El Estado acentuó en los últimos meses una tendencia que ya se refleja en los números: el esfuerzo para que las tarifas de energía no suban (subsidios) supera al de resguardar las ayudas sociales (prestaciones) contra el efecto de la inflación. Eso se desprende de la planilla del Ministerio de Economía de ingresos y gastos que, según muestra hasta marzo, los subsidios ($ 185.925 millones en lo que va del año) aumentaron 70,8% versus el mismo período del año anterior. Las prestaciones sociales ($ 1.027.716 millones) sólo 32,4% (por debajo de la inflación promedio anual).
Los subsidios que informa Hacienda son, básicamente, los gastos para los servicios de energía y transporte. En el caso de las ayudas sociales incluye varios rubros. La mayor parte son jubilaciones y pensiones pero también están las asignaciones familiares y por hijo, PAMI y programas sociales como pueden ser Potenciar Trabaja y Políticas Alimentarias. Sólo las jubilaciones y pensiones contributivas subieron 35% anual en el trimestre.
El economista Andrés Borenstein, de Econviews, tuiteó que “el gasto en jubilaciones en términos reales y desestacionalizado toca un nuevo mínimo en marzo. Es el más bajo desde diciembre 2014. Con la fórmula anterior en 2020 hubieran recuperado”. Según LCG, el gasto en energía creció 12% arriba de la inflación y 17% en transporte. Las transferencias a Cammesa llegaron a $ 30.000 millones en marzo, de las cuales $ 11.500 millones fueron para subsidiar oferta y demanda de gas.
¿Es sostenible que los subsidios, un rubro del gasto que favorece más a la clase media, aumenten a un ritmo mayor que el de las ayudas sociales?
Según Alejandro Einstoss, economista de la UBA y del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, los subsidios favorecen al 30% de la población que concentra el 60% del ingreso de la economía.
“No parece una dinámica que se pueda sostener. El aumento de los subsidios explicó el 15% del incremento interanual del gasto en lo que va del año”, dice Julia Segoviano, economista de LCG.
El Gobierno espera un déficit de 4,5% del PBI para este año. Martín Guzmán planea financiar ese agujero con $ 1.200 millones del Banco Central (emisión) y $ 500.000 millones pidiendo prestado al mercado local. El banco ya le pasó $ 150.000 millones en lo que va del año y el mercado le prestó financiamiento neto por $ 164.000 millones. Si el déficit aumenta por los subsidios, Guzmán deberá pedir más plata en el mercado (subir la tasa) o emitir más dinero. Guzmán prefiere otra opción: que los subsidios no pasen de lo presupuestado (1,7% del PBI o $ 627.000 millones). Ya van $ 185.925 millones.
¿Pero podrá cumplir esa meta Guzmán?
“No llega”, asegura Einstoss. “A los $ 627.000 millones del Presupuesto hay que sumar el financiamiento del Plan Gas, los subsidios de Cammesa y el aumento del costo por importación”.
Puertas adentro, Guzmán comenta que el congelamiento energético no sólo impacta en las cuentas fiscales sino también en la capacidad de producción del sector de cara a 2022. El ministro sostiene que la manera de atender ese frente es aplicando aumentos de tarifas que permitan cumplir con el Presupuesto, algo que implicaría alzas con pisos de 40% en las facturas finales de gas y luz para este año. Los interventores de los entes reguladores (Federico Bernal y Soledad Manin) y el subsecretario de Energía Eléctrica (Federico Basualdo) hablan de subas entre 7% y 9% y que sería necesario ampliar la ayuda vía subsidios. No coinciden con Guzmán. En el Instituto Patria hay voces a favor de aumentar la emisión para financiar el rojo fiscal en lugar de tomar deuda. “El Patria tiene un punto: si se aplicaran aumentos de tarifas para cumplir la meta de Guzmán las boletas llegarían a los domicilios para fines de julio, en vísperas de las elecciones”, precisa Einstoss.
Fuente Clarin
