El periodista denunció un embargo judicial por sus declaraciones contra el extremismo islámico y acusó a Martín y Lule Menem de actuar detrás del Centro Islámico. También puso bajo la lupa contrataciones estatales por más de $4.300 millones con empresas que vinculó a la familia del presidente de Diputados.
Buenos Aires – 24 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA.– El periodista Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, lanzó una dura denuncia contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo «Lule» Menem, asesor del entorno presidencial, a quienes acusó de actuar detrás del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), institución que promovió acciones judiciales contra comunicadores por sus declaraciones sobre el extremismo islámico.
Durante una entrevista con Viviana Canosa, El Presto aseguró que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó un embargo sobre sus bienes por una denuncia vinculada con un editorial en el que cuestionó el ingreso de extremistas islámicos a la Argentina y advirtió sobre los antecedentes de atentados yihadistas en Europa.
Según su relato, el embargo asciende a 30 millones de pesos, aunque informaciones judiciales anteriores mencionaron una medida por 60 millones, diferencia que requiere precisar el alcance y la fecha de las respectivas resoluciones.
El periodista cuestionó que sus expresiones hayan derivado en una causa judicial cuando, según explicó, estaban dirigidas específicamente contra el extremismo islámico y no contra los musulmanes en general. La distinción resulta jurídicamente relevante: reclamar controles migratorios para impedir el ingreso de personas vinculadas con organizaciones terroristas constituye una posición política susceptible de debate público, diferente de promover discriminación contra ciudadanos por su religión.
La libertad de expresión protege las opiniones críticas sobre doctrinas religiosas, políticas migratorias y amenazas terroristas. La eventual responsabilidad penal depende del contenido completo de las manifestaciones y de la existencia de elementos que permitan encuadrarlas en las conductas previstas por la legislación vigente.
El Presto también afirmó que Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, y Ramiro Marra fueron objeto de acciones judiciales vinculadas con declaraciones sobre el extremismo islámico.
La acusación más delicada surgió cuando el periodista preguntó quiénes se encontraban detrás del Centro Islámico y respondió: «Martín y Lule Menem». Se trata de una imputación formulada públicamente por El Presto cuya comprobación exige establecer posibles vínculos entre ambos funcionarios, las autoridades de la institución y las presentaciones judiciales.
El Centro Islámico de la República Argentina es una asociación civil fundada en 1960. Entre sus autoridades conocidas figura Fabián Ankah, presidente durante el período 2022-2025. También integraron su conducción Fabián Jatib, Hassan El Bacha, Martín Saade y Omar Kabbara. La composición actualizada de su comisión directiva y las eventuales relaciones institucionales con los Menem constituyen puntos centrales para profundizar la investigación.
La pertenencia religiosa tampoco determina por sí misma una relación institucional. Aunque Martín Menem declaró públicamente ser católico, esa circunstancia no permitiría descartar una eventual vinculación política con el Centro Islámico, del mismo modo que tampoco serviría para demostrarla. Lo determinante sería identificar actuaciones, comunicaciones o intereses concretos.
La denuncia adquirió mayor dimensión cuando El Presto relacionó el conflicto judicial con presuntas contrataciones estatales de empresas vinculadas a la familia Menem.
Según las cifras que difundió, esas contrataciones habrían superado los 4.300 millones de pesos en apenas un año, distribuidos principalmente entre dos firmas.
GPS Group habría facturado cerca de 3.000 millones de pesos por servicios de seguridad prestados a organismos como ENARGAS, INCUCAI, ANAC y el Teatro Nacional Cervantes.
Por su parte, La Bizantina, dedicada a servicios de limpieza, habría registrado contrataciones por aproximadamente 1.367 millones de pesos, incluyendo una adjudicación por 694 millones de pesos en el ámbito de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem.
Las cifras corresponden a la denuncia pública del periodista y requieren contrastarse con los expedientes de contratación, los pagos efectivamente realizados y la composición societaria de las empresas. La existencia de contratos públicos, por sí sola, no determina irregularidades, pero sí permite examinar eventuales conflictos de intereses cuando existen vínculos entre proveedores y funcionarios con capacidad de decisión.
El Presto sostuvo que el trasfondo de las acciones judiciales sería el malestar de los Menem ante las investigaciones periodísticas sobre sus relaciones empresariales con el Estado. También cuestionó el nombramiento, mediante un decreto del presidente Javier Milei, de la esposa del juez Martínez de Giorgi en un cargo judicial. Esa afirmación exige identificar el acto administrativo correspondiente y determinar su alcance.
El episodio incorpora un nuevo elemento a las tensiones internas del oficialismo, donde las diferencias entre sectores libertarios y dirigentes vinculados a los Menem ya habían quedado expuestas públicamente por las controversias sobre el islam.
La investigación tiene ahora dos cuestiones documentales concretas por resolver: quiénes impulsaron y financiaron las presentaciones judiciales del Centro Islámico y qué participación, si alguna, tuvieron Martín y Lule Menem, así como la naturaleza y legalidad de las contrataciones estatales señaladas por El Presto.
Fuentes consultadas: Declaraciones públicas de Eduardo Miguel Prestofelippo (El Presto); antecedentes judiciales difundidos sobre las denuncias del Centro Islámico de la República Argentina; registros institucionales del CIRA e información pública sobre las controversias dentro del oficialismo.
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