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Por Bernardo Vázquez
Dos viernes atrás, en una conferencia de prensa que dio en el Ministerio de Educación porteño, en el Barrio 31, Horacio Rodríguez Larreta mostraba la convicción de quien sabe que algo bueno está por venir y, cuando se descontaba que el lunes siguiente no iba a haber clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, aseguraba públicamente que iba a hacer “todo lo posible” para que ese día los alumnos siguieran en las aulas.
Un fin de semana extremadamente movido le siguió a ese viernes, con la Justicia porteña sacando un fallo favorable a esas pretensiones del jefe de Gobierno y el propio Rodríguez Larreta confirmando en una nueva rueda de prensa, el domingo por la noche, que sí, ese lunes 19 de abril, las escuelas iban a estar abiertas.
El último viernes de abril tuvo bastante de parecido a aquél de hace dos semanas. Rodeado por buena parte de su gabinete, Rodríguez Larreta confirmó nuevas restricciones acordadas con el Gobierno nacional hasta el 21 de mayo. Pero no movió un centímetro la postura de la Ciudad sobre la presencialidad, garantizada 100% para todos los chicos de jardines maternales, educación inicial, primaria y educación especial.
La decisión de implementar un sistema de escolaridad bimodal para los alumnos de la secundaria, aseguran en la sede de Uspallata, no tuvo que ver con un gesto para acercar posturas con Nación, sino con un convencimiento de que los alumnos de mayor edad están mucho más preparados que los menores para adecuarse a ese plan.
Como hace dos semanas, en la Ciudad esperan un respaldo de la Justicia, aunque esta vez de la Corte Suprema, el máximo tribunal. El dictamen favorable que firmó del procurador Eduardo Casal, quien consideró que el DNU del Gobierno para suspender las clases presenciales en Ciudad es inconstitucional, representa un respaldo que, más allá de no ser vinculante para la Corte, sirve como antecedente favorable a los intereses porteños.
Larreta repitió varias veces durante su discurso la palabra “autonomía”. Fuentes porteñas la consideran central con vistas a la decisión que tome la Corte. Entienden que, aun en un contexto de pandemia, Nación no tiene atribuciones constitucionales para decidir sobre el tema clases en la Ciudad.
En esa línea, consideran que la Corte va a avalar la independencia de la Ciudad para sostener las clases presenciales. Y mientras Larreta asegura que su decisión “se basa en datos”, internamente en la Ciudad manejan un “dato” que los alienta: que el fallo está casi sellado y que hay una mayoría de tres jueces que respaldan la postura de la administración porteña.
Sorprende, no obstante, que la decisión formal se dilate en el tiempo. Más de un funcionario que caminó por Uspallata estaba expectante de que todavía pudiera surgir una resolución de última hora, ya sea durante el viernes o incluso en el fin de semana, aunque lo más viable, creen, es que el acuerdo de jueces se convoque para el lunes o martes próximo.
El alto nivel de tensión entre Nación y Ciudad de las últimas semanas ha llevado a casi todo el gabinete porteño a trabajar casi sin descanso. Sucede que además del conflicto por la vuelta a clases, en estos días se llevó adelante en la Corte la audiencia entre ambas partes por la quita de coparticipación, y se abrieron otros frentes de disputa: la Justicia porteña declaró inconstitucionales, en días consecutivos, la ley que permitía la venta de terrenos de Costa Salguero para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, y el impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito que aplicó el gobierno de Larreta como respuesta a la pérdida de recursos por los fondos que resignó debido a la poda de recursos.
“La política metió la cola”, aseguran sobre esos reveses al gobierno porteño, originados a raíz de denuncias de legisladores del Frente de Todos. Y se quejan sobre cierto lobby judicial: “No puede normalizarse que si te sacan un fallo en contra te enojes y vayas y presiones por otros a favor”.
Aun en ese contexto, desde la Ciudad resaltan que se ha restablecido cierta capacidad de diálogo con Nación y la provincia de Buenos Aires, lejos de los tiempos de “amistad política” del principio de la cuarentena, pero más amenos que en el último mes.
Sigue sorprendiendo, sin embargo, que en cada una de esas reuniones se lleguen a ciertos acuerdos que después, en los hechos, no se acreditan. Recuerdan en ese sentido declaraciones favorables de ministros como Nicolás Trotta, de Educación, o Carla Vizzotti, de Salud, respecto a los beneficios de la presencialidad, que fueron desactivadas horas después por los anuncios presidenciales del miércoles 14 de abril. “Entrás a una reunión, te dicen una cosa y después pasa otra. Sentís que no depende de ellos lo que se habla”, confiesa una fuente de acceso estrecho a las negociaciones entre ambas administraciones.
Más allá de la continuidad de todo canal de diálogo abierto, que desde Ciudad seguirán promoviendo, la postura de Rodríguez Larreta y su equipo respecto a la presencialidad de los alumnos no tendrá cambios. “La única decisión que puede sacar a los alumnos de las aulas es la que tome la Corte, en caso de ser adversa”, aseguran, aunque no quieren ni evaluar ese escenario y confían en un aval al reclamo desde el máximo tribunal.
Fuente Clarin
