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De manera preventiva, como una primera reacción ante un horizonte que se anticipa incierto, la cúpula de la CGTreactivó negociaciones a dos bandas con el Gobierno y las principales cámaras empresariales para evitar que la segunda ola de coronavirus impacte con fuerza en el empleo. Temen en los gremios que las restricciones ante el rebrote se traduzcan en despidos, suspensiones y en la alteración del calendario de paritarias, que avanza por ahora en línea con la pauta inflacionaria del 29 por ciento anual que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Los sindicalistas renovaron sus gestiones con el Gobierno para garantizar la continuidad del decreto que prohíbe los despidos, que vence el 24 del mes en curso, así como también el mecanismo de doble indemnización por cesantías sin causa. Ambos temas sobrevolaron ayer la reunión que mantuvo el gabinete económico, aunque no hubo una resolución oficial al respecto.
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En paralelo, distintos referentes de la CGT abrieron conversaciones informales con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para prever una eventual renovación del acuerdo para fijar una suerte de piso del porcentaje salarial a pagar en caso de suspensiones en actividades que estén paralizadas por la pandemia. Como en 2020, el trato sería que los recortes no superen el 25% del salario neto, según confiaron fuentes gremiales. La intención sería mantener los niveles de empleo y proteger las fuentes de trabajo en caso de que se detenga el músculo productivo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está al tanto de las negociaciones, aunque sabe que aún no se concretó el apretón de manos, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.
“Aspiramos a que no se pare la producción ni haya cierre de plantas. Vayamos paso a paso”, planteó un jerárquico de la UIA ante las versiones sobre la renovación del acuerdo con la CGT por las suspensiones. Otro empresario de peso de la entidad fabril dio por hecho que el acuerdo se renovará, aunque no precisó cuándo. Dependerá, en gran medida, de lo que ocurra con el curso de la pandemia.
Los gremios, en tanto, esperan expectantes el impacto de las restricciones y las eventuales nuevas medidas que puedan implementarse en caso de que la situación sanitaria no mejore y no se logre el amesetamiento de los contagios. Se teme un parate transitorio en algunas industrias que mostraron incluso un leve repunte, como es el caso de la construcción.
Envueltos en esa incertidumbre, que se potencia por el alza inflacionaria, los delegados de la CGT reabrieron gestiones con empresarios y funcionarios del gabinete de Alberto Fernández. Y pidieron, además, retomar el régimen de audiencias cada 45 días con el Presidente, una práctica que se aceitó a fines del año pasado, pero que no duró más de tres encuentros en cadena.
Audiencia en Olivos
La CGT aspira a que el encuentro con Fernández se concrete en el corto plazo, ni bien le otorguen el alta médica por su contagio de Covid. La urgencia tiene un motivo: el vencimiento de la normativa que restringe los despidos e insistir en la necesidad de no interrumpir la actividad económica más allá de lo que depare la pandemia. “Si mantenemos los protocolos no habría razones para frenar la actividad. Necesitamos que se siga trabajando”, dijo un dirigente de un gremio industrial.
Recién llegado a la Casa Rosada y casi tres meses antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, Fernández dispuso en 2019 que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrían derecho a percibir la doble indemnización. La medida, que sirve para blindar el empleo, se podría prorrogar hasta el primer semestre de este año, según aventuró un sindicalista antes de la reunión que tuvo ayer el gabinete económico.
El vaticinio sindical no tuvo por ahora correlato en los despachos oficiales en los que se cocinaría la posible prórroga. Moroni, por ejemplo, evitó ayer dar precisiones sobre el futuro de la medida que blinda el empleo. El jefe de la cartera laboral, sin embargo, suele repetir que se trata de una “medida excepcional”, por lo que no sería extraño que se anunciara una nueva extensión del decreto.
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En paralelo, la CGT negocia con el Gobierno los reintegros a las obras sociales sindicales. El supuesto retraso en los pagos ya generó cortocircuitos con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
Los gremialistas reconocen que unas 30 obras sociales están en estado crítico, con una “inviabilidad absoluta”, y que el déficit mayor se dio por las coberturas de las prestaciones de alta complejidad. Estimaron una pérdida del sistema de unos 1000 millones de pesos por mes, según advirtieron dos dirigentes que conocen desde hace años el rubro.
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