El exsubsecretario de Justicia de Mendoza Marcelo D’Agostino, cercano al gobernador Alfredo Cornejo, obtuvo una nueva credencial de legítimo usuario cinco días después de ser denunciado por presuntos abusos, amenazas y agresiones. Los registros consignan que la habilitación fue emitida antes de las validaciones médicas y de tiro. La querella reclama el expediente completo y pone bajo la lupa al organismo dirigido por Juan Pablo Allan, recientemente sancionado por conducir alcoholizado.
Buenos Aires – 15 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. Una controvertida renovación de una credencial para la tenencia legal de armas de fuego coloca nuevamente bajo cuestionamiento los controles del Registro Nacional de Armas (RENAR), conducido por Juan Pablo Allan, después de conocerse que el exsubsecretario de Justicia de Mendoza Marcelo D’Agostino, denunciado por presuntos hechos de violencia de género y abuso sexual, obtuvo su nueva Credencial de Legítimo Usuario (CLU) mediante un procedimiento cuyos horarios presentan una llamativa contradicción: la autorización figura emitida antes de que fueran registradas las validaciones de aptitud física, psicológica e idoneidad de tiro.
D’Agostino ocupó durante más de una década uno de los cargos más sensibles del gobierno mendocino, desde el cual mantenía una estrecha relación institucional con jueces, fiscales y organismos judiciales. Su salida se produjo en abril de este año, después de que su expareja presentara una denuncia por presuntas agresiones físicas, psicológicas y sexuales, además de amenazas y hostigamientos posteriores a la relación que mantuvieron entre 2021 y 2024.
El exfuncionario, vinculado políticamente con el gobernador Alfredo Cornejo, rechazó las acusaciones y renunció a su cargo. La investigación quedó a cargo de la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, y derivó en una imputación por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil condicional. Las denuncias por delitos sexuales integran la investigación, pero no deben confundirse con los cargos formalmente comunicados al imputado.
La controversia administrativa comenzó después del secuestro de una pistola Bersa Mini Thunder calibre 9 milímetros. Según los antecedentes incorporados a la presentación de la querella, la credencial anterior del exfuncionario se encontraba vencida y fue renovada el 15 de abril de 2026, apenas cinco días después de la denuncia inicial.
El informe atribuido al organismo nacional registra que la nueva CLU fue otorgada a las 10.42, mientras que las validaciones de aptitud física y psíquica aparecen asentadas a las 11.59 y la correspondiente a idoneidad de tiro a las 12.02.
Las primeras dos certificaciones figuran a nombre de Gustavo Daniel Pérez y la tercera corresponde a Adrián Ramón Navarro. La diferencia horaria plantea un interrogante elemental sobre el funcionamiento del sistema: cómo pudo emitirse una autorización antes de que aparecieran completados los controles exigidos para concederla.
El registro de horarios no permite establecer por sí solo si los exámenes fueron realizados después de emitirse la credencial o si existió una demora en su carga informática. Precisamente por ello, la querella exige acceder a los certificados originales, la documentación respaldatoria y las constancias completas del procedimiento.
La abogada María Elena Quintero, representante de la denunciante, solicitó la incorporación del legajo administrativo íntegro. Según la presentación, la Fiscalía efectuó seis requerimientos, fechados el 8 y 21 de mayo, 12 y 18 de junio, 1 de julio y 1 de septiembre, sin lograr incorporar toda la documentación reclamada.
Los dos últimos pedidos contemplaron emplazamientos de 48 horas. Sin embargo, el organismo remitió inicialmente un cuadro de una página que contenía los horarios cuestionados, respuesta que la Fiscalía consideró insuficiente.
El 2 de septiembre, el RENAR solicitó una prórroga con el argumento de que necesitaba localizar el legajo en dependencias de guarda documental situadas fuera de su sede central. Un mes después, según la querella, los antecedentes todavía no figuraban completos en las actuaciones a las que tenía acceso.
Ante esa situación, Quintero reclamó que un ayudante fiscal concurriera personalmente a la delegación mendocina del organismo y obtuviera la documentación, además de solicitar a los profesionales intervinientes las constancias que permitan determinar cuándo y dónde fueron efectivamente realizados los exámenes.
El expediente también presenta otra circunstancia relevante. Una consulta registral del 17 de septiembre de 2026 indicó que D’Agostino mantenía su credencial vigente hasta abril de 2031, sin inhabilitaciones y sin autorización de portación. Tampoco figuraba en la base consultada un pedido de secuestro de arma de fuego.
La situación exige determinar si las autoridades judiciales comunicaron oportunamente al RENAR la existencia del procedimiento y el secuestro del arma, y si el organismo registró correctamente esas comunicaciones.
La Resolución 480/2024 de la Procuración General de Mendoza contempla medidas específicas frente a investigaciones por violencia de género que involucren armas de fuego, incluyendo su secuestro preventivo y las comunicaciones correspondientes a la autoridad nacional de control.
La existencia de una CLU vigente no equivale a una autorización para portar un arma en la vía pública, pero su mantenimiento ante una investigación de estas características vuelve especialmente importantes los mecanismos de intercambio de información entre la Justicia provincial y el registro nacional.
La querella también solicitó esclarecer el origen y las condiciones de utilización de tres cartuchos de punta hueca calibre 9 milímetros secuestrados junto con la pistola, así como establecer si D’Agostino concurría al Tiro Federal de Mendoza y si realizó prácticas mientras su habilitación anterior se encontraba vencida.
El establecimiento es presidido por Rafael Escot, exjuez cuya actuación también fue objeto de cuestionamientos relacionados con presuntas filtraciones de información en la causa. La fiscalía rechazó determinadas medidas vinculadas con la munición al considerar que su tenencia, en las circunstancias examinadas, no configuraría necesariamente un delito, sin perjuicio de las verificaciones administrativas correspondientes.
La sucesión de episodios vuelve a colocar en el centro de la controversia al director del RENAR, Juan Pablo Allan, dirigente vinculado con Patricia Bullrich, exsenador bonaerense y concejal de La Libertad Avanza en La Plata.
Allan protagonizó recientemente un episodio que expuso sus propios problemas de cumplimiento de normas de seguridad. El 29 de septiembre, durante un control vial en Pinamar, registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la prohibición absoluta de conducir después de consumir alcohol.
El funcionario, que anteriormente había votado a favor de la legislación de Alcohol Cero, abandonó el operativo antes de concluir las actuaciones, según informaron las autoridades provinciales. Posteriormente, la Justicia de Dolores dispuso su inhabilitación para conducir durante tres meses.
La contradicción institucional resulta particularmente visible porque Allan dirige un organismo encargado de evaluar antecedentes, condiciones de aptitud, idoneidad y factores de riesgo de ciudadanos que solicitan autorizaciones vinculadas con armas de fuego. Siendo senador fue uno de los que aprobo “tolerancia cero” de alcohol en Buenos Aires.
A ello se agregan cuestionamientos por solicitudes de portación de armas de directores de agencias de seguridad privada y periodistas que denunciaron encontrarse amenazados, casos en los que se atribuyen a la gestión de Allan decisiones denegatorias. Los antecedentes individuales de esos trámites deben examinarse para establecer los fundamentos utilizados y determinar si se aplicaron criterios uniformes respecto de los riesgos alegados por los solicitantes.
La normativa vigente establece que la portación constituye una autorización distinta de la tenencia y exige una evaluación específica. Su denegación puede estar legalmente fundada, pero las decisiones deben responder a criterios técnicos verificables y no a consideraciones arbitrarias.
El caso D’Agostino vuelve especialmente necesario conocer la trazabilidad informática de la renovación investigada, las firmas de los responsables de cada validación y las comunicaciones intercambiadas entre Mendoza y la autoridad nacional.
El organismo que actualmente conduce Allan avanzó durante 2026 en la digitalización y simplificación de distintos trámites, incluida la transferencia de armas entre legítimos usuarios. Esa modernización administrativa debería permitir reconstruir con exactitud cada intervención, su responsable y el momento en que se produjo, una capacidad que adquiere particular importancia cuando una credencial aparece emitida antes de la registración de requisitos indispensables.
La investigación judicial deberá establecer si las inconsistencias responden a errores informáticos, deficiencias de procedimiento o incumplimientos de obligaciones administrativas. La demora denunciada en la entrega del legajo agrega una cuestión institucional adicional: la posibilidad efectiva de que los organismos de control y la Justicia accedan sin obstáculos a la documentación necesaria para fiscalizar autorizaciones relacionadas directamente con la seguridad pública.
Fuentes consultadas: Antecedentes judiciales de la causa P-38.345/26 aportados a la investigación; presentaciones atribuidas a la querella de María Elena Quintero; Registro Nacional de Armas; Resolución 480/2024 de la Procuración General de Mendoza; Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires; Boletín Oficial de la República Argentina; Sitio Andino; Diario UNO; Total News Agency, antecedentes del 29 de septiembre de 2026.
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