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En medio de la escalada política y judicial entre Nación y Ciudad, la Casa Rosada instó a los colegios privados a cumplir con el decreto que suspendió por dos semanas la presencialidad escolar como medida para enfrentar la segunda ola de covid.
A través de una carta remitida a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada, los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Educación, Nicolás Trotta, le hicieron saber a los establecimientos de la vigencia del DNU -que rige desde el viernes 16 de abril- y criticaron al gobierno porteño.
En este contexto, ratificaron que “corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
El texto fue enviado puntualmente a la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); la Junta Nacional de Enseñanza Privada (JUNEP); la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP); y el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC).
En la carta, Trotta y Soria rechazaron la posición de “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente”, lo que demuestra “una actitud política y jurídica irresponsable”.
Sin nombrarlo, fue una crítica al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por mantener la presencialidad en las escuelas pese a un fallo en contra de la Justicia federal.
El martes a la noche, la Ciudad había informado que no iba a acatar ese fallo federal al apegarse al fallo de la justicia porteña y asegurar que ahora debe expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de los casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población”, señalaron Trotta y Soria.
Finalmente, les pidieron a las cámaras de colegios privados que “no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas; todo ello con el fin de facilitar el trabajo escolar y una satisfactoria convivencia”.
La respuesta de Acuña
Tras conocerse el contenido de la carta, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, salió a minimizar el alcance del planteo del gobierno nacional a los establecimientos privados
“Nación con esta carta hace un llamado de atención pero no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que no sigan lo que ellos exponen”, remarcó la funcionaria.
En declaraciones a Radio Con Vos, la ministra del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta explicó que se comunicaron con los representantes de las cámaras de las escuelas privadas para indicarles esa posición y para que desestimen lo expuesto en la misiva que envió el Gobierno.
El Decreto de Necesidad y Urgencia
En el marco del peor momento sanitario desde comenzada la pandemia en el país, el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado hace una semana por Alberto Fernández estableció la prohibición para circular de 20 a 6 de la mañana y suspendió las clases presenciales en el AMBA por 15 días.
La medida por las clases presenciales generó el rechazo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue a la Corte Suprema al argumentar que la escolaridad presencial no agrava los contagios de Covid y que, en cambio, genera deserción.
Ante la medida de Fernández hubo cacerolazos y protestas de un sector de la comunidad educativa que incluyó “abrazos” a colegios de la Provincia y clases en la puerta de la Quinta de Olivos.
Precisamente, de un sector de padres -una ONG- surgió uno de los amparos que la Justicia porteña dio como válido el domingo pasado y que repuso la presencialidad en los colegios porteños.
Este miércoles, cientos de personas se manifiestan frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por las clases presenciales y a la espera del fallo del máximo tribunal.
AFG
Fuente Clarin
