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Por Claudio Savoia
Un día después de que el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade lo acusara en el Congreso de haberse enriquecido de manera ilícita, el procurador general de la Nación Eduardo Casal se autodenunció ante la justicia para ser investigado por ese supuesto delito. El jefe de los fiscales está sometido a un intenso ataque por parte del oficialismo, que codicia su puesto.
Según fuentes judiciales, Casal no habría tolerado que Tailhade cruzara la línea de las críticas políticas para atribuirle hechos de corrupción, cuando en la reunión de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento del Ministerio Público de la Nación indicó que, observando las declaraciones juradas de bienes del procurador, había descubierto lo que calificó como un “escandaloso incremento patrimonial”.
Tahilade dijo que “a fines de 2016 tenía tres propiedades y hoy tiene once” y que en ese lapso cuadruplicó sus tenencias en dinero en efectivo. Si bien el diputado reconoció que “esas ocho propiedades que sumó como procurador interino están justificadas, aparentemente, de herencia” indicó que profundizaría su “investigación” pues le resultaban llamativas esas diferencias.
A Casal tampoco le habría gustado la “sobrada adjetivación” del diputado K respecto de las acciones que posee en el Standard Chartered Bank, al que refirió como “uno de los canales habituales de fuga de divisas de nuestro país. No quiero pensar que el procurador interino tenga una cuenta afuera“, chicaneó el legislador.
En su denuncia, el procurador recordó que Tailhade accedió al contenido de sus declaraciones juradas porque fueron presentadas en tiempo y forma, pues es su “deber como funcionario público de dar cuenta de mis actos a la sociedad”.
“Más allá de lo infundado de las imputaciones y de las finalidades que en este contexto puedan tener, me presento a efectos de que se designe el juzgado que habrá de intervenir en la investigación de mi patrimonio a efectos de aclarar los extremos puestos de manifiesto por el diputado”, habría pedido el procurador.
Casal también advirtió sobre la “situación de peligro” en la que habría quedado tras la exposición pública de la cantidad de dinero en efectivo que posee, acompañada de la expresión de que era posible que tuviera esa suma “en el colchón”.
Finalmente, recordó que el uso indebido de las declaraciones juradas se encuentra reñido con la Ley de Ética en la Función Pública, y ofreció a la justicia toda la documentación respaldatoria de sus bienes y el origen de los mismos, incluido el expediente de la sucesión de sus padres, radicado en la justicia civil de San Isidro.
El manto de sospechas que el diputado Tailhade echó este jueves sobre el procurador general no es más que el último episodio de una escalada en su contra, iniciada con el proyecto de reforma de la ley del ministerio público -que entre otros recortes a la autonomía de los fiscales elimina la exigencia de designar al procurador con los dos tercios de los votos del Senado- y continuada con los sucesivos ataques verbales del ministro de justicia, Martín Soria.
Fuente Clarin
