clarín Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO.
“Es la palabra que resume lo que hemos vivido desde la perspectiva bioética -agrega De Montalvo, quien además es profesor de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas-. En España sucedió algo que también ocurrió en Argentina, aunque en menor medida, cuando nos dimos cuenta de que teníamos más personas que necesitaban un soporte vital de respiradores que los aparatos que teníamos. Eso fue durísimo. Es lo que se llama una priorización de exclusión. Y la priorización complicada ahora la tenemos con las vacunas.”
-¿Cómo se gestiona esa priorización?
-Se gestionó mal de parte de las administraciones porque no se fijaron criterios iguales para todos. Es lo que sucede en una pandemia: recursos escasos ante una demanda inmensa. Y ahora lo vemos con las vacunas: tenemos una cantidad de dosis y hay que decidir a quién se les da.
-¿Sería ético que la vacuna contra el coronavirus fuera obligatoria?
-La vacunación podría ser obligatoria en el contexto en el que estamos. Sería legalmente posible porque hay una norma, una ley del ’86 que lo avala, y luego porque es la medida más adecuada para luchar contra la pandemia, según los organismos internacionales. Pero vengo defendiendo, dentro de la estrategia de vacunación, que actualmente no es necesario. Una cosa es que algo sea posible legalmente y otra es que sea necesario.
-¿Por qué no es necesario?
-Es verdad que el rechazo o la desconfianza hacia la vacuna, en las primeras encuestas, fue muy descarado pero dijimos que eso iba a cambiar cuando la vacuna cobrara confianza. Y acertamos porque, ahora mismo, prácticamente todo el mundo se quiere vacunar. Imponer una vacunación forzosa ahora no sería constitucional porque sería imposible de justificar esa medida.
-¿Y qué opina de la modificación de ley que hizo Galicia para castigar con multas a los que no se vacunen, si la vacuna llegara a declararse obligatoria?
-La idea de dotar al ordenamiento jurídico de medidas ante una hipótesis no está mal porque las leyes no tienen que aprobarse ante hechos consumados, tienen que aprobarse en previsión de que ocurran. Pero una medida que no es vacunación forzosa sino sanción por no vacunación me plantea dudas.
El pinchazo a todos nos duele igual, a los ricos y a los pobres. La sanción económica, no“
Federico de Montalvo
Presidente del Comité de Bioética de España
-¿De qué tipo?
-El pinchazo a todos nos duele igual, a los ricos y a los pobres. La sanción económica, no. Si se dijera: “El que no se vacuna no sale a la calle”, pues eso nos afecta a todos por igual, pero una sanción económica no tiene en cuenta la vulnerabilidad. ¿Cómo justificamos éticamente que alguien pagando no se vacune? Hay personas para las que una sanción de mil euros les puede hacer daño al bolsillo, pero poco, y hay personas para las que esos mil euros es el salario de dos meses. Buscar medidas ahora no está mal pero me gustan más los incentivos positivos como premiar al que se vacune.
-Premiarlo con un pasaporte inmunitario, por ejemplo…
-No son nuevos los documentos que acreditan vacunaciones para poder viajar. Pero en esta iniciativa, para mí, hay dos objeciones principales, una científica y una ética. La científica es que no está acreditado que la vacuna impida el riesgo de transmisión. La objeción ética es preguntarnos: ¿Es justo privarle de algo a alguien que a su vez está privado de la vacuna? La persona no se ha vacunado, no por voluntad propia, sino porque no está entre los priorizados. Es decir, hay personas que no pueden acceder a la vacuna y si, además, no les damos el pasaporte, estaríamos hablando de un doble castigo. El pasaporte inmunitario tendría menos problemas si hubiera un acceso universal a la vacuna.
-¿Cómo se puede resolver?
-Con lo que dijo (la canciller alemana Angela) Merkel: que el pasaporte se puede dar en tres contextos: por inmunidad por vacuna, por inmunidad por enfermedad o por enfermedad no activa por PCR. Con eso se podría salvar la objeción al principio de justicia. Pero es un mundo de grises.
-En varias regiones de España la Justicia intervino en las restricciones impuestas y las ablandó, como por ejemplo en el País Vasco, donde le dio la razón a los bares y restaurantes que el gobierno autonómico quería mantener cerrados. ¿Qué debería primar cuando la Justicia falla en contra de las medidas sanitarias?
-Un informe de la Fiscalía decía que aquí no basta con decir que hay una pandemia y pedir medidas que afectan a derechos fundamentales. Se debería hacer un esfuerzo mínimo para justificarlo. El que limita un derecho tiene que demostrar las razones. Lo que los jueces piden, cuando se limitan derechos, es un mínimo de argumentación. No decir “pandemia”, “terror”, “miedo”, “muerte”. La Justicia puede decir: “¿Usted no puede usar otra medida menos coercitiva? Explíquemelo”.
-¿Cuál es su posición frente a la iniciativa de inocular el virus del Sars-Cov-2 en personas sanas, como se está evaluando hacer en el Reino Unido?
-Investigaciones en sujetos sanos son habituales pero el problema que tiene esto es en qué medida la persona acepta voluntariamente. El problema aquí no es que a sujetos sanos se les aplica la vacuna sino que se les está inoculando la enfermedad. Podría llegar a admitirse siempre que se justifique que eso es necesario hacerlo así, siempre que se haga una selección rigurosa de las personas y que haya un mecanismo de control, de vigilancia, y siempre que quede debidamente acreditada la voluntad de las personas. Para eso tiene que haber dos elementos: información suficientemente clara y que no haya relación de dependencia. Pero en el contexto actual es complicado.
Madrid. Corresponsal
ap
Fuente Clarin
