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En los próximos días, Alberto Fernándezdeberá resolver si, como se le está sugiriendo desde el comité de científicos que lo asesora, se vuelve a “cerrar todo por poco tiempo” para aventar el riesgo cada vez más cercano de un colapso sanitario y de la falta de camas en unidades de terapia intensiva. La presión al presidente de la Nación para adoptar esa nueva medida restrictiva proviene también desde la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador, Axel Kicillof, recibe con insistencia, de parte de sus asesores en salud, la propuesta de “cerrar todo por 14 días” para enfrentar lo que se considera un “tsunami”, según palabras del propio mandatario bonaerense.
Los dilemas que afligen a los hombres del Gobierno ya no se encuadran simplemente en la disyuntiva entre privilegiar la economía o la salud que solía plantear el jefe del Estado un año atrás, a poco tiempo de la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina. Hoy juegan también las perspectivas que ofrece el año electoral, el ánimo de la opinión pública y las menguadas arcas del Tesoro.
Un regreso a la fase uno frente a la segunda ola de coronavirus no aparenta ser tan improbable con los actuales números de contagios, de muertes y de ocupación de camas. Sin embargo, nadie en el Gobierno imagina que semejante medida restrictiva pueda tomarse por un tiempo prolongado como ocurrió el año pasado, con consecuencias aún más graves para la economía del país. Es que no solo las autoridades se arriesgarían a mayores pérdidas económicas, sino también a que el grado de acatamiento social a una suerte de nueva cuarentena diste de ser elevado.
Una vez más, la apuesta para avanzar hacia un nuevo cierre de las actividades pasará por el miedo. Las dramáticas imágenes que un año atrás nos mostraban países como Italia o España, con hospitales abarrotados de contagiados de Covid-19 y personal de salud que no daba abasto para atender a las innumerables víctimas de ese enemigo invisible, vuelven a nuestra memoria.
Como hace un año, el temor es el motor de la prevención personal y también del nivel de aceptación social de las políticas que casi inevitablemente avanzarán a restricciones cada vez mayores, aunque sin llegar a los extremos de buena parte de 2020.
Mientras el presidente Fernández analiza la posibilidad de volver a “cerrar todo” por poco tiempo, que aún divide opiniones, en el oficialismo sí hay coincidencia en las urgencias electorales y, más concretamente, en la necesidad de “socializar” los costos políticos. Dos decisiones son parte de esta estrategia:
- La primera es la autorización pública, por boca del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a los gobiernos de las provincias y la ciudad de Buenos Aires a adquirir por su cuenta vacunas en el mercado internacional. Por cierto, parece una determinación tardía, teniendo en cuenta que, como se señaló desde el gobierno porteño, hoy es una cuestión casi abstracta, por cuanto los grandes laboratorios tienen comprometida la mayor parte de su producción y distribución por muchos meses, al tiempo que Rusia y China solo negocian con otros Estados nacionales. No son pocas las grandes empresas que estaría dispuestas a invertir en vacunas contra el coronavirus para su personal. El caso de una importante empresa internacional de minería que opera en San Juan es emblemático; meses atrás, hizo gestiones ante el gobernador Sergio Uñac para adquirir dosis para sus trabajadores y para donar otras tantas para los habitantes de los dos pueblos más cercanos a la mina. La gestión no fue exitosa porque, según se les explicó a directivos de la compañía, las negociaciones para hacerse de las vacunas solo podían pasar por las autoridades nacionales. Hoy quizás sea tarde para conseguirlas.
- La segunda decisión para compartir costos pasaría por la intención de convocar a una nueva comisión de expertos para la emergencia sanitaria, que no solo integre a infectólogos y médicos, sino también a representantes de otras disciplinas, que podrían ir desde la sociología hasta la comunicación, y a la propia oposición política.
Pero los dilemas del Gobierno no terminan ahí. En las próximas horas, se debatirá si ratificar o no la determinación, adoptada a través del Consejo Federal de Salud, de postergar por al menos tres meses la aplicación de la segunda dosis de vacunas a quienes recibieron o reciban próximamente la primera, cuando originalmente se iban a aplicar ambas dosis en un período de 21 días, tal como lo aconsejan los prospectos de los fármacos inoculados en nuestro país.
Esta discusión reviste un carácter especial a la hora de analizar si tal postergación puede llevarse a cabo con la segunda dosis de la vacuna china Sinopharm. Sobre todo, después de que la máxima autoridad de control de enfermedades de China admitiera la baja eficacia de las vacunas de este país y señalara que se está evaluando la posibilidad de mezclar vacunas para mejorarla.
No pocos integrantes de la comunidad científica ya están planteando su rechazo a la postergación y reclamando que la segunda dosis sea suministrada en un período no mayor a cuatro semanas desde la aplicación de la primera dosis.
El contexto actual de escasez de productos para llevar adelante el plan de vacunación, condujo al Gobierno a decidir vacunar a la mayor cantidad de personas de grupos de riesgo antes de la llegada del invierno con una sola dosis, aunque esta tenga una eficacia mucho más limitada. El infectólogo y asesor del Gobierno Pedro Cahn aseguró que “cualquier nivel de protección es mejor que ninguno”. La aclaración de las propias autoridades chinas acerca de las limitaciones de sus vacunas pone en tela de juicio el criterio esbozado por el conocido infectólogo.
Lo cierto es que otros países que están aplicando la Sinopharm están suministrando dos dosis en el tiempo recomendado, en tanto que en algunas naciones, como los Emiratos Árabes Unidos, experimentan incluso con una tercera dosis de esa vacuna china, tras descubrir una insuficiente inmunización en algunos de los vacunados.
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