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La Asociación de Magistrados pidió esta martes que se declare inconstitucional la intimación por parte de la Anses a jueces y fiscales, para que decida si se jubilarán o retirarán su expediente previsional. El escrito presentado va contra las 200 cartas documento remitidas desde el organismo que dirige Fernanda Raverta.
Despues de que el organismo que dirige la camporista Raverta avanzó en el envío de cartas documento a 200 jueces y fiscales para que decidan si se jubilan o retiran el expediente iniciado para tales fines, la Asociación de Magistrados realizó una presentación ante el fueron contencioso administrativo, reclamando la declaración de inconstitucional del emplazamiento realizado por Anses.
“Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de emplazarlo para acompañar dentro del término de 30 días hábiles administrativos la presentación de la renuncia al cargo que desempeña para poder concluir el trámite previsional”. Con esa escueta carta, la ANSES comenzó a intimar desde hace un mes a unos 200 jueces y fiscales.
El organismo de la seguridad social, sostiene que se trata de una “medida ordenatoria”, por la cantidad de expedientes con los que se encontraron en stand by pese a estar abiertos hace años. Para muchos magistrados y fiscales, la determinación de intimarlos responde una de las tantas acciones del Gobierno “con las que buscan avanzar sobre la Justicia”, como señaló un allegado a la Asociación de Magistrados.
Después de analizar la situación y con la mayoría de los jueces y fiscales que integran la lista de la ANSES, la Asociación de Magistrados decidió avanzar con la presentación que sostiene que el emplazamiento no corresponde, ya que se trata de casos que iniciaron su trámite previsional “con anterioridad a la vigencia de la Ley 27.546, sin presentación de cese”.
La ANSES es quien tiene bajo su órbita el sistema previsional del Poder Judicial, tras la aprobación en el Congreso de la polémica reforma jubilatorio del sector. Por ello, la Asociación de Magistrados en el escrito, donde también firma la asociación que nuclea a los fiscales, indicó que esa intimación realizada “no corresponde” y que la medida “está en franca violación a garantías previstas en los artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional”.
En otro tramo de la presentación, a la que accedió Clarín, se requirió que “se decrete en forma urgente una medida cautelar de no innovar que suspenda el proceso allí previsto y los emplazamientos en curso”.
Bajo este mismo lineamiento, la Asociación de Magistrados sostiene que Raverta con en su emplazamiento “vulnera los derechos individuales de socias y socios de las asociaciones”, y “suma como eje central el quebrantamiento de la garantía constitucional de independencia funcional del Poder Judicial y el Ministerio Público perpetrada mediante un exceso reglamentario de la norma aquí cuestionada”.
La normativa cuestionada, sostiene la presentación judicial, “regula regresiva e irrazonable del régimen previsional especial de sus integrantes”.
En consecuencia, se reclama “por la concurrencia de la afectación de la independencia funcional del Poder Judicial y el Ministerio Público por la puesta en crisis de la garantía de inamovilidad de su magistrados y funcionarios”, que se declare inconstitucional la acción del organismo de la seguridad social.
Desde ANSES critican la existencia de un “desorden administrativo”, ya que se encontraron con 200 carpetas previsionales iniciadas, pero sin concluir. De hecho sostienen que hay unos trece jueces en esa lista que tienen más de 75 años -la edad límite para que se retire un magistrado- con sus respectivas carpetas de jubilación sin terminar. Hay un caso de un juez de 82 años que aún está en funciones.
En el Poder Judicial, insisten en que esa metodología se encontraba avalada por el anterior régimen jubilatorio. Es decir, al cumplir 60 años los jueces y fiscales podía iniciar sus trámites jubilatorios, pero no concluía el proceso hasta tanto presenten su renuncia. Por eso, la lectura de la circular de la ANSES que permitió el envío de cartas documentos, es visto como una presión sobre el Poder Judicial.
Fuente Clarin
