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Buenos Aires, 27 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA-Las acusaciones más contundentes en años contra Cristina Fernández de Kirchner quedaron expuestas este jueves en la quinta jornada del juicio oral por la causa Cuadernos. La fiscalía sostuvo que la ex presidenta fue “la destinataria final” del dinero ilegal pagado por empresarios durante el kirchnerismo y que sus propios domicilios funcionaron como centros de acopio de sobornos, según la lectura del requerimiento firmado por el fiscal federal Carlos Stornelli.
La imputación, de casi 700 páginas, describe un entramado que colocó a Cristina Kirchner —hoy bajo arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad— en el vértice de una estructura de recaudación ilegal que operó durante años. “La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero entregado por los privados”, afirmó la fiscalía, que recordó que la ex mandataria está acusada como jefa de asociación ilícita y de 22 hechos de cohecho.
La acusación reconstruye el esquema a partir de 128 episodios de entrega de dinero negro, basados en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, peritajes, declaraciones de arrepentidos e informes de los investigadores. Entre los puntos más comprometedoras, se detalló que el departamento de Uruguay y Juncal, en Recoleta, donde vivió la ex presidenta, fue uno de los principales depósitos del dinero recolectado por ex funcionarios y empresarios.
“Está acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios”, sostuvo el fiscal. Ese circuito incluía a Roberto Baratta —descrto como “receptor inicial”— y al fallecido Daniel Muñoz, mano derecha de Néstor Kirchner, quien era “uno de los intermediarios finales”. El rol de cada uno converge, según la acusación, en una conclusión inequívoca: “Cristina Elisabet Fernández resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero”.
El testimonio del arrepentido Claudio Uberti —que relató haber visto unas 20 valijas en el departamento de Cristina y que, según le contó Muñoz, estaban destinadas a la casa de Río Gallegos, donde habría bóvedas adquiridas al Banco Hipotecario— fue uno de los episodios retomados durante la lectura de la imputación.
Los fiscales enumeraron coimas provenientes de figuras centrales del sector empresario, entre ellos Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman y otros, con fechas, montos y domicilios precisos. En varios casos, los imputados colaboradores ratificaron entregas directas al entorno de la ex presidenta.
Desde su departamento de San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner escuchó la lectura conectada por Zoom. En la parte final de la jornada se leyó su descargo escrito, en el que sostuvo: “No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”. Negó haber integrado una asociación ilícita y denunció una investigación “dirigida deliberadamente” en su contra.
El debate oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, continuará el martes con más requerimientos vinculados a tramos complementarios de la megacausa. La etapa de las indagatorias comenzará en febrero de 2026, con 86 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Julio De Vido —detenido en Ezeiza tras quedar firme su condena por Once— y Ricardo Jaime, también preso.
Mientras avanza la lectura de miles de páginas y se multiplican los planteos preliminares, los jueces esperan una definición de la Corte para determinar si las audiencias pasarán a una sala más amplia en Comodoro Py o en el Palacio de Tribunales. Hasta entonces, todo seguirá de modo mixto: presencial para los jueces y partes principales; remoto para el resto.
La causa Cuadernos, que ya reúne condenados, arrepentidos, empresarios y ex funcionarios de alto rango, ingresa así en su fase más sensible, con la acusación fiscal colocando a Cristina Kirchner en el centro de un sistema de corrupción que, según la fiscalía, operó de manera sistemática durante años y que ahora deberá ser probado en un juicio que promete ser uno de los más largos y políticamente trascendentes de la historia judicial argentina.
