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Buenos Aires, 22 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El detenido operador político-empresarial Miguel Ángel Calvete transita sus días en el Hospital Penitenciario Central del complejo carcelario de Ezeiza, mientras la justicia avanza sobre la causa que lo vincula con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pone en tela de juicio la estructura de poder ligada al gobierno de Javier Milei.
Calvete, abogado de 60 años y exvocero del supermercadismo chino, fue detenido el pasado 9 de octubre luego de que convergieran en una sola investigación dos procesos que lo tenían como protagonista: la causa por explotación de la prostitución ajena —por la cual ya estaba condenado desde 2019 a cuatro años de prisión— y el expediente por coimas en ANDIS, en el que fuera designado como “pieza clave” por el fiscal Franco Picardi.
Según el dictamen de la fiscalía, Calvete actuó como intermediario externo pero central en el engranaje de compras direccionadas al organismo, construyendo una red de empresas —entre ellas Indecomm S.R.L. y Profarma— y manejando operadores con acceso interno al sistema de adquisición de insumos médicos.
Más allá de sus vínculos empresariales, no es novedad para TNA su pasado político como militante del partido Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) fundado por el carapintada Aldo Rico y su relación con el militar imputado por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Jorge Pacífico. En 1995, durante un allanamiento en el predio de Campo de Mayo vinculado al caso AMIA, se lo filmó compartiendo un café en Bar Corrientes y Pasteur con Pacífico y Enrique Rodríguez Day, apoderado de MODIN. Este antecedente refuerza la dimensión de largo plazo del entramado al que ahora debe enfrentarse.
Su ingreso a Cambiemos en 2015 le permitió participar en reuniones con destacados dirigentes como Rodríguez Larreta, Vidal y Bullrich, mientras seguía asistiendo a reuniones del gobierno de Macri incluso siendo concejal en La Matanza.
La casa de San Telmo donde Calvete residía se transformó en escenario de uno de los hallazgos judiciales más reveladores: convertida en un presunto “centro cultural” con seguridad reforzada, cámaras y caja fuerte visible, fue allanada en el marco de la causa ANDIS. Allí, según fuentes judiciales, se hallaron cuadernos, planillas con movimientos de dinero y anotaciones que vinculan proveedores de medicamentos, contratos públicos y electorado del gobierno.
Su propia familia aparece implicada en el entramado: su hija Ornella Calvete —directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía hasta su renuncia tras el escándalo— presentó su dimisión luego de que se le hallaran 700 000 dólares en efectivo en un allanamiento. Además, su hermana figura como funcionaria vinculada al mismo ministerio, lo que acentúa la dimensión política de la operación.
El expediente judicial que tramita en manos del juez federal Sebastián Casanello incluye entre sus principales acusaciones el direccionamiento de licitaciones desde ANDIS, compras de droguerías contratadas sin respaldo técnico y la participación de Calvete como operador sin cargo oficial pero con injerencia directa.
El estallido de esta causa significa una dura prueba para el gobierno de Javier Milei, que se vanagloriaba de una agenda anticorrupción. La vinculación de Calvete con el universo empresario-politico tradicional, y su presunta influencia sobre un organismo tan sensible como ANDIS, complica el discurso oficial y obliga a redefinir controles y designaciones ejecutivas.
En este contexto, la prisión de Calvete en el hospital carcelario, lejos de ser una simple consecuencia judicial, se convierte en símbolo de una crisis que combina prostitución, droguerías, licitaciones públicas y vínculos partidarios. La justicia avanza, los imputados callan, y la transparencia institucional sufre un nuevo golpe.
