Coronavirus: nadie quiere pagar el costo político

En el Gobierno nacional desde hace tiempo tienen en claro que la economía y el éxito de la campaña de vacunación son clave en la aspiración de triunfar en las elecciones legislativas de este año. De ahí la intervención del Ejecutivo que ha llevado adelante Cristina Kirchner intentando congelar cualquier aumento de tarifas que puede impactar en los precios y buscando alterar la negociación con el FMI, al tiempo que bajó una línea clara en la ofensiva para derribar al principal “enemigo” del kirchnerismo, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, aunque sea en temas de vacunación y pandemia.

Ese cruce de intereses políticos y electorales provoca que nadie quiera hacerse cargo de la ingrata decisión de anunciar restricciones equivocadas para no pagar el costo político de ponerse a una parte de la sociedad en su contra.

Luego que la Casa Rosada emitiera un decreto con las nuevas restricciones de circulación y actividades recreativas, gastronómicas y sociales, la provincia de Buenos Aires manifestó -como siempre a través del verborrágico ministro de Salud, Daniel Gollán– la necesidad de más límites.

Incluso este martes quedaron en claro dos posturas totalmente opuestas. El Jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, deslizó una vuelta a fase 1 con un cierre de 15 días, incluso antes del 30 de abril, fecha en que se vence el alcance del DNU presidencial.

En tanto desde la Ciudad consideraron que, por ahora, no son necesarias nuevas restricciones. Argumentan que el foco está en las camas de terapia intensiva y consideran que pueden liberarse algunas más en el sector privado, mientras que en el sector público la ocupación es baja, del orden del 50%.

Desde el entorno de Alberto Fernández explican que no existen más las fases porque ese fue un plan federal, para todo el país, en el inicio de la cuarentena. “Cualquier jurisdicción -provincia o municipio- puede endurecer las medidas sin consultar a la Nación”, remarca un funcionario. No obstante, lo que no pueden hacer es relajar las medidas nacionales, pero si hacerlas más rígidas.

Ponen como ejemplo los casos de Olavarría y La Plata, dos distritos bonaerenses gobernador por el PRO, que pusieron límites mayores a la circulación y actividades no esenciales, sin tener que pedir autorización a la provincia o a la Nación.

¿Está dispuesto Axel Kicillof a asumir el costo político de un cierre? En el caso de la Ciudad, también está en juego la pericia de Rodríguez Larreta porque si la falta de más restricciones genera que los contagios se disparen, los porteños se lo enrostrarán.

“No es tanto una cuestión del costo político de restringir sino de tomar medidas erradas, inadecuadas, por eso lo que planteamos a los epidemiólogos es que cualquier decisión contemple el menor impacto económico y las clases presenciales”, acotan desde Balcarce 50. Una reflexión, paradójicamente, más cercana a la posición de la Ciudad, de distinto color político, que a la provincia, del Frente de Todos.

En tren de “socializar” las malas noticias Alberto Fernández recurrió a Larreta en la elaboración del DNU y se mostró complaciente en algunos puntos del dirigente del PRO, para no tener que decidir en soledad.

Con ese mismo razonamiento, desde Nación reiteran que los gobernadores están facultados para tomar las medidas que consideren necesarias. Aunque también es una realidad que el AMBA está conformado por Ciudad y Provincia cuyas autoridades están cada vez más en las antípodas acerca de las medidas a tomar para afrontar la segunda ola.

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Fuente Clarin