La quinta Marcha Federal Universitaria terminó con graves enfrentamientos, 25 detenidos y ocho integrantes de las fuerzas federales heridos. Durante más de tres horas se registraron pedradas, destrozos y choques con los efectivos desplegados alrededor del Parlamento. La ministra Alejandra Monteoliva anunció que los responsables deberán responder ante la Justicia.
Buenos Aires – 15 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El Gobierno de Javier Milei anunció que impulsará denuncias penales contra los manifestantes que protagonizaron violentos enfrentamientos con las fuerzas federales durante la quinta Marcha Federal Universitaria, desarrollada este jueves frente al Congreso de la Nación. Los incidentes se prolongaron durante más de tres horas y dejaron un saldo inicialmente confirmado de 25 personas detenidas y ocho efectivos heridos, además de importantes daños en el mobiliario urbano y momentos de extrema tensión en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, advirtió que el Gobierno avanzará judicialmente contra quienes hayan participado en agresiones, destrucción de bienes públicos y otros hechos delictivos registrados durante la movilización. “Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, sostuvo la funcionaria, quien cuestionó especialmente a los grupos que intentaron sobrepasar los vallados de seguridad.
Los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 15.30, cuando sectores de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, comenzaron a romper baldosas, bancos de cemento y otros elementos de la vía pública para utilizarlos como proyectiles contra los efectivos que custodiaban el perímetro del Congreso.
La situación derivó en una sucesión de choques sobre la avenida Rivadavia, principalmente entre Callao y Rodríguez Peña, donde intervinieron integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Las fuerzas desplegaron camiones hidrantes, gases lacrimógenos y proyectiles de impacto cinético para dispersar a los grupos involucrados en las agresiones.
De acuerdo con los primeros partes policiales, los ocho efectivos lesionados pertenecen a las tres fuerzas federales. Entre los 25 detenidos, uno registraba un pedido de captura previo, mientras que los restantes fueron aprehendidos durante los disturbios.
Los enfrentamientos se produjeron mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sindicales y sociales participaban de una movilización convocada para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la prolongada controversia entre el Ejecutivo y las universidades nacionales por las partidas presupuestarias, los salarios docentes y los recursos destinados al funcionamiento académico.
La protesta coincidió, además, con la fallida sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que sectores opositores pretendían avanzar contra el DNU 70/2023 y abordar iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar.
Los episodios de violencia ocurrieron en sectores próximos al acto central, durante el cual se difundió un documento respaldado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y organizaciones gremiales.
La intervención policial también generó cuestionamientos entre manifestantes y legisladores opositores, quienes denunciaron un uso excesivo de la fuerza. Los gases utilizados para dispersar los enfrentamientos llegaron incluso a dependencias del Congreso, donde algunos diputados y trabajadores debieron apartarse de las zonas afectadas por los irritantes químicos.
Desde el Ministerio de Seguridad, en cambio, atribuyeron los incidentes a grupos que atacaron deliberadamente a los efectivos y provocaron daños para intentar quebrar el dispositivo de protección del Parlamento.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, remarcó Monteoliva, quien sostuvo que los responsables de las agresiones deberán afrontar las consecuencias judiciales correspondientes.
Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales mediante imágenes de cámaras de seguridad, registros de los operativos, actuaciones policiales y testimonios, diferenciando a quienes participaron de hechos violentos de quienes ejercieron pacíficamente su derecho a manifestarse.
Dependiendo de las conductas que logren acreditarse, los involucrados podrían enfrentar imputaciones por daño, lesiones, resistencia o atentado contra la autoridad, entre otras figuras previstas en el Código Penal. La calificación definitiva corresponderá a los fiscales y jueces intervinientes.
La jornada dejó expuesta una nueva dimensión del conflicto entre el Gobierno y los sectores universitarios, que continúa abierto por la discusión presupuestaria. Mientras las organizaciones académicas mantienen sus reclamos de financiamiento, el Ejecutivo busca trasladar a los tribunales la responsabilidad por los ataques contra las fuerzas de seguridad, en un escenario donde la identificación de los autores materiales de las agresiones será determinante para que las denuncias anunciadas deriven en causas penales concretas.
Fuentes consultadas: TN; Infobae; Ministerio de Seguridad Nacional; antecedentes de la quinta Marcha Federal Universitaria; Código Penal de la Nación.
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