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La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es competente para resolver el planteo efectuado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se garantice la presencialidad de las clases.
El dictamen fue firmado por la Procuradora Laura Monti, quien sostuvo que el proceso debe tramitar ante los estrados del alto tribunal.
Con ese escrito, la Corte Suprema ya está en condiciones de determinar si hace lugar al tratamiento de la acción de inconstitucionalidad con un pedido de medida cautelar para que se suspenda la vigencia del Decreto presidencial que ordenó el cierre de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires por dos semanas.
El planteo de la Ciudad se basó en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -“la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad -“la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
La procuradora consideró que “la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales (la de la Nación y la de la Ciudad) es sustanciando la acción en esta instancia” por parte de la Corte.
El Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, planteó en el escrito que presentó la Ciudad que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, “viola de manera flagrante lo dispuesto por la Constitución Nacional, en cuanto garantiza el respeto de las autonomías de las provincias mientras estas aseguren la educación primaria, y garantiza y establece específicamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Se destacó, además, que el decreto de necesidad y urgencia cuestionado “no presenta ninguna prueba o estudio para justificar la decisión adoptada con relación a un territorio que, si bien es la sede del gobierno federal, tiene en materia de salud y educación sus propias facultades autónomas, que no pueden verse avasalladas de manera arbitraria e injustificada”.
Por ello, el gobierno de la Ciudad consideró que el decreto 241/21 es inconstitucional por haber sido dictado sin necesidad.
La Procuradora Laura Monti recordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales” y, por lo tanto, “el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Como el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por la Constitución Nacional, “entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia”, es decir, la Corte tiene competencia para resolver el planteo formulado por la gestión de Rodríguez Larreta.
En el amparo presentado ante el máximo Tribunal, la Ciudad pidió que se dicte una medida cautelar, para que se suspenda lo ordenado en el decreto 241/21 a través del cual se dispuso la suspensión de las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se ordene al Estado Nacional abstenerse, “hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier conducta que implique ejecutar la norma cuestion”.
En una carrera a contrarreloj, el jefe de Gobierno porteño sostuvo este viernes en conferencia prensa que harán “lo imposible para garantizar la continuidad de las clases el día lunes”. En tanto, la Casa Rosada ratificó su postura de suspender la apertura de los establecimientos educativos durante quince días.
Fuente Clarin
