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La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero,
resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales, para mantener las escuelas abiertas este lunes. Un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU del presidente Alberto Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales.
La Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y ahora deberá resolver. El planteo central de los amparos que analizó el MPF porteño, es la suspensión del Artículo 2 del DNU 241/2021 que firmó Alberto Fernández el jueves a la noche. Allí se ordenó la suspensión por el plazo de 15 días, de las clases de manera presencial en el AMBA. Puntualmente en Capital Federal esto alcanza 2.359 unidades educativas que nuclean a una población de 600.000 alumnos.
Cuando el reclamo ingresó al fuero contencioso administrativo, fue el juez Marcelo Segón consideró que no debía intervenir y pidió que todo sea enviado a su par Romina Tesone, que el viernes por la noche se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las Defensorías Oficiales en representación de los padres. Allí se pidió que se declare la nulidad del DNU y se garanticen las escuelas abiertas.
La magistrada sostuvo que como la Ciudad acudió a la Corte Suprema de Justicia para resolver la inconstitucionalidad del Decreto, no tenía que expedirse sobre el amparo presentado por los padres, ya que se debía aguardar la resolución del Máximo tribunal. Ese mismo criterio quiso seguir el juez Segón, pero los dos amparos volvieron a su juzgado y se encuentran en la Cámara de Apelaciones.
Después de este recorrido administrativo, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal dirigido por Juan Mahiques. En el dictamen al que accedió Clarín, el MPF resolvió hacer lugar al pedido de los amparos: garantizar las escuelas abiertas este lunes, y así, anular los alcances del DNU en este aspecto.
”Entiendo que correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, y disponer que la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos de la CABA a partir del próximo 19 de abril”, indicó Karina Cichero ante un recurso de queja presentado en los últimos días.
La disputa judicial entre el Gobierno y la Ciudad comenzó el último miércoles, cuando el Presidente anunció diferentes medidas para contener la pandemia, entre las que llamó la atención la suspensión de las clases presenciales hasta el 30 de abril.
Inmediatamente después del anuncio, la Ciudad rechazó la medida y se abrió una disputa legal para frenarla en las escuelas porteñas.
En distintas declaraciones públicas y entrevistas, funcionarios porteños cuestionaron que el mandatario no hubiese consultado la medida con el jefe de Gobierno porteño y advirtieron que las escuelas no son foco de contagio.
La propia ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, señaló este domingo que hay “evidencia” que demuestran la seguridad en los protocolos de los colegios: “Menos del uno por ciento de las más de 700 mil personas que transitan las escuelas han contraído coronavirus. Y del total de burbujas -más de 45 mil-, solo el 2% han tenido que ser suspendidas. El Presidente lo reconoció”.
El camino judicial
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases, suspendidas desde el lunes próximo y por un plazo de 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). .
La Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, dictaminó que el máximo tribunal es competente para resolver el planteo efectuado por el gobierno de la Ciudad.
La procuradora ante la Corte Suprema, Laura Monti, sostuvo que “la Ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El viernes, a última hora, hubo un revés para la Ciudad en ese intento, surgido desde un juzgado en lo Contencioso Administrativo porteño, a cargo de Romina Tesone, contra el pedido que realizó la Defensoría Oficial en representación de padres, alumnos y docentes.
Además, otros dos planteos se encuentran en vías de resolución. En los mismos términos: un pedido de suspensión de los alcances del DNU que cerró las escuelas por 15 días, docentes de la ONG Abramos las Escuelas, y el Centro de Estudios de Políticas Públicas, interpusieron sendos amparos.
AFG
Fuente Clarin
