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La familia Eskenazi siempre trató de escapar al conflicto entre Burford y Argentina por la expropiación de YPF. Sin embargo, el nombre del grupo empresario -que llegó a tener un 25% de las acciones de la petrolera- empezó a aparecer una y otra vez en las presentaciones que le llegan a Loretta Preska, la jueza del caso, en la justicia de Nueva York.
Tanto la defensa argentina como los fondos que querellan contra el país y contra la petrolera manifestaron que quieren documentos, pruebas y testimonios en poder de los Eskenazi. Burford ya logró una primera declaración de la familia, pero Argentina lo consideró insuficiente.
Ahora Burford informó al juzgado que volverán a declarar. Lo harán tras presentar una serie de “pruebas” que las partes venían pidiendo en el juicio.
Según le notificaron a la jueza Preska, los fondos vienen logrando más avances con los Eskenazi que los abogados de Argentina e YPF.
Quieren establecer en el caso que si no hay información de los Eskenazi, no es por culpa de ellos, sino por inconsistencias del país y la petrolera.
La familia Eskenazi fue considerada como necesaria en el pleito por argumentos de Argentina e YPF.
Sin embargo, los últimos movimientos que se registran en la causa, relacionada con los Eskenazi, tienen que ver con Burford.
Justamente este fondo se quedó con los derechos para litigar de Petersen Energía (una firma de los Eskenazi) en una quiebra declarada en la justicia española, donde estaba inscripta Petersen Energía Inversora, la sociedad a través de la cual la familia Eskenazi obtuvo un 14,9% de YPF en 2008.
“Los querellantes (Burford y Eton) se aseguraron la obtención de ‘pruebas’ , tras continuar alentando a Enrique Eskenazi, Sebastián Eskenazi, Matías Eskenazi Storey, Ezequiel Eskenazi Storey, Mauro Dacomo, and Ignacio Cruz (a los que colectivamente se denomina ‘Los Eskenazi”), a través de su abogado -Steven Reisberg, del estudio Chaffetz Lindsey”, le avisaron esos fondos a la jueza Loretta Preska.
Este intento de colaboración de los Eskenazi conseguido por Burford puede lucir ante Preska como una mayor voluntad del fondo para obtener más pruebas en el caso.
En noviembre de 2020, Argentina solicitó a Preska que los Eskenazi hicieran una declaración y mostraran cierta documentación. En febrero de este año, Burford hasta le entregó una citación judicial a Sebastián Eskenazi, en Miami, en una escala para tomar otro vuelo. Pero Eskenazi ya había declarado en la justicia argentina. Fue a través de una orden cursada por Preska a través de la cancillería.
El testimonio y la participación de los Eskenazi primero fueron pedidos por Argentina e YPF. Preska les validó el argumento de considerarlos relevantes para el “discovery”, que es el proceso de investigación y recopilación en el que se encuentra ahora el juicio.
Un juicio millonario
Burford reclama entre US$ 2.500 millones y US$ 14.000 millones por la expropiación de YPF.
El argumento es que Argentina debió lanzar una oferta para comprar la totalidad de las acciones, una vez que se quedó con el 51% de la petrolera, porque así lo aceptó la petrolera cuando decidió cotizar en la bolsa de New York.
Petersen tenía un 25% de la petrolera, pero atados a préstamos con Repsol (el accionista mayoritario), que no pudo cumplir. De esa forma, fue perdiendo acciones.
Según Burford, los Eskenazi irán nuevamente a dar explicaciones a la justicia argentina, en el marco de un entendimiento con esos fondos.
Argentina rechaza esa posición. Dice que puede requerir de los Eskenazi más de un testimonio. Ya en la declaración anterior, los abogados estadounidenses de Argentina e YPF se quejaron porque no pudieron hacerle pregunta a los Eskenazi.
Cerca de la familia dijeron que los testimonios que ya brindaron fueron largos y que estuvieron disponibles para preguntas.
En el testimonio anterior, a los Eskenazi les preguntaron por detalles de documentación que dijeron desconocer. Ahora, esa familia está colaborando a través de un especialista en obtención de documentos (el nombre en inglés es ‘document vendor’). Según el escrito presentado ante Preska, “acordaron completar sustancialmente su documentación para el 30 de abril”.
“Los Eskenazi también acordaron que Sebastián Eskenazi y Matías Eskenazi Storey estarán disponibles para declaraciones consistentes con un juzgado civil federal, una vez que tengan lista la documentación requerida”, según le informaron a Preska.
Burford cobrará un 65% de lo obtenido si gana el juicio. El resto irá a otras manos, que Burford no identifica. La sospecha de Argentina es que será para los Eskenazi, que siempre negaron cualquier participación en este pleito.
“El abogado de la defensa (Argentina e YPF) no participó de las más recientes discusiones entre los abogados de los querellantes y los Eskenazi en relación a los documentos (N. de la R: pruebas) que tienen que brindar los Eskenazi. La defensa no acuerda que estos dos testimonios (Sebastián Eskenazi y Matías Eskenazi) sean suficientes”, se informó en el caso.
Según los Eskenazi, considerarán de “‘buena fe” algún otro requerimiento de la defensa para conseguir declaraciones judiciales adicionales.
Argentina hizo dos presentaciones de pruebas relacionadas con el caso el 6 de marzo y el 19 de marzo. Para ello, necesita el aval de los “custodios” de esa información. En general, se tratan de datos sensibles, patrimoniales o comerciales, que no pueden quedar en una causa sin alguna autorización.
Los custodios son una figura legal utilizada en los juicios comerciales, y refieren a quienes tienen el compromiso de resguardar ciertos datos, porque pueden tener implicancias legales para los involucrados.
Burford y Argentina acordaron que las presentaciones que se hagan serán secretas. Solo las podrá ver la jueza. Si alguna de las partes quiere utilizar alguna prueba allí obtenida en el juicio, debe pedirle autorización a la otra.
YPF todavía no aprobó la documentación que deben aportar sus propios abogados. La compañía debe revisar si no está incumpliendo alguna norma legal antes de hacerlo.
La petrolera también requiere autorizaciones de custodios que podrían estar relacionados con Eskenazi o los fondos querellantes. También necesita un permiso de Repsol, para otros datos, que todavía no fue obtenido.
NE
Fuente Clarin
