La pelea por las tarifas es una pelea por los subsidios. Y la pelea por los subsidios es una pelea por el déficit fiscal, por la parte de ese déficit que se financia con emisión monetaria y, finalmente, por la capacidad del Gobierno para bajar o no la inflación.
Pese al año electoral, el ministro Martín Guzmán quiere aumentar “lo más posible” las tarifas, como para que los subsidios que paga el Estado -con los impuestos que pagan los ciudadanos- no crezcan en términos reales ni en proporción al PBI.
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Costo de generación eléctrica pagado por la demanda
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Fuente: INVECQ EN BASE A CAMMESA
Infografía: Clarín
En sentido contrario, pero también por el año electoral, los funcionarios que se referencian en el Instituto Patria, o La Cámpora, o en Cristina y Máximo Kirchner, dicen que los aumentos deben ser mucho menores que los que pretende Guzmán. Ofrecen, si fuera posible, recortar gasto en otras áreas pero no en los subsidios que ayudan a pagar las tarifas.
Ambos bandos coinciden en que las tarifas deben seguir siendo subsidiadas. La diferencia es el tamaño de los subsidios. Apoyados en en ese criterio demuelen la política tarifaria que buscó impulsar el gobierno de Cambiemos. Pero se cuidan de no hablar de un punto central de la política de tarifas congeladas y subsidiadas: es una política que favorece más a los hogares de mayores ingresos que a los más pobres.
A esa conclusión llegaron años atrás economistas del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS). El estudio, liderado por los economistas Leandro Salinardi y Jorge Puig, concluyó en que durante los gobiernos de CFK que fueron de 2007 a 2015 los hogares de los cinco deciles más ricos recibieron para luz y gas subsidios por un monto que resultó 249% más alto al que recibieron los hogares de los cinco deciles de menores ingresos.
La conclusión del trabajo académico es categórica: “La mayoría de los subsidios analizados son pro-ricos (es decir se concentran en términos absolutos en los deciles de más altos ingresos) y progresivos (como proporción de su ingreso, los estratos más bajos reciben relativamente más). Si bien es deseable la progresividad, no es deseable que sean pro-ricos. El hecho de que la mayoría de los subsidios caigan en manos de los sectores más pudientes de la población sugiere que existen espacios para una mejor focalización de estas políticas.
Últimamente, funcionarios del presidente Alberto Fernández, y el propio Presidente, admitieron la necesidad de segmentar o focalizar los subsidios para otorgárselos a quienes realmente los necesiten. Un complemento de la tarifa social. Pero llama la atención que después de tantos años analizando el tema no se haya podido diseñar un esquema viable.
Para el caso de la energía eléctrica, el peso de los subsidios marca esta trayectoria en los últimos 15 años: En 2006 los usuarios pagaban el 54% del costo de generación y el 46% se saldaba con subsidios. En 2007 el usuario pagaba solo el 38%; en 2008 la parte del usuario llegaba al 28%. El punto más bajo fue 2015: de cada 100 pesos, el usuario pagaba $15 y el fisco $85.
A partir de 2016 (gobierno de Mauricio Macri) los usuarios empezaron a pagar más: 30% de la tarifa eléctrica en 2016, 49% en 2017, 53% en 2018 y 64% en 2019. El congelamiento tarifario en el contexto de pandemia y cuarentena bajó la carga de los usuarios al 54% en 2020 y se calcula que bajaría al 39% este año, dependiendo de la magnitud del ajuste que finalmente defina aplicar el Gobierno.
Entre 2013 y 2015 los subsidios energéticos se comieron entre 3 y 3,5 puntos del PBI. El Gobierno anterior los dejó en 1,4 puntos en 2019.
La reducción de los subsidios entre 2016 y 2019 es, obviamente, la contracara de los fuertes aumentos que se aplicaron sobre todo durante los tres primeros años de gestión del gobierno de Macri. La sociedad no los terminó de digerir y, en parte, se lo hicieron saber en las presidenciales.
Fuente Clarin
