La Casa Rosada reconoció contactos con Washington por las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas. El proyecto perdió impulso en Diputados mientras Estados Unidos impulsa eliminar el Comité de Descolonización de la ONU y Londres busca proteger sus intereses petroleros.
Buenos Aires – 24 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei enfrenta una inesperada demora parlamentaria en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos y el Reino Unido. La iniciativa, concebida para endurecer las sanciones contra quienes exploten ilegalmente recursos naturales en las Islas Malvinas, quedó atrapada entre las objeciones de los aliados legislativos y las preocupaciones expresadas desde Washington por sus consecuencias sobre empresas y fondos estadounidenses.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, previsto originalmente para el 20 de octubre, fue postergado hasta el próximo martes 27, a las 16. El oficialismo todavía necesita reunir las firmas para emitir dictamen y tampoco cuenta con una fecha confirmada para llevar la iniciativa al recinto.
El dato políticamente más significativo es que la Casa Rosada reconoció contactos con Washington acerca del alcance de las sanciones. Según informó TN, fuentes gubernamentales admitieron intercambios con funcionarios estadounidenses y señalaron que se busca evitar consecuencias sobre grandes fondos de inversión, entre ellos BlackRock, aunque rechazaron que existiera una exigencia formal de retirar el proyecto.
La controversia adquiere mayor dimensión porque el Gobierno estadounidense solicitó recientemente la disolución del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, uno de los principales instrumentos diplomáticos utilizados por la Argentina para sostener internacionalmente su reclamo sobre Malvinas.
A ello se sumó un acontecimiento ocurrido este viernes: el primer ministro británico Andy Burnham conversó telefónicamente con Donald Trump y defendió el derecho de los habitantes de las islas a explotar sus recursos naturales. Según informó EFE, el mandatario británico planteó las consecuencias económicas de las medidas argentinas sobre los intereses del Reino Unido y Estados Unidos.
El centro de la disputa es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas del Atlántico Sur cuya soberanía reclama la Argentina. La iniciativa legislativa enviada por Milei el 17 de septiembre contempla penas de hasta 20 años de prisión, multas, inhabilitaciones y prohibiciones comerciales para quienes participen de actividades extractivas no autorizadas.
El proyecto reemplazaría la Ley 26.659, extendiendo las restricciones actualmente aplicables a los hidrocarburos hacia otros recursos renovables y no renovables, incluida la pesca. También establece un registro público de infractores y mecanismos para impedir contrataciones con las empresas sancionadas.
Sin embargo, el texto incorpora reformas mucho más amplias que explican parte de las resistencias parlamentarias. Propone crear un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad económica, adoptar medidas extraordinarias frente a amenazas y autorizar, bajo determinadas condiciones, acciones militares contra aeronaves o embarcaciones hostiles.
Los bloques dialoguistas exigieron mayores controles parlamentarios, modificaciones al régimen de intervención militar y cambios al artículo 111, relacionado con campañas de desinformación e injerencia extranjera. El oficialismo aceptó negociar correcciones, pero pretende mantener unificado el proyecto.
El diputado y excanciller Jorge Taiana vinculó la demora con las posiciones estadounidenses y cuestionó el alineamiento de Milei con Trump, al sostener que la proclamada defensa de Malvinas entra en contradicción con los intereses económicos de Washington.
La discusión también enfrenta dificultades de calendario. El Presupuesto 2027 concentrará buena parte de la actividad legislativa de noviembre, mientras la visita prevista del papa León XIV y las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre reducirán las posibilidades de encontrar una fecha para la sesión.
Para el Gobierno argentino, el desafío trasciende la obtención del dictamen: deberá determinar hasta dónde está dispuesto a extender las sanciones económicas cuando estas alcancen intereses estadounidenses. La respuesta tendrá consecuencias concretas sobre el futuro de Sea Lion y sobre la capacidad argentina de sostener, mediante legislación propia, su reclamo de soberanía en el Atlántico Sur.
Fuentes consultadas: Cámara de Diputados de la Nación, TN, Agencia EFE, Reuters y El País.
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