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El Banco Central avanza en su intento de conocer más a fondo y eventualmente regular la industria de criptomonedas en el país. El organismo que preside Miguel Pesce reiteró un pedido que ya había hecho a las cámaras bancarias y fintech y les solicitó que aporten información sobre las distintas plataformas que operaron con criptoactivos en los últimos doce meses.
Según pudo saber Clarín, el BCRA le dio plazo a los bancos hasta el viernes próximo para reportar sobre sus clientes que “administran, gestionan, controlan y/o procesan movimientos de activos y/o pagos a través de plataformas de gestión electrónica, empleando criptoactivos”. También sobre aquellos que: “presten servicios de resguardo o control de los criptoactivos; crearon granjas de minado de criptoactivos y/o hayan implementado plataformas de inversión y/o financiamiento basadas en ellos”.
Es decir, el pedido de información no apunta a las personas físicas que operan con criptos, sino a los clientes empresas de las entidades que se desenvuelven en este mercado tan volátil. “No pide información del cliente sino de la entidad que le da servicios”, aclararon en la autoridad monetaria. Inicialmente el Banco Central había hablado de “clientes bancarios” en un pedido de información realizado a principio de mes y eso había generado confusión en las entidades, ya que lo habían entendido como un requerimiento de información sobre sus ahorristas. Ahora, el Central remarcó que lo que solicita es datos sobre aquellas empresas que operan con las cripto, no sobre quienes las tienen en su cartera.
El requerimiento oficial llega en un momento de pleno auge de las inversiones en criptomonedas en el país, tras la fuerte escalada del precio de los últimos meses. También, en días de incertidumbre sobre la sustentabilidad de esta inversión, luego de que el Bitcoin, la divisa digital más famosa, perfore el piso de los US$ 50.000 y cierre su peor semana en dos meses.
En el sector la noticia es leída como un primer paso para una regulación del segmento, algo que ya ocurrió en otras latitudes. La circular enviada por el BCRA destaca que: “el diseño, desarrollo y difusión de productos y servicios financieros basados en tecnologías de validación descentralizada, que utilizan técnicas de encriptación para brindar seguridad y que dependen de mecanismos de generación de consenso sin una contraparte central, constituyen procesos cuyo análisis y comprensión resultan particularmente relevantes”.
La industria cripto es tan novedosa en el país que, para evitar confusiones, en su comunicación el Central incluyó una definición de criptoactivos. Como no hay un consenso global de toda representación digital o virtual de valor, basada en tecnologías de encriptación, que puede ser digitalmente negociada o transferida, siendo susceptible de ser utilizada como instrumento de pago o con propósitos de inversión”, detalló la misiva.
El BCRA hace referencia entonces a activos digitales que estén basados en la tecnología blockchain. Es decir, una base de datos cifrada, que permite el envío de información, no únicamente de transacciones económicas, de manera inalterable y descentralizada. Si bien el bitcoin es la moneda que utiliza esta tecnología más famosa, está lejos de ser la única: en el mundo se calculan que existen más de 8.000 tipos de criptomonedas.
Respecto del impacto de esta medida, la postura de quienes tienen empresas que ofrecen estas divisas digitales está divida. “En los fines prácticos, solo representaría una mayor burocracia”, dijo un empresario del sector a este diario. “Si el temor es el origen de los fondos, todo lo que hacemos está bancarizado y tiene factura. Las operaciones se hacen por banco y son totalmente transparentes”, remarcó.
Algunas empresas incluso entienden que una mayor regulación oficial “daría margen para hacer más y mejores negocios”. En el otro extremo, hay jugadores que temen que estos registros sean el primer paso para un mayor control de las actividades de los ahorristas, que encuentran en las monedas digitales una forma de escapar del peso, lo que a fin de cuentas podría desincentivar el desarrollo del segmento.
“En una industria que recién empieza, una intervención estatal precoz puede matar la innovación de estos emprendimientos”, se quejaron.
Fuente Clarin
